La larga lista de enemigos que Trump quiere ver entre rejas

Donald Trump regresó este enero a la Casa Blanca con una promesa: vengarse de sus enemigos políticos. La imputación esta semana del exdirector de la Agencia Federal de Investigaciones (FBI) James Comey, acusado de dos cargos de perjurio y obstrucción de la justicia en una declaración ante el Congreso, ha dejado claro hasta qué punto el presidente de Estados Unidos está dispuesto a recurrir al Departamento de Justicia como arma de represalia contra las personas que considera que le han perjudicado en su carrera política.

Comey es, quizá, el enemigo que afronta la ira del presidente desde hace más tiempo, desde 2017, el año en que el republicano llegó a la Casa Blanca por primera vez. A ojos del antiguo promotor inmobiliario, cometió dos pecados capitales: fue quien decidió que el FBI no presentaría cargos contra su rival demócrata Hillary Clinton en el escándalo sobre su uso de un servidor privado para enviar correos oficiales. Y anunció la apertura de una investigación sobre los presuntos vínculos entre agentes rusos y la campaña presidencial de Trump en 2016. Fue cesado casi ipso facto. Pero su salida del cargo desencadenó que otro exdirector del FBI, Robert Mueller, encabezara una pesquisa que con el tiempo sacó a la luz numerosos contactos entre representantes del Gobierno ruso miembros de la campaña de Trump.

Los servicios de inteligencia estadounidenses determinaron que Rusia intentó influir en las elecciones de 2016, en las que Trump derrotó a Clinton. La investigación de Mueller concluyó que no había pruebas de que esos contactos equivalieran a una conspiración ilícita. Pero desencadenó, a su vez, un intento de juicio político contra el republicano, que siempre ha negado airadamente ningún tipo de relación indebida con Rusia.

Tras la imputación de Comey, el presidente estadounidense ha avisado de que puede “haber otros” casos de imputaciones entre sus enemigos. Y parece claro que quienes participaron de alguna manera en esas investigaciones, o tuvieron alguna relación con ellas, están en el punto de mira de Trump, incluidos los funcionarios del Departamento de Justicia que participaron en esas pesquisas, despedidos sumariamente.

Pero no es el único motivo. El presidente también ha tomado medidas de represalia, o ha amenazado con tomarlas, hacia muchos otros oponentes, desde miembros de la oposición demócrata como la excandidata presidencial Kamala Harris —a quien ha retirado la escolta— a antiguos colaboradores republicanos de pura cepa, como su exconsejero de Seguridad Nacional John Bolton. Y cargos independientes, como la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook.

Trump asegura que “no hay una lista”. Pero estas son algunas de las personalidades sobre las que pende una investigación del Departamento de Justicia que podría acabar en imputaciones.

JAMES COMEY. Ha sido un objetivo de Trump desde 2017 y un crítico recalcitrante del presidente, al que considera “moralmente incapacitado” para ocupar la presidencia. En marzo de 2017 confirmó que el FBI intentaba determinar si hubo alguna coordinación entre la campaña de Trump y Moscú; dos meses después fue cesado. La Casa Blanca negó que el despido tuviera nada que ver con la investigación. Pero en junio, el alto cargo despedido contó al Senado que el presidente le había presionado para que pusiera fin al escrutinio de su ex consejero de Seguridad Nacional Michael Flynn, dimitido al poco de la investidura por haber mantenido contactos con Rusia. También reveló entonces que había compartido un memorándum en el que explicaba que Trump le había exigido lealtad, con la esperanza de que la revelación sirviera para abrir una investigación especial.

En 2019, el inspector general del Departamento de Justicia determinó en un informe que Comey no había “protegido información sensible”, pero no encontró pruebas de que hubiera filtrado información clasificada. El 30 de septiembre de 2020, en una comparecencia ante el Senado, el ex alto cargo reiteró que mantenía sus declaraciones anteriores para negar que hubiera filtrado información sensible. Ese testimonio es ahora la clave de su imputación: el pliego de cargos aprobado por un gran jurado le acusa de haber mentido en él, a sabiendas de que sí había filtrado información.

A comienzos de este año, funcionarios de la Administración Trump arremetieron contra el antiguo jefe del FBI por compartir en Instagram una imagen de unas conchas colocadas en una playa, de modo que compusieran los números 8647. El 47 es el número que ocupa Trump en la secuencia histórica de presidentes estadounidenses, y 86 puede interpretarse como una incitación en clave al asesinato. Comey ha replicado que pensaba que solo se trataba de una crítica política y desconocía el significado exacto del mensaje compartido.

ADAM SCHIFF. El senador por California es una de las grandes bestias negras del presidente. Fue el legislador que dirigió la investigación del Congreso en el primer intento de juicio político contra el presidente por la supuesta injerencia rusa. Y, después, uno de los miembros de la comisión parlamentaria que investigó el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 perpetrado por una masa de simpatizantes de Trump que quería impedir que se confirmase la victoria electoral de Joe Biden.

Su nombre, junto al de Comey y la fiscal federal de Nueva York Laetitia James, es uno de los tres incluidos en el mensaje que Trump dirigió a la secretaria de Justicia, Pam Bondi, hace una semana para que forzara “ya” la presentación de cargos contra ellos.

El presidente estadounidense le ha acusado de fraude por poseer sendas viviendas en los Estados de California y Maryland, en un indicio de que, de llegar una acusación, podría ser sobre presunto fraude hipotecario, una de las herramientas por las que parece inclinarse esta Administración para presionar a sus adversarios.

LAETITIA JAMES. La fiscal federal de Nueva York es la tercera persona nombrada en el mensaje a Bondi. James llevó a juicio al republicano y a su empresa, la Trump Organization, por fraude. En esa causa civil, un juez de Manhattan condenó al presidente y a su familia a pagar 454 millones de dólares en concepto de multa, en un fallo que limitó la capacidad de la Organización Trump para obtener préstamos y bloqueó que los hijos mayores del republicano, Eric y Donald Junior, pudieran administrar el negocio familiar durante dos años. Pero el mes pasado, un tribunal de apelaciones tumbó esa decisión judicial.

En agosto, el Departamento de Justicia abrió una investigación a James para determinar si violó los derechos civiles del presidente en aquel caso.

JOHN BOLTON. Medios estadounidenses apuntan que el antiguo consejero de Seguridad Nacional, que dejó la Casa Blanca tras un año y medio en el cargo en el primer mandato de Trump entre fuertes desacuerdos con su jefe, puede ser el próximo enemigo imputado. Un crítico frecuente de Trump y sus estrategias, sobre todo en política exterior, a comienzos de este año vio cómo el presidente le retiraba la escolta que le protegía, pese a que el antiguo embajador ante la ONU está amenazado de muerte por Irán.

Los agentes del FBI practicaron en agosto pasado un registro de su vivienda y de sus oficinas en el centro de Washington, mientras Trump lanzaba una nueva andanada de insultos contra su antiguo colaborador. Ahora, el Departamento de Justicia prepara cargos contra él por tenencia de documentos clasificados, descubiertos a raíz del registro, según la cadena CNN.

JOHN BRENNAN. El exdirector de la CIA también está en el punto de mira de Trump tras la investigación de la Agencia Central de Inteligencia sobre la trama rusa. Este jueves, en declaraciones a Fox News Digital, el republicano indicó la posibilidad de que se abra una investigación contra él. “Tendremos que ver qué ocurre. Depende del Departamento de Justicia, pero le digo que es un grupo de gente que fue muy decepcionante”, declaró. “Esto hace que el Watergate parezca una chiquillada”.

GEORGE SOROS. El multimillonario, filántropo y generoso donante demócrata ha incurrido en la ira del presidente por su financiación de causas progresistas a través de su fundación, Open Democracy Foundation. Los fiscales federales han recibido una directriz, según han publicado medios como The New York Times o la cadena de televisión ABC News, para que se preparen a abrir pesquisas sobre las operaciones de Open Society que puedan llevar a la presentación de cargos como el apoyo material al terrorismo o el chantaje.

LISA COOK. La gobernadora de la Reserva Federal batalla en el Tribunal Supremo por mantener su puesto después de que Trump anunciara su cese por “causa justificada”. El presidente la acusa, sin haber presentado pruebas en público, de haber cometido fraude hipotecario, después de que uno de sus asesores, el responsable de la agencia federal de financiación inmobiliaria, Brian Pulte, la acusara de haber declarado como vivienda habitual dos propiedades distintas.

El Departamento de Justicia ha abierto una investigación sobre esas denuncias, mientras la antigua académica alega que con su cese Trump quiere hacerse con el control del banco central, cuya independencia es clave para la buena marcha de la economía estadounidense. Un tribunal de apelaciones determinó que Cook podía mantenerse en su puesto mientras se solventaba el caso, pendiente ahora de que sean los nueve magistrados de la máxima instancia judicial estadounidense los que decidan.

JACK SMITH. El fiscal especial que investigó a Donald Trump por su posible papel en el asalto al Capitolio aquel 6 de enero de 2021 y por tenencia de documentación clasificada en su residencia privada en Florida también se encuentra bajo escrutinio. En agosto, la Oficina de Investigaciones Especiales, una entidad dependiente del representante de Comercio Exterior, Jamieson Greer, informó de que va a examinar si Smith ha violado la conocida como Ley Hatch, que prohíbe que los funcionarios federales lleven a cabo actividades políticas.

Los dos casos que investigó Smith acabaron siendo desestimados tras el triunfo electoral de Trump en noviembre pasado. Smith presentó su dimisión en enero, tras haber renunciado a continuar los casos, puesto que el Departamento de Justicia no actúa contra los jefes de Estado en ejercicio. Pero al retirar los cargos expresó su convicción de que las pruebas que había acumulado contra el republicano eran sólidas y los casos, válidos.