Una mujer queda paralítica tras ser tiroteada por la policía en Irán por no usar velo

Una mujer de 31 años que supuestamente no llevaba el velo islámico, de uso obligatorio en Irán, ha quedado paralítica tras recibir un disparo por parte de las fuerzas de seguridad, según ha denunciado el Centro por los Derechos Humanos en Irán, con sede en Nueva York. Se trata de Arezou Badri, madre de dos niños, que fue tiroteada el pasado 22 de julio en la ciudad de Nur, en la norteña provincia de Mazandarán, al no atender la orden de la policía de detenerse, según una información de la BBC.

Los agentes intentaron parar el coche de Badri cuando se dieron cuenta de que había una orden para confiscar su vehículo por haberse identificado anteriormente a una pasajera que no respetó el estricto código del hiyab. La medida se ha estado aplicando en el país en los últimos meses para forzar a las mujeres al uso del velo islámico tras las masivas protestas que desencadenó en 2022 la muerte bajo custodia policial de Mahsa Amini, de 22 años, detenida por supuestamente no llevar correctamente el pañuelo. Mediante un mensaje de texto, las autoridades avisan a los dueños de los automóviles en los que se ha visto a una mujer sin velo de que su coche será confiscado. En el caso de Badri, los agentes dispararon contra los neumáticos del vehículo y luego la apuntaron a ella y dispararon. Un mando policial confirmó a una agencia estatal de noticias que se había producido un incidente con una conductora que no quiso parar, sin mencionar a Badri, recoge la BBC.

Después de unos 10 días, los médicos lograron extraer la bala, pero un pulmón y la médula espinal resultaron gravemente dañados, por lo que no puede caminar, según revela la organización Centro por los Derechos Humanos en Irán.

Según los médicos, es muy pronto para saber si la mujer podrá volver a andar. Badri se encuentra actualmente bajo estrictas medidas de seguridad en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Valiasr de Teherán y los agentes solo permiten que su familia la visite durante unos minutos, después de quitarles los teléfonos móviles, para evitar que salgan imágenes de la víctima.

Desde abril pasado, las autoridades iraníes aplican una férrea campaña de seguridad con el fin de imponer el uso del velo islámico a las mujeres que habían dejado de usarlo tras la muerte de Mahsa Amini y las masivas protestas en el país, conocidas por su lema “Mujer, vida, libertad” y duramente reprimidas por las autoridades. Las manifestaciones, que reclamaban mayores libertades sociales, continuaron durante meses. Finalmente, las fuerzas de seguridad lograron apagar las protestas en la calle con una represión que dejó unos 500 muertos, según organizaciones iraníes de derechos humanos en el exilio.

Una nueva ejecución

Además de los centenares de muertos, Irán sigue ejecutando a detenidos durante las revueltas sociales. La última ejecución ocurrió el pasado martes en la prisión de Dizel Abad, ubicada en la provincia de Kermanshah, en el oeste del país. Reza Rasaei fue condenado a muerte el pasado 7 de octubre al ser acusado de asesinato de un agente de inteligencia de la Guardia Revolucionaria, quien falleció “por múltiples heridas de arma blanca”, según las autoridades.

Amnistía Internacional denunció que su ejecución fue “arbitraria” y “secreta”, pues según la defensa de Rasaei, ni su familia ni su abogado fueron informados con antelación. “Las autoridades iraníes han llevado a cabo la abominable ejecución arbitraria en secreto de un joven que fue sometido a tortura y otros malos tratos durante su detención, incluida violencia sexual, y más tarde condenado a muerte en un simulacro de juicio”, reclamó. Según la organización, el juicio fue “manifiestamente injusto”, pues se basó en confesiones “forzadas bajo tortura y otros malos tratos”.

“Esta ejecución deja al descubierto una vez más hasta qué punto el sistema de justicia penal de Irán está corrompido hasta la médula y pone de relieve la determinación de las autoridades iraníes de usar la pena de muerte como herramienta de represión política para infundir miedo en la población”, sentenció Amnistía.

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