Netanyahu desafía al Tribunal Penal Internacional ante posibles sanciones contra responsables de la guerra de Gaza

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, no ha esperado a que el Tribunal Penal Internacional (TPI), con sede en La Haya (Países Bajos), dicte posibles sanciones contra responsables de su país por la guerra en Gaza. El líder conservador ha preferido reaccionar antes de que esto ocurra. Cree que, de producirse, este paso sería un “precedente peligroso” que no le haría cambiar su agenda bélica. El mandatario considera “escandalosa” la amenaza contra autoridades políticas y militares del país por parte de ese tribunal. “No cederemos ante él”, aseguró en un duro comunicado hecho público este viernes en su perfil de la red social X (antes Twitter). “Bajo mi liderazgo, Israel nunca aceptará ningún intento del Tribunal Penal de La Haya de socavar su derecho fundamental a defenderse”, añade.

Desde hace días, las muestras de preocupación en Israel ante posibles órdenes de arresto por presuntas violaciones del derecho internacional contra responsables israelíes, incluido Netanyahu, han ido en aumento, según han dejado traslucir diferentes medios. Miembros del gobierno y asesores legales han llegado a mantener el 16 de abril una reunión de emergencia en la oficina del primer ministro para marcar el plan de defensa ante un posible anuncio a corto plazo desde La Haya, informó el Canal 12 de la televisión israelí. A esta cita habrían asistido el titular de Exteriores, Israel Katz; el de justicia, Yariv Levin, y el de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, según ese mismo medio.

La inquietud ante esas posibles sanciones ha sido compartida por Netanyahu en los recientes encuentros que ha mantenido en su país con los ministros de Exteriores del Reino Unido, David Cameron, y de Alemania, Annalena Baerbock, añadió ese canal. Israel no es miembro del TPI ni reconoce su jurisdicción. Esta circunstancia hace que las posibles detenciones solo podrían producirse si los acusados viajaran a uno de los 124 países que forman parte de este tribunal. Palestina, en cambio, sí es un Estado miembro desde 2015. Esta corte puede actuar contra personas individuales en caso de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio o agresión.

El pasado 20 de marzo, la organización Law for Palestine, apoyada por una quincena de organizaciones humanitarias de distintos países árabes, envió un escrito a esta corte penal en el que acusaba a autoridades civiles y militares de Israel de “genocidio” contra los palestinos.

El fiscal jefe del TPI, Karim Khan, dijo en los primeros días de la guerra que comenzó el 7 de octubre que el tribunal tenía jurisdicción sobre crímenes de guerra tanto de Hamás en Israel como de Israel en Gaza. Durante una rueda de prensa en El Cairo a principios de noviembre, Khan insistió en que Israel tiene “una clara obligación” moral y jurídica de cumplir con la legalidad internacional. El fiscal señaló que tendrá que demostrar que cualquier ataque que afecte a civiles inocentes u objetos protegidos se realiza dentro de la legalidad, en un mensaje que extendió también a Hamás.

El TPI ya emitió en enero de 2023 una orden de detención contra el presidente ruso, Vladímir Putin, por su presunta responsabilidad en la deportación forzosa de menores ucranios desde los territorios ocupados a Rusia. Putin fue el tercer presidente en ejercicio que ha recibido una orden de detención de este tribunal, tras Omar al Bashir, de Sudán, y Muamar el Gadafi, de Libia.

Fue Sudáfrica la que a finales de 2023 empezó a mover acciones contra Israel por posible genocidio en el Tribunal Internacional de Justicia de la ONU (TIJ), que como el TPI, también tiene sede en La Haya. Ese procedimiento podía llevar al aislamiento diplomático y a boicots o sanciones contra Israel o contra las empresas israelíes, por lo que las autoridades empezaron a pensar en esa posibilidad y en su posible respuesta, señalaba entonces el diario Haaretz. Según los expertos sudafricanos que impulsaron la medida, el de Gaza es “el primer genocidio de la historia donde sus víctimas graban su propia destrucción en directo en un intento desesperado y vano hasta ahora de que el mundo haga algo”.

Los mandos del ejército israelí, incluido el jefe de las Fuerzas Armadas, Herzi Halevi, fueron advertidos, según ese mismo medio, del “peligro real” de que el tribunal reclamara la detención de las operaciones militares en Gaza. Así acabó ocurriendo, aunque la medida no tuvo ningún tipo de efecto sobre el terreno: las tropas israelíes han seguido arrasando el enclave palestino, donde han matado ya a más de 34.000 habitantes.

Sudáfrica solicitó que el TIJ abriera un procedimiento contra Israel por haber violado supuestamente la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio (1948). En este caso, tanto Sudáfrica como Israel son Estados miembros de la citada Convención. Sudáfrica espera demostrar que Israel ha emprendido acciones para destruir a la población palestina que superan la legítima defensa, precisamente el argumento que Netanyahu esgrime tras el asesinato el 7 de octubre de unas 1.200 personas a manos de Hamás.

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