Hungría pierde 1.000 millones de euros de ayudas europeas por sus agresiones al Estado de derecho

El año ha comenzado con una muy mala noticia para Hungría: no recibirá, al menos, 1.040 millones de euros de fondos europeos por sus agresiones al Estado de derecho. Es una pérdida definitiva; no podrá cobrarlos más tarde si repara el daño que ha provocado el Gobierno del ultraconservador Viktor Orbán. Las pérdidas del país que ha presidido el Consejo de la UE hasta el pasado 31 de diciembre pueden subir conforme pase el tiempo y prescriban los plazos de ejecución de gasto, ya que todavía tiene congelados entre 21.000 y 22.000 millones tanto de fondos estructurales como del Plan de Recuperación.

Las agresiones de Hungría al Estado de derecho son tantas y variadas que a la hora de desglosar las sanciones impuestas por la Unión Europea para corregir la situación hay una madeja en la que unas decisiones se solapan con otras y hay fondos retenidos por partida doble. Esto se observa en los fondos estructurales y de cohesión. Para recibir ese dinero, los Estados miembros tienen que cumplir con la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, algo que Budapest no hace en su totalidad. No lucha contra la corrupción; no respeta la libertad de cátedra; no cumple con las leyes de asilo, y vulnera los derechos de la infancia.

Todas estas carencias han llevado a la suspensión de casi 11.000 de un total de 21.900 millones (contando los 1.000 que acaba de perder). Pero, además, sobre el dinero todavía suspendido pesa un bloqueo doble. No perseguir el fraude ha supuesto la congelación de 6.700 millones a través de una herramienta coercitiva (mecanismos de condicionalidad) de la que se han dotado las instituciones europeas para proteger el presupuesto comunitario de la corrupción y la malversación.

A esta cuenta hay que sumar el dinero del plan de recuperación, 10.400 millones. No obstante, para que los fondos fluyan, el Ejecutivo ultraconservador tiene que desplegar reformas que reviertan sus agresiones al Estado de derecho y aseguren la independencia judicial. Nada de esto se ha hecho todavía y, por tanto, esos recursos no fluyen hacia un país en crisis económica que ha acabado 2024 con un déficit en sus cuentas públicas del 5,4%, y una previsión para el año que acaba de empezar del 4,6%, según las previsiones de la Comisión Europea.

Por si fuera poco, en junio, Hungría fue multada con 200 millones por no acatar una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, referente a la acogida de refugiados durante la crisis de 2015 y 2016, más un millón por cada día que pase sin cumplirla.

Sin embargo, nada de esto amilana a la Administración de Orbán, único líder de la UE al que Vladímir Putin ha felicitado el año nuevo. En su intento constante de vincular, sin pruebas, migración y delincuencia, este mismo jueves, el primer ministro magiar ha dejado un mensaje en la red social X en el que señala que “Bruselas quiere convertir Hungría en Magdeburgo”, en referencia al ataque navideño en un mercadillo de la ciudad alemana cometido por un saudí, que, no obstante, era muy crítico con el islam y se mostraba cercano a la ultraderecha alemana de AfD. Ese mensaje en X es solo uno de los varios que ha dejado contra la UE en pocas horas.

Otra prueba reciente de eso está en el conflicto que acaba de abrir con Polonia al dar asilo a un exviceministro polaco, Marcel Romanowski, procesado por malversación. Este antiguo alto cargo del gobierno es miembro del partido ultraconservador Ley y Justicia, ahora en la oposición polaca, y aliado fundamental de Orbán en Bruselas durante los 10 años que estuvo al frente del Ejecutivo de Varsovia entre 2014 y 2024.