La UE reforma los acuerdos comercial y pesquero con Marruecos para intentar cumplir con la justicia europea

La UE y Marruecos van a intentar otra vez que sus acuerdos comercial y pesquero cumplan con la ley europea. Los países europeos han llegado a un pacto para reformarlos y cumplir así con las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que ya ha tumbado más de una vez estos textos por no tener en cuenta que el Sáhara Occidental “no forma parte del Reino de Marruecos” y por no contar con “el consentimiento” de este territorio para vender sus productos como si fueran marroquíes. Ese territorio es una antigua colonia española tomada por Marruecos en 1975 y pendiente todavía de una solución en el marco de la ONU. El último fallo daba a Rabat y Bruselas un año para arreglar la situación y ese plazo acaba el próximo sábado 4 de octubre.

La última sentencia del TJUE apuntaba que en la reforma anterior había una carencia insalvable: no podía considerarse que el Sáhara Occidental hubiera dado su consentimiento al pacto. No obstante, el fallo de la última instancia judicial europea dejaba una puerta abierta para cumplir con la legalidad: el consentimiento puede ser implícito y no solo explícito como habían indicado los jueces del Tribunal General de la UE en primera instancia. Además, señala el “acuerdo debe prever que el pueblo [saharaui obtenga una ventaja precisa, concreta, sustancial y verificable derivada de la explotación de los recursos naturales de ese territorio”.

Y es en estos puntos en los que las negociaciones mantenidas entre el 10 y el 15 de septiembre, al menos, en su fase formal, han buscado dar con una solución. Esta pasaría porque los productos procedentes del Sáhara Occidental que lleguen a la UE cuenten con un etiquetado claro que especifique el origen concreto y los distinga de los que llegan de Marruecos. También se contempla “intercambiar información al menos una vez al año a través del Comité de Asociación”, el órgano que sigue la aplicación del acuerdo, para evaluar cómo llega a la población saharaui los supuestos beneficios de esta relación comercial y pesquera. No obstante, para ver cómo se desarrolla este ejercicio de evaluación tienen que fijarse “dos meses de la entrada en vigor del presente acuerdo”, según explica el texto acordado recientemente.

Para lanzar la ratificación de esta reforma del acuerdo, este miércoles los embajadores de la UE han puesto en marcha un procedimiento de aprobación por escrito que debe finalizar rápido en los próximos días. La rapidez llega porque Bruselas y Rabat deben notificarse esta modificación antes de que concluya ese plazo de un año que fijó el TJUE el próximo 4 de octubre. “La Comisión la semana pasada adoptó una propuesta para una decisión del Consejo sobre un nuevo acuerdo internacional con Marruecos en la forma de un intercambio de cartas”, ha declarado esta semana el portavoz de Comercio de la Comisión, Olof Gill.

A pesar de esta rapidez, si todo va según lo previsto, el próximo 4 de octubre, la modificación del acuerdo solo entrará en vigor provisionalmente. Para que se aplicación sea definitiva, también debe contar con el visto bueno del Parlamento Europeo y eso todavía tardará.

Este movimiento ya ha levantado la oposición contundente del Frente Polisario, la organización saharaui a la que la última sentencia del TJUE le reconoció “la legitimidad, como interlocutor con Naciones Unidas, para impugnas los acuerdos”. Este martes ha exigido que se le reconozca como “interlocutor exclusivo en la materia”, en declaraciones recogidas por agencias del representante del Polisario en España, Abdulah Arabi. En su opinión, si eso no es así, la UE “menoscabaría de manera directa la soberanía del pueblo saharaui sobre su territorio nacional y sus recursos” y el pacto “está condenado a la anulación”.

La rapidez y discreción con la que se ha llevado la reforma del acuerdo UE-Marruecos ha levantado suspicacias en España, donde la opinión pública está muy atenta a todo lo relacionado con la antigua colonia española del Sáhara Occidental. Este miércoles han sido las organizaciones agrarias Asaja, COAG y la Unión de Uniones quienes han hablado en Madrid de “falta de transparencia”.

En los días previos, las críticas han llegado desde el Parlamento Europeo. La eurodiputada Isa Serra, de Podemos, ha presentado varias preguntas parlamentarias a la Comisión Europea, entre ellas una preguntando por qué había elegido la vía de la aplicación provisional del pacto sin contar con el visto bueno de la Eurocámara. En el Congreso de los Diputados también ha habido críticas. En este caso, ha sido la diputada de Sumar Tesh Sidi, que ha achacado a España liderar el acuerdo reciente pese a la sentencia de 2024.