El fiscal de La Haya denuncia presiones ante las posibles medidas contra dirigentes israelíes por la guerra de Gaza

El fiscal del Tribunal Penal Internacional (TPI), Karim Khan, ha advertido este viernes de que las presiones a este órgano judicial con sede en La Haya (Países Bajos) desde Israel y Estados Unidos, ante la posibilidad de que dicte medidas contra responsables israelíes por la guerra en Gaza, pueden constituir actos punibles. La “independencia e imparcialidad se ven menoscabadas cuando las personas amenazan con tomar represalias contra el tribunal o contra su personal si, en cumplimiento de su mandato, adopta decisiones sobre investigaciones o casos que caen dentro de su jurisdicción. Tales amenazas, incluso cuando no se llevan a cabo, también pueden constituir un acto punible contra la administración de justicia en virtud del artículo 70 del Estatuto de Roma”, ha dicho Khan en un comunicado a través de su oficina.

El texto no cita de manera expresa a Israel, pero el mensaje ha sido de inmediato interpretado como un toque de atención, sobre todo, al primer ministro Benjamín Netanyahu, que, según la prensa israelí, está “aterrado” ante las posibles consecuencias de este nuevo frente. Esas sanciones podrían afectar, además de a Netanyahu, a su ministro de Defensa, Yoav Gallant, y al jefe de las Fuerzas Armadas, Herzl Halevi. Frente a la campaña dentro y fuera de Israel, especialmente en EE UU, contra las posibles medidas del tribunal, Khan reclama que “cesen de inmediato todos los intentos de obstaculizar, intimidar o influir indebidamente en sus funcionarios”.

Un grupo de senadores estadounidenses supuestamente expresó el miércoles su preocupación a funcionarios del TPI durante un encuentro online del que ha informado este viernes la web estadounidense Axios citando a tres fuentes participantes o conocedoras de la cita. El clima de inquietud lleva varias semanas instalado en Israel, donde los medios han dado cuenta de algunas reuniones de alto nivel para tratar de diseñar la estrategia de defensa y para poner en marcha una campaña internacional que haga frente al anuncio de unas sanciones que casi se dan por hechas. Netanyahu no quiere verse en la lista de hombres buscados como están o han estado el ruso Vladímir Putin, el libio Muamar el Gadafi o el ugandés Joseph Kony.

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, calificó el lunes de “vergonzoso” e “ilegal” que el TPI se esté planteando emitir órdenes contra Netanyahu y otros altos responsables de Israel. Su voz se suma a la de otros funcionarios que arropan a Israel frente al tribunal de La Haya en un momento en el que EE UU vive intensas protestas a favor de la población de Gaza en muchos campus universitarios.

“En lugar de atacar erróneamente a Israel, el Tribunal Penal Internacional debería presentar cargos contra Irán y sus representantes terroristas, incluido Hamás, por participar en horribles crímenes de guerra”, defendió Johnson a través de una nota. “Es vergonzoso que, según señalan algunos informes, el Tribunal Penal Internacional esté planeando emitir órdenes de detención infundadas e ilegítimas contra el primer ministro israelí Netanyahu y otros altos cargos israelíes”.

Ese paso por parte del tribunal, añadió Johnson, socavaría “los intereses de la seguridad nacional de EE UU”, por lo que llamó a su país a hacer frente a una medida “sin precedentes” que pondría también en peligro la soberanía estadounidense. “La Administración [del presidente Joe] Biden debe exigir de forma inmediata e inequívoca que el TPI se retire y Estados Unidos debe utilizar todas las herramientas disponibles para evitar tal abominación”, concluyó.

Para el primer ministro Netanyahu, que el tribunal dé ese paso supondría un “crimen de odio antisemita”, dijo el martes. Anteriormente, ya señaló que sentaría un “precedente peligroso” ante el que Israel no piensa ceder. “Bajo mi liderazgo, Israel nunca aceptará ningún intento del Tribunal Penal Internacional de La Haya de socavar su derecho fundamental a defenderse”, señaló en un vídeo el 26 de abril. Miembros del Gobierno y asesores legales mantuvieron diez días antes una reunión de emergencia en la oficina del primer ministro para marcar el plan de defensa ante un posible anuncio desde La Haya, informó el Canal 12 de la televisión israelí. A esta cita supuestamente asistieron el titular de Exteriores, Israel Katz; el de Justicia, Yariv Levin, y el de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, según ese mismo medio.

El TPI aceptó en 2015 a Palestina como miembro, tres años después de que la Asamblea General de Naciones Unidas le concediera el estatus de “Estado observador”. Israel no es miembro del tribunal y tampoco reconoce su jurisdicción (tampoco lo hace EE UU). Sin embargo, el tribunal tiene competencia para investigar los posibles crímenes cometidos por ambas partes en la guerra entre Israel y Gaza. En el primer caso, porque la Autoridad Palestina ha aceptado su jurisdicción. Del lado israelí, porque puede perseguir a sus ciudadanos si delinquen en territorio palestino. De ahí el rechazo y el nerviosismo mostrado por el Gobierno de Netanyahu a las órdenes de arresto internacionales que pueda emitir la Fiscalía. El TPI carece de policía para hacerlas cumplir, pero una vez lanzadas, se reduce el margen de maniobra de los señalados, ya sean altos mandos militares o políticos. La comunidad internacional en su conjunto, y en particular los Estados miembros del TPI ―que son 124― pueden ejecutar esas órdenes.

El tribunal solo persigue a los máximos responsables de crímenes de guerra y contra la humanidad, además de genocidio, y la posible comisión de este último planea sobre este conflicto de Gaza. Otra instancia judicial, el Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas (TIJ), reclamó este enero a Israel que tomara medidas para impedir “actos de genocidio contra la población palestina en Gaza”. Los jueces de la ONU no exigieron un alto el fuego y Netanyahu subrayó que Israel tiene “derecho a defenderse de los monstruos de Hamás” tras el ataque del pasado 7 de octubre. Pero el TIJ resuelve litigios entre Estados y no emite órdenes de detención.

Con el TPI, la situación es distinta. En 2023, Khan pidió la detención del presidente ruso, Vladímir Putin, por su posible responsabilidad en el secuestro de niños de Ucrania durante la guerra que sigue abierta entre ambos países. Si bien Rusia respondió con sus propias órdenes de arresto contra el fiscal y los jueces del TPI, eso no invalida el hecho de que Putin figure ya en la lista de los delincuentes buscados por la justicia internacional.

El caso de Palestina se remonta a 2021, cuando los jueces decidieron que la investigación llevada a cabo por la Fiscalía por posibles crímenes de guerra debía abarcar Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este. En noviembre de 2023, Khan confirmó que incluía “la escalada de hostilidades y violencia desde el ataque [perpetrado por Hamás] que tuvo lugar el 7 de octubre de 2023″. Un mes después, el fiscal visitó Ramala, la capital administrativa de Palestina. Fue también a Israel y habló tanto con representantes palestinos como con familiares de los ciudadanos israelíes muertos o tomados como rehenes por Hamás. El fiscal dijo entonces que “para perseguir crímenes como aquellos se había creado el tribunal”, y recordó que las leyes humanitarias internacionales deben ser cumplidas por todos en este conflicto.

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