Los campos de deportación fuera de la UE ganan apoyo entre los Estados miembros

La idea de crear centros de deportación fuera de la Unión Europea coge fuerza. Una gran mayoría de países de diverso color político apoya la idea —todavía muy preliminar— de enviar a solicitantes de asilo a estos campos, que se ha abierto a explorar la nueva Comisión Europea dentro de una reforma de la regulación sobre deportaciones. España es, por ahora, el único socio que se planta claramente contra la medida, respaldada entre otros por Dinamarca, Austria o Italia.

Roma ya ha abierto campos de expulsión en Albania, una experiencia que algunos socios contemplan como un modelo a seguir. Otros, como Irlanda, Francia o Luxemburgo, son más pragmáticos: no se oponen a la fórmula, pero quieren ver cómo se desarrollaría y cuánto costaría. El Gobierno de Olaf Scholz en Alemania, cada vez más debilitado políticamente, con serios problemas dentro de la coalición y donde se ha endurecido el debate migratorio en los últimos tiempos al ritmo del aumento de la ultraderecha, no tiene hasta ahora una postura clara y unificada sobre los controvertidos centros.

El cambio en el debate migratorio, que se debatirá en la cumbre de líderes este jueves en Bruselas, es claro. También la realidad de que en la UE hoy solo dos de los grandes, España y Alemania, están gobernados por la socialdemocracia. Pero incluso un Ejecutivo de centroizquierda no garantiza una política menos dura frente a la migración: Dinamarca —el país que lideró en mayo la propuesta para explorar la idea de los centros de deportación, a la que se sumó una quincena de países, y uno de los más duros en materia migratoria— tiene un Gobierno socialista de coalición.

La idea de los campos de deportación para que los solicitantes de asilo esperen allí una respuesta a su caso —que ya estuvo sobre la mesa hace años y que se retiró por las serias dudas legales que conllevaba— es solo una muestra más de que las posturas de los Estados miembros son cada vez más rígidas en el tema migratorio. Para todos es un debate sustancial, con serios efectos electorales, aunque cada uno tiene en cuenta su propia realidad. Pero más allá del debate político está la realidad: las llegadas irregulares a territorio comunitario han descendido un 42% en los primeros nueve meses del año, según la agencia europea de fronteras (Frontex), aunque las de la ruta canaria hacia España han aumentado.

Para los países que apoyan las “soluciones innovadoras” —el eufemismo que se emplea ahora en el club comunitario para hablar de modelos como el de Italia en Albania o una adaptación europea de esos campos—, estas ideas son una de las fórmulas para aumentar las deportaciones. “El modelo Albania tiene un coste financiero y una logística complicada, la cuestión es si funciona y si aporta una ventaja más allá de una externalización visual”, remarca un veterano diplomático. “Hay que ver todavía qué modelo está sobre la mesa, qué tipos de centros, para qué solicitantes de asilo, durante cuánto tiempo y qué pasará con ellos después si la respuesta a su caso es negativa y no se les puede deportar a su país de origen”, dice otro.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, recalca en la carta enviada a los Estados miembros para abrir el debate en la cumbre de este jueves que el modelo de Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, servirá para sacar “lecciones prácticas”. Para implantarlo a nivel europeo, con las distintas realidades, debería haber un cambio legal para evitar problemas con el derecho comunitario, en línea con la propuesta de la Comisión, señalan fuentes europeas. El diseño de esa reforma estará en manos del nuevo comisario de Austria —que ocupará la cartera de Interior—, uno de los países del ala dura migratoria.

Las organizaciones de derechos humanos han advertido de los enormes riesgos de la medida, que se puede traducir en nuevas violaciones de los derechos humanos. El modelo Albania, que implica trasladar a solicitantes de asilo rescatados en el mar a uno de esos campos gestionado por personal italiano, es enormemente controvertido. Pero el primer ministro de ese país balcánico, Edi Rama, ha reconocido que otros gobiernos le han sondeado para instalar allí sus propios centros. “Es imposible evaluar adecuadamente la vulnerabilidad de las personas mientras están en un barco en alta mar. Para hacerlo de forma correcta se necesitan recursos que solo están disponibles en tierra”, afirma Juan Matías Gil, responsable de búsqueda y rescate de Médicos sin Fronteras.

De momento, la ultraderechista Meloni ha convocado una minicumbre durante la reunión de jefes de Estado y de Gobierno de la UE en Bruselas para hablar sobre migración y soluciones innovadoras, en la que estará presente una decena de países, según fuentes diplomáticas, desde Dinamarca hasta Países Bajos, país que tiene un Gobierno de coalición en el que participa la extrema derecha. La primera ministra italiana ya organizó una reunión de este tipo en la cumbre de Granada, hace un año, en la que participó también Von der Leyen.

El debate migratorio se prevé cada vez más duro. Los Estados miembros están teniendo dificultades en ponerse de acuerdo en las conclusiones de la cumbre de este jueves, aunque no por las polémicas “soluciones innovadoras” que, aunque están sobre la mesa, por ahora no se plasman por escrito. Un grupo de países, entre ellos España, Francia y Alemania, quiere acelerar la puesta en marcha de las normas que componen el pacto migratorio. Otros quieren adelantar una parte, algo que podría desequilibrar un sistema que está pensado como un conjunto. También hay países, como Polonia y Hungría que rechazan mencionar un pacto migratorio contra el que ya se han manifestado.