El Tribunal Constitucional de Tailandia disuelve el principal partido reformista del país

Tailandia ha dado este miércoles un nuevo golpe a las esperanzas de reforma y modernización. El Tribunal Constitucional votó por unanimidad la disolución del principal partido opositor, Move Forward (Avanzar), por sus intentos de reformar las leyes que protegen de cualquier crítica a la todopoderosa Casa Real. El órgano judicial considera que la propuesta de cambiar la ley pone en peligro la monarquía constitucional, ya que intenta que la democracia parezca incompatible con un rey como jefe de Estado, según la sentencia. Move Forward fue la formación ganadora de las elecciones generales de mayo de 2023, pero el Senado —controlado por la conservadora junta militar que gobernó entre 2014 y 2019― vetó el nombramiento como primer ministro de su popular líder, Pita Limjaroenrat. Organizaciones defensoras de derechos humanos temen que el fallo ahonde en las divisiones políticas y amenace las libertades en un país marcado por décadas de inestabilidad y dominio castrense.

Pita ha asegurado tras conocer la sentencia que su partido “no tiene intención de cometer traición, insurrección o separar la monarquía del país”. Chaithawat Tulathon, que encabeza el partido tras el veto a Pita, ha expresado en una rueda de prensa que la decisión judicial “ha sentado un peligroso precedente en la interpretación de la Constitución”.

El fallo inhabilita a ambos dirigentes durante los próximos 10 años, además de a otros nueve altos cargos del partido. Su infracción: ocupar una posición ejecutiva dentro del partido mientras se hacía campaña a favor de enmendar el artículo 112 del Código Civil, que castiga con entre 3 y 15 años de prisión a quien difame al rey, la reina o al heredero. El rey Maha Vajiralongkorn lleva siete años en el trono y la Constitución le consagra una posición de “venerado culto”.

Desde Move Forward ya han anunciado que formarán un nuevo partido esta semana. A los otros 143 diputados que cuentan con escaño en el Parlamento se les permite transferirse a otro partido registrado en el plazo de 60 días y, de unirse todos al mismo, constituirían el grupo más grande dentro de la Cámara baja. De esta manera, podrían continuar haciendo oposición e intentando promover una agenda progresista, que incluye la reforma militar y deshacer los monopolios de las grandes empresas. No obstante, el veredicto supone un recordatorio de hasta dónde están dispuestas a llegar las instituciones tailandesas para preservar el poder y el estatus de la monarquía.

La agenda reformista de Move Forward, y el carisma de su máximo líder, de 43 años, encandiló a millones de votantes hastiados con la inestabilidad política que ha marcado las últimas dos décadas de este país del sudeste asiático, de casi 72 millones de habitantes. En las elecciones generales de 2023, el partido encabezado por Pita ganó 151 de los 500 escaños de la Cámara baja, el mayor número entre todos los partidos. Move Forward ha insistido en que no pretende derrocar a la monarquía, sino que esta no se involucre en política y no sea instrumentalizada de manera partidista; pero los senadores, a quienes la Constitución de 2017 otorgó el poder de vetar candidatos a primer ministro, rechazaron la nominación de Pita por considerarlo dispuesto a retar al Ejército, la Casa Real y las élites.

El caso de Move Forward no es aislado. En 2020, el Tribunal Constitucional ordenó la disolución de su antecesor, Future Forward, bajo la acusación de haber recibido un préstamo ilegal. Aquella formación obtuvo unos resultados inesperados en las elecciones de 2019, las primeras que Tailandia convocaba en ocho años, después de cinco de gobierno de una junta militar. La decisión fue el desencadenante de masivas protestas prodemocracia, que estuvieron lideradas por una nueva generación de activistas estudiantiles. Demandaron, por primera vez, que la monarquía rindiera cuentas.

Activistas y ONG que luchan por los derechos humanos han denunciado desde entonces que las autoridades han hecho un amplio uso de la ley de lesa majestad para procesar a cientos de líderes de esas protestas y para criminalizar el activismo pacífico. Más de 270 personas, incluidos menores, fueron acusadas de vulnerarla después de las manifestaciones.

El director general de Amnistía Internacional, Deprose Muchena, ha criticado este miércoles en un comunicado la sentencia del Constitucional, que considera “una decisión insostenible que revela el total desprecio de las autoridades por las obligaciones internacionales de Tailandia en materia de derechos humanos”. Muchena también ha instado a “dejar de instrumentalizar las leyes para intimidar y hostigar a los críticos, los defensores de los derechos humanos y los políticos de la oposición” y ha enfatizado que los “legisladores simplemente cumplían con su deber de proponer leyes”.

La disolución de Move Forward llega en un momento crucial para la política tailandesa, en el que se están evidenciando las fisuras en la frágil tregua entre el partido gobernante, el Pheu Thai, de corte populista, y las altas esferas respaldadas por los militares. De hecho, el Pheu Thai ha sido tradicionalmente el más afectado en las luchas por el poder: cuatro de sus primeros ministros fueron destituidos por golpes de Estado y fallos judiciales, y tres partidos de los que es heredero fueron disueltos en los tribunales. La situación va camino de complicarse aún más la próxima semana, cuando el Tribunal Constitucional decidirá sobre el futuro del actual primer ministro, Srettha Thavisin, acusado de nombrar en su Gabinete a un abogado con antecedentes penales. De ser destituido, el Parlamento deberá votar un nuevo premier.

Sigue toda la información internacional en Facebook y X, o en nuestra newsletter semanal.