El Gobierno conservador de Portugal busca el apoyo socialista a los Presupuestos para evitar nuevas elecciones
El primer ministro Luís Montenegro, que acaba de ser reelegido líder del centroderecha, trata de alejar el riesgo de los terceros comicios en cuatro años
![Luís Montenegro](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/6LLA2US35JGQZIMY5P5QPOYVGA.jpg?auth=31c53466d18432a90d1a27b5e6af1011974392fbeb121817fab3b9bc1f37bf4d&width=414)
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Casi nadie quiere nuevas elecciones anticipadas en Portugal. Sin embargo, el escenario actual parece conducir hacia un paisaje enmarañado que tal vez obligue al presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, a disolver el Parlamento y convocar comicios por tercera vez en cuatro años. A un lado, un Gobierno con una gran debilidad parlamentaria (80 diputados, dos más que el Partido Socialista) que busca asentarse después de un ciclo de gobernación socialista de nueve años antes de medirse en las urnas. Al otro, una oposición que libra su propia batalla por simbolizar la alternativa de Gobierno, entre los socialistas y la ultraderecha de Chega, que conquistó 50 escaños en los comicios del pasado marzo.
La prueba de fuego será la negociación sobre los Presupuestos del Estado de 2025, que se inicia ahora entre el Gobierno y la oposición. Si el primer ministro, Luís Montenegro, que acaba de ser reelegido el viernes 6 presidente del Partido Social Demócrata (PSD, centroderecha) en unas primarias sin oposición interna, no logra conquistar apoyos suficientes entre sus rivales políticos, a derecha o izquierda, Rebelo de Sousa tendrá que decidir si da por zanjada la legislatura o si permite que el minoritario Gobierno gestione el país con las manos atadas desde el punto de vista financiero con el llamado presupuesto de duodécimos (solo se permite gastar mensualmente la duodécima parte de lo gastado en el mismo mes del ejercicio anterior).
El jefe del Estado, además, pondrá a prueba su coherencia política, ya que en 2021 optó por disolver la Asamblea de la República y anticipar las elecciones cuando el Gobierno socialista de António Costa, entonces sin mayoría absoluta, no logró apoyos suficientes para aprobar los Presupuestos para el año siguiente. Las señales que ahora emite el Palacio de Belém, sede de la presidencia de la República, son contrarias a una nueva cita electoral. Rebelo de Sousa repite desde hace meses que los portugueses desean estabilidad y no otra visita a las urnas. Sus mensajes tratan de presionar a la oposición, en especial al Partido Socialista, para que dé luz verde a los Presupuestos y permita avanzar el nuevo ciclo en manos del centroderecha, la familia política del presidente de la República.
Líneas rojas de los socialistas
A día de hoy parece difícil. El líder socialista, Pedro Nuno Santos, ya avisó en su primer discurso tras las vacaciones que hay dos líneas rojas que no traspasarán y que son medulares para el Gobierno: las rebajas del IRPF para menores de 30 años y el impuesto de sociedades. “Una agenda fiscal radical, injusta y cara”, en palabras del socialista, que denuncia la creación de dos modelos de IRPF paralelos diferenciados por la edad y la disminución transversal de la carga fiscal de las empresas, que podría retirar 1.500 millones de euros de ingresos anuales al Estado.
Dar luz verde a los Presupuestos del Gobierno, como defienden algunas voces socialistas, es una decisión con aristas tanto en el partido de Santos como en el resto de la izquierda, que desea fortalecerse como bloque contra el Ejecutivo. “Quien aprueba un Presupuesto de la derecha, apoya un Gobierno de la derecha”, advirtió la coordinadora nacional del Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua.
Para el Gobierno, en manos de una coalición entre el PSD y los conservadores del Centro Democrático Social (CDS), sacar adelante sus propuestas fiscales son un eje importante del programa reformista que Montenegro defiende para el país. Sus medidas económicas tienen el aval de las formaciones de la derecha, pero Chega proclamó hace unos días que probablemente vote en contra de los Presupuestos en noviembre, cuando vayan al pleno. Su líder, André Ventura, que no esconde el resentimiento contra Montenegro por negarse a pactar su gabinete con la ultraderecha, afirmó que su partido ha hecho todo lo posible “para que este país tuviese un Presupuesto, una mayoría y un futuro sin crisis políticas. Si eso no ha sido posible, se debe al Gobierno del PSD”.
No obstante, Chega es un partido de vaivenes, capaz de prometer una cosa y la contraria en poco tiempo. Después de afirmar que no participaría en la nueva ronda de reuniones sobre Presupuestos con el Gobierno, retomadas este martes, se desdijo a las pocas horas.
Los últimos sondeos electorales muestran un continuado descenso de Chega, que ya perdió fuelle en las elecciones europeas. Si en las legislativas de marzo recibió el 18% de los votos, el barómetro de agosto de Intercampus le otorga un 13%. Este retroceso está llevando al partido a apostar por una radicalización en sus propuestas, sobre todo en materia de inmigración. La formación ultra ha convocado una manifestación en Lisboa, que coincidirá con el proceso para regularizar a unos 400.000 extranjeros y ha solicitado la convocatoria de un referendo para consultar a los portugueses si están de acuerdo con la imposición de límites a la entrada de inmigrantes.
En paralelo a la negociación presupuestaria, Montenegro afronta también su primer sobresalto político de calado, tras la divulgación del informe de la Inspección General de Finanzas sobre la privatización de la aerolínea TAP en 2015, que aprecia posibles delitos en el proceso negociado por cargos del PSD. “Lo más alarmante es la confirmación de que la compra de TAP, firmada por un Gobierno en funciones a pocos días de terminar su mandato, fue hecha a través de un préstamo de 226 millones de dólares de Airbus, lo que implica que fondos de la propia empresa sirvieron para comprar TAP”, reprueba la presidenta del grupo parlamentario socialista, Alexandra Leitão.
La oposición ha solicitado varias comparecencias parlamentarias de antiguos implicados en la venta, incluido el actual ministro de Infraestructuras y Vivienda, Miguel Pinto Luz, justo cuando se ha abierto un nuevo proceso de privatización de la compañía aérea que pilota su departamento.
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