El Reino Unido limita la venta de armas a Israel por el temor a que violen las leyes humanitarias

El nuevo Gobierno del Reino Unido ha decidido tomar una controvertida decisión destinada a calmar las aguas del Partido Laborista, revueltas desde hace meses por la tibia respuesta del primer ministro, Keir Starmer, ante los ataques israelíes contra Gaza. El ministro de Exteriores, David Lammy, ha anunciado este lunes en el Parlamento la suspensión de 30 licencias de exportación de armamento a Israel, una iniciativa que amenaza con tensar la relación entre Londres y Washington.

Durante los dos últimos meses, un equipo de Exteriores ha realizado una revisión exhaustiva sobre el modo en que el Gobierno de Netanyahu estaba conduciendo su ofensiva bélica, con la sospecha de que se estuviera utilizando armamento británico en operaciones sobre Gaza que pudieran suponer una violación del derecho internacional humanitario. La investigación comenzó antes de que el Partido Laborista alcanzara el poder, después de su arrolladora victoria electoral del pasado 4 de julio.

“Lamento tener que informar a esta Cámara [de los Comunes] de que el informe que he recibido no me deja otra opción que concluir que, en el caso de determinadas exportaciones de armas del Reino Unido a Israel, existe un riesgo claro de que pudieran ser utilizadas para cometer o facilitar graves violaciones del derecho internacional humanitario”, ha dicho Lammy a los diputados.

El Gobierno del Reino Unido no vende directamente armamento a Israel, sino que se limita a conceder licencias de exportación a empresas armamentísticas. En la actualidad hay concedidas 350 licencias, con lo que la suspensión afecta a menos de un 10% de todas ellas. El material incluido en la suspensión está constituido en su mayor parte por componentes de aeronaves militares, tanto aviones de combate como helicópteros y drones.

De hecho, el volumen total de armas que suministra el Reino Unido a Israel supone apenas un 1% del material bélico total que importa este país. Sus dos principales suministradores son, a una gran distancia del resto, Estados Unidos y Alemania. Berlín aprobó en 2023 licencias de exportación al Estado judío por valor de 330 millones de euros, 10 veces más que en 2022. Y Washington entrega anualmente a Israel unos 3.100 millones de euros en concepto de ayuda militar.

Se trata de una decisión con escasas consecuencias prácticas, pero un alto peso simbólico, porque supone un grave golpe diplomático al Ejecutivo de Netanyahu. Londres se convierte de este modo en el primer gran aliado occidental de Israel que suspende, aunque sea parcialmente, la venta de armas a esta nación de Oriente Próximo.

Pese a lo limitado del efecto real de este paso, el Gobierno israelí ha reaccionado con indignación. “Resulta profundamente descorazonador conocer las sanciones impuestas por el Gobierno del Reino Unido sobre las licencias de exportación para el sistema de defensa de Israel”, ha escrito en X (antes Twitter) el ministro de Defensa de ese país, Yoav Gallant. “[La decisión] se produce cuando libramos una guerra en siete frentes distintos, una guerra que lanzó una organización terrorista salvaje sin que fuera provocada. En el momento en que lloramos a seis rehenes que fueron ejecutados a sangre fría por Hamás dentro de los túneles de Gaza”, ha señalado Gallant. El ministro de Exteriores, Israel Katz, considera que la decisión, que califica como “decepcionante”, “envía un mensaje muy problemático” a Hamás y a sus aliados iraníes.

La petición de España e Irlanda

A diferencia de la resolución mostrada por el Gobierno británico, la Comisión Europea sigue de brazos cruzados y mantiene en el limbo la petición formulada el pasado febrero por los gobiernos de España e Irlanda para que se revisara el acuerdo de asociación de la Unión Europea con Israel. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, no ha contestado a las cartas enviadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el entonces primer ministro irlandés, Leo Varadkar, en las que se urgía a replantear las relaciones comerciales entre Bruselas e Israel.

El Gobierno español lleva insistiendo desde entonces en la necesidad de utilizar los elementos al alcance de las instituciones comunitarias para incrementar la presión sobre el Gobierno de Benjamín Netanyahu y frenar su ofensiva militar en Gaza. España asegura que desde el pasado 7 de octubre, cuando Hamás llevó a cabo una masacre en territorio israelí, no se ha aprobado ningún nuevo envío de armas. A eso se comprometió el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, durante un debate parlamentario celebrado el 5 de diciembre.

Los envíos acordados con anterioridad, sin embargo, fueron entregados. Durante 2023 se aprobaron 34 licencias de exportación de armamento y equipos militares a Israel, por un valor de 9,3 millones de euros, aunque el valor del material efectivamente entregado ascendió solo a 2,3 millones.

El informe británico

El informe del Ministerio británico de Asuntos Exteriores evita conectar directamente el armamento británico con posibles violaciones del derecho humanitario en Gaza, pero señala la preocupación que han ocasionado tanto la dimensión de la destrucción de la franja palestina como el número de víctimas civiles. Los trabajos se han concentrado en tres áreas: la provisión de ayuda humanitaria y la facilidad de acceso a las víctimas; el trato a los detenidos y el desarrollo de la campaña militar. Los investigadores señalan que las autoridades israelíes no han facilitado el acceso a los presos palestinos, a pesar de las largas negociaciones llevadas a cabo, ni a autoridades judiciales británicas ni a los miembros del Comité Internacional de la Cruz Roja.

El Gobierno de Starmer se ha esforzado por jugar a dos bandas e intentar preservar cierta apariencia de equilibrio en su decisión, sobre todo por no añadir tensión a un aliado como el Gobierno estadounidense de Joe Biden, que ha rechazado hasta la fecha cualquier suspensión en las exportaciones de armas sobre la base de una posible conculcación del derecho internacional humanitario. Washington sí decidió, el pasado mayo, paralizar temporalmente el envío de un buque cargado de munición, ante la preocupación por la ofensiva desplegada en la zona de Rafah por el ejército israelí, que supuso el desplazamiento forzoso de un millón de palestinos.

“El Reino Unido no es un tribunal internacional. Ni hemos ni podríamos haber juzgado la posibilidad de que Israel hubiera incumplido el derecho internacional humanitario. Nuestra evaluación es más bien preventiva, no una decisión sobre culpabilidad o inocencia. Y no pretenda prejuzgar futuras decisiones que tomen en el futuro los tribunales competentes”, ha asegurado Lammy.

Fuentes del Gobierno británico se han apresurado a señalar que la suspensión de las licencias de exportación no suponen disminución alguna en el firme respaldo a Israel y a su derecho a defenderse de posibles ataques. Han recordado además que en ocasiones similares otros gobiernos anteriores —como el de la conservadora Margaret Thatcher o el laborista Gordon Brown— han tomado también la decisión de suspender exportaciones.

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