Orbán reforma la Constitución para prohibir la marcha del Orgullo LGTBI con un texto que sitúa al hombre por delante de la mujer

El ultraconservador Viktor Orbán cimienta las bases del Estado iliberal cristiano en Hungría con una Constitución hecha a medida. Fidesz, el partido del primer ministro —junto con su socio de coalición KDNP—, presentó al Parlamento este martes por la tarde la 15º reforma constitucional desde que recuperó el poder en 2010. Con el éxito en la tramitación garantizado por su supermayoría parlamentaria, la Ley Básica húngara servirá para prohibir la marcha del Orgullo LGTBI. También consagrará que solo hay dos géneros, el masculino y femenino, y corregirá el texto para situar al hombre por delante de la mujer. Otras enmiendas cambiarán la manera en la que el Ejecutivo puede gobernar por decreto y abrirán la puerta a deportar a ciudadanos con doble nacionalidad alegando motivos de seguridad nacional.

En el documento en el que argumenta los cambios, Fidesz se posiciona contra las “tendencias observadas en el mundo occidental que incluyen una reinterpretación de las instituciones tradicionales, como la familia y la identidad nacional”. Defiende también que el país se sustenta sobre la cultura cristiana.

La Constitución no menciona a las personas LGTBI, pero cuando habla de los derechos de la infancia y de “la protección de su desarrollo físico, mental y moral”, nadie duda en Hungría de que el Gobierno quiere limitar de nuevo los derechos del colectivo LGTBI, como si fuesen una amenaza. Es el mismo principio de la ley tildada de homófoba por la UE que le ha costado, entre otros motivos, la congelación de miles de millones de euros de fondos europeos —entre 21.000 y 22.000 millones permanecen suspendidos—. Y cuando afirma que esa garantía de cuidados “prevalece sobre todos los demás derechos fundamentales, con excepción del derecho a la vida”, todo el mundo sabe que se refiere al derecho de reunión, sobre el que se sustenta la marcha del Orgullo LGTBI.

Orbán ya lo había advertido en un discurso el pasado 22 de febrero: “Aconsejo a los organizadores del Orgullo que no se molesten en preparar el desfile de este año. Sería una pérdida de tiempo y dinero”. Su jefe de Gabinete, Gergely Gulyás, aclaró unos días después al medio 24.hu que Fidesz trabajaba en una reforma constitucional para impedir que el Orgullo se celebre en público, como ocurre desde hace décadas, con una marcha por la avenida Andrássy de Budapest. En principio, Gulyás no veía inconveniente en que se desarrollase en un lugar cerrado, en privado.

En una reforma anterior de la Ley Fundamental, el Gobierno nacionalpopulista dejó escrito que “la base de la relación familiar es el matrimonio y la relación padre-hijo. La madre es una mujer, el padre es un hombre”. El artículo, que protegía así el matrimonio tradicional frente a las uniones homosexuales, se amplía ahora: “La base de la relación es el matrimonio y la relación paterno-filial. Una persona es un hombre o una mujer. El padre es un hombre, la madre es una mujer”.

Con el nuevo articulado, Orbán sigue la estela de la cruzada contra las personas trans de su admirado Donald Trump. Nada más tomar posesión de su segundo mandato como presidente de Estados Unidos, el dirigente republicano, con el que mantiene una excelente relación, declaró: “La política oficial del Gobierno de los Estados Unidos será que solo existen dos géneros, masculino y femenino”. “Escribamos en la Constitución que una persona es hombre o mujer. Y punto”, dijo el primer ministro húngaro en la misma intervención de febrero. El texto que introduce los cambios para impedir el reconocimiento legal de las personas trans argumenta que “la fijación del sexo biológico garantiza el desarrollo sano de la sociedad y el mantenimiento de las normas comunitarias fundamentales”.

En el documento explicativo, Fidesz incide en que “el sexo al nacer es una condición biológica que puede ser masculino o femenino, de acuerdo con el orden de la creación. El Estado es responsable de garantizar la protección jurídica de este orden natural y de impedir los intentos de cambiar el sexo al nacer”. La ambigua referencia al “orden de la creación” ha sido interpretada por medios húngaros como un fundamento basado en el relato bíblico de que Dios creó primero al hombre, y a partir de él, a la mujer, para situar al género masculino por delante del femenino. Donde la Constitución antes hablaba de madre y padre, ahora se referirá primero al progenitor y después a la progenitora.

Márta Pardavi, defensora de los derechos humanos y copresidenta del Comité Helsinki de Hungría, opina que todas estas propuestas, salidas del “manual de estrategia iliberal putinesco”, buscan “polarizar a la sociedad y forzar a los actores políticos a tomar posición (pueden decir de ellos que están en contra de la nación, los valores familiares...)”. Como afirma en un intercambio de mensajes en WhatsApp, “la narrativa polarizadora se eleva ahora a la Constitución”.

Otros artículos que se reforman permitirán al Gobierno decidir sobre la prórroga y el fin del estado de emergencia —que declaró en 2022 con la guerra en Ucrania como justificación, y ha ido prolongando desde entonces—, sin tener que pasar por el Parlamento. Al mismo tiempo, limita algunas prerrogativas del Ejecutivo: las iniciativas que suspendan una ley o se desvíen de ciertas provisiones legales, necesitarán el aval de una mayoría de dos tercios. Medios independientes como el digital Telex ven este cambio como una maniobra para dificultar la labor de un futuro Gobierno si el principal rival de Orbán, Péter Magyar, le adelanta en las próximas elecciones, como están apuntando las encuestas.

La nueva versión de la Constitución húngara también garantiza el pago en metálico como derecho constitucional o la lucha contra la droga. Introducirá además disposiciones como la posibilidad de expulsar a ciudadanos con doble nacionalidad —húngara y otra más— si sus acciones “suponen una amenaza para la soberanía nacional, el orden público, la integridad territorial o la seguridad”. Pardavi explica que este texto es muy vago, desde un punto de vista jurídico, y en principio excluye a los ciudadanos de la UE. “Un mensaje intimidatorio se está convirtiendo en ley, lo que deja a muchas personas muy ansiosas, preguntándose si se enfrentarían a repercusiones por asistir a protestas o expresar su opinión política en las redes sociales”, lamenta la directiva del Comité Helsinki de Hungría.