El exconsejero de Seguridad Nacional de Trump John Bolton, imputado por su gestión de información clasificada

El antiguo asesor de política exterior de Donald Trump John Bolton, uno de los críticos más visibles del presidente estadounidense, ha quedado imputado este jueves por supuestos delitos relacionados con su gestión de documentos clasificados. Es el tercer enemigo del republicano contra el que se presentan cargos en tres semanas, desde que el mandatario ordenó en redes sociales a su fiscal general, Pam Bondi, forzar las imputaciones de quienes él piensa que le han perjudicado en su carrera política. En un comunicado, Bolton ha asegurado que está “deseoso de defender (su) lícita conducta ” y denuncia que es el nuevo objetivo de “un uso del Departamento de Justicia como arma” política.

Un gran jurado ha imputado al antiguo en la localidad de Greenville, en Maryland, el Estado donde reside Bolton, por 18 cargos: diez de retención de informaciones relacionadas con la seguridad nacional y ocho de transmisión de esas informaciones. Documentos judiciales publicados el mes pasado ya habían revelado que Bolton se encontraba bajo investigación por posible manejo indebido de documentos clasificados. Estas acusaciones se relacionan con una serie de notas que Bolton escribió diariamente sobre sus actividades en la Administración Trump, primero en hojas tipo Post-It y que luego pasaba a limpio bien en documentos en formato word, o bien en mensajes de correo electrónico en una cuenta de un servidor comercial. Esas notas se enviaban a dos personas que el pliego de cargos no nombra, pero que la cadena CNN precisa que son su esposa y su hija. El material acumulado de esta forma supera el millar de páginas, según los fiscales.

Los abogados del antiguo consejero de Seguridad Nacional sostienen que su defendido no ha cometido ningún delito y que la imputación alude a los diarios personales, no clasificados, que Bolton compartió con su esposa y su hija.

Entre los materiales de los que se acusa a Bolton de haber manejado indebidamente se encuentran, según consta en los pliegos del caso, documentos que incluyen fuentes confidenciales, incluidos agentes sobre el terreno. También, datos de inteligencia recopilados sobre líderes extranjeros y material que aborda planes de ataques extranjeros. Al menos un documento incluía datos sobre los planes de un enemigo para atacar a militares estadounidenses en otro país. Y dos detallaban acciones encubiertas acometidas por Estados Unidos.

En una reacción inmediata desde el Despacho Oval, donde participaba en un acto, Trump se ha limitado a calificar a su antiguo asesor como “una mala persona”, sin valorar los cargos que se le imputan. Tras su primer mandato, el presidente también quedó imputado por tenencia indebida de documentos clasificados, aunque el caso nunca llegó a los tribunales: el fiscal especial Jack Smith lo canceló después de que el republicano ganara de nuevo las elecciones en noviembre del año pasado.

En un comunicado, Kash Patel el director de la Agencia Federal de Investigaciones (FBI), que ha desarrollado la investigación, asegura que su pesquisa “reveló que John Bolton transmitió supuestamente información de alto secreto utilizando cuentas personales en internet y retuvo esos documentos en su casa, en directa violación de la ley federal”. Patel niega que se trate de un caso de politización de la Justicia: “El caso se ha basado en un trabajo meticuloso desarrollado por profesionales dedicados en el FBI que se atuvieron a los hechos. El uso de la Justicia como arma no se tolerará, y este FBI no se detendrá para llevar a los tribunales a cualquiera que amenace nuestra seguridad nacional”.

Como parte de la investigación contra Bolton, el FBI había registrado a finales de agosto la vivienda en Bethesda (Maryland) y la oficina en Washington del antiguo consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, reconvertido en comentarista y uno de los críticos más ubicuos del presidente estadounidense en los medios de comunicación.

Bolton, una de las caras más reconocibles del equipo de gobierno del primer Trump, fue embajador ante la ONU durante el mandato de George W. Bush (2001-2009) antes de convertirse en el tercer consejero de Seguridad Nacional del actual presidente en su primera legislatura. Este neoconservador, halcón muy halcón en política exterior, ocupó el cargo en la Casa Blanca trumpista durante 17 meses. En esa etapa chocó con frecuencia con el presidente sobre cómo proceder en todo un abanico de asuntos geopolíticos. Desde Corea del Norte, con cuyo líder, el autócrata Kim Jong-un, Trump quería reunirse —lo hizo tres veces—, a Afganistán e Irak.

El entonces asesor publicó tras su dimisión en 2019 un libro de memorias, The Room Where It Happened (La habitación donde ocurrió), sobre su etapa en el Ala Oeste de la Casa Blanca. La oficina presidencial trató, sin éxito, de impedir que el volumen llegara a imprenta, asegurando que contenía material clasificado.

Desde su regreso al poder, Trump ha dado toda una serie de pasos contra aquellos que considera que le han perjudicado como presidente en su primer mandato o como candidato para el segundo. En septiembre, tras su extraordinario mensaje a su secretaria de Justicia, Pam Bondi, quedaba imputado el exdirector del FBI James Comey, al que el presidente responsabiliza de la investigación sobre los contactos entre representantes rusos y su campaña en las elecciones de 2016. Comey ha quedado acusado de obstrucción a la justicia y mentir al Congreso.

La semana pasada quedaba imputada por supuesto fraude hipotecario la fiscal de Nueva York Letitia James, que le abrió una causa civil por fraude en su empresa familiar. Un juez de Manhattan condenó al presidente y a su familia a pagar 454 millones de dólares en concepto de multa, en un fallo que limitó la capacidad de la Organización Trump para obtener préstamos y bloqueó que los hijos mayores del republicano, Eric y Donald Junior, pudieran administrar el negocio familiar durante dos años. Pero en agosto un tribunal de apelaciones tumbó esa decisión judicial.

El mismo día de su investidura para iniciar su segundo mandato, el pasado 20 de enero, Trump firmó una orden para retirar las credenciales de seguridad a cerca de 50 antiguos altos cargos de su Administración, incluido Bolton. El presidente también ordenó quitar la escolta a su exconsejero, que ha recibido amenazas de muerte desde Irán.