Marruecos tolera las protestas por la guerra en Gaza, pero reprime críticas a la relación con Israel

En medio de una discreta vigilancia policial, decenas de personas se concentran cada semana con kufiyas (pañuelos) y banderas de Palestina ante la sede del Parlamento en Rabat contra las operaciones militares de Israel en la franja de Gaza. Manifestaciones que han reunido a miles de asistentes han recorrido durante los más de seis meses de guerra las calles de la capital y las principales ciudades de Marruecos, uno de los cinco países árabes que mantiene relaciones oficiales con el Estado de Israel. “La política del régimen no tiene nada que ver con el pueblo, y no solo en lo que concierne a la causa palestina”, afirmaba el pasado martes el ingeniero Taib Madmad, de 68 años, dirigente del Frente Marroquí de Apoyo a Palestina y Contra la Normalización, que agrupa a una veintena de partidos de izquierda, sindicatos y asociaciones, en la primera protesta organizada tras el fin de las festividades de Ramadán. Frente a la calma formal con que se desarrolla la ola de concentraciones, algunos militantes islamistas han recibido ya condenas de cárcel por cuestionar en las redes sociales los lazos de Marruecos con el Gobierno israelí.

“Varios de los que nos encontramos aquí hemos sido procesados por habernos opuesto a la normalización con Israel en un acto considerado no autorizado por las autoridades”, aseguraba Madmad ante el edificio de las Cámaras legislativas en Rabat. Una decena de activistas han sido encausados por participar en noviembre en una acción de boicot al bloquear el acceso a un supermercado Carrefour en Salé, ciudad colindante con la capital. Los convocantes habían acusado a la cadena francesa de distribución de facilitar alimentos al ejército israelí en Gaza, a través de su franquicia local. A la espera de juicio, el responsable del Frente de Apoyo a Palestina sigue participando en las concentraciones semanales, que se alternan con las organizadas por fuerzas islamistas como el Partido de la Justicia y el Desarrollo, que encabezó las coaliciones de Gobierno entre 2011 y 2021, o Justicia y Espiritualidad, movimiento no reconocido como partido legal aunque tolerado.

Criticar los lazos diplomáticos con Israel, establecidos a finales de 2020 después de que Estados Unidos reconociera la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, no está tipificado en el Código Penal. Pero atentar contra la institución de la monarquía supone traspasar una línea roja en Marruecos. El militante de Justicia y Espiritualidad Abderramán Zankad, de 48 años, ha sido condenado este mes a cinco años de cárcel, acusado de los delitos de falta de respeto al rey y atentado contra los símbolos del reino, por cuestionar a los gobernantes árabes que han auspiciado la normalización diplomática con Israel. Sus abogados alegan que Zankad se limitó a afirmar en Facebook que “la normalización solo caerá cuando caigan aquellos que la han hecho posible”, según informa la agencia Efe.

En agosto del año pasado, el también militante de Justicia y Espiritualidad Said Bukyud fue condenado a cinco años de prisión tras haber arremetido en las redes sociales contra el establecimiento de relaciones entre Marruecos e Israel. También fue acusado de “socavar las instituciones”, pero su pena fue rebajada a tres años de cárcel tras un recurso de apelación al sentenciarle por un delito “contra la persona del rey o del heredero al trono”. Bukyud, residente en Qatar, había sido detenido en el aeropuerto de Casablanca, adonde viajó para pasar unas vacaciones con su familia en Marruecos.

Tres manifestaciones contra la normalización con Israel reunieron a más de 10.000 personas en Rabat en octubre, diciembre y febrero. A comienzos de abril, varios miles marcharon también por las calles de Casablanca. Las concentraciones de protesta se suceden regularmente en decenas de ciudades. Un 88% de los marroquíes rechaza el reconocimiento diplomático de Israel, según un sondeo del Centro Árabe de Investigación y Estudios Políticos, citado por el portal digital informativo Morocco World News.

Entre el aparato del Estado ―que busca preservar los activos de las relaciones con Israel: como, entre otros, la soberanía sobre el Sáhara o la cooperación militar― y la sociedad civil, abrumadoramente indignada ante las imágenes de sufrimiento de los palestinos en la franja de Gaza, se abre una creciente brecha por la que asoma una crisis latente en el país magrebí. Las sentencias de cárcel y los procesamientos en curso contra voces críticas y participantes en protestas son una muestra de la tensión que ha hecho aflorar el descontento. Organizaciones de defensa de los derechos humanos reclaman a las autoridades que respeten la libertad de expresión amparada por la Constitución de 2011.

Entre la ambigüedad y el compromiso

El propio rey Mohamed VI encabeza en el seno de la Organización de Cooperación Islámica (OCI) el respaldo a la causa palestina. Tras un periodo de ambigüedad durante los choques registrados entre israelíes y palestinos en los primeros meses de 2023, Marruecos se apresuró a condenar la irrupción de las fuerzas de seguridad israelíes en la mezquita de Al Aqsa, tercer lugar más sagrado del islam. En ese momento, se produjo además un inusual enfrentamiento entre los islamistas del PJD y el ministro de Exteriores, Naser Burita, arquitecto del acercamiento diplomático a Israel.

Como presidente del Comité Al Quds (Jerusalén, en árabe) de la OCI, el rey de Marruecos se ha mostrado a favor de la solución de los dos Estados en el conflicto palestino-israelí y ha ordenado el envío de ayuda humanitaria para la población gazatí. Formalmente, la coalición de tres partidos que gobierna en Rabat ha exigido a Israel el “cese inmediato de la guerra en Gaza” y ha denunciado los ataques contra civiles “indefensos” en la Franja.

La guerra en Gaza también tiene repercusiones internas en Marruecos. El Partido de la Justicia y el Desarrollo, bajo cuyo mandato se aprobó la normalización de relaciones en 2020, se ve relegado en los sondeos electorales tras el desgaste sufrido en una década de ejercicio de poder. Mientras, Justicia y Caridad, que parecía preferir ausentarse del tablero político y jugar la baza de una amplia implantación social, envía señales ahora de aspirar a acaparar el espacio del islamismo político en Marruecos. En un cónclave de la organización celebrado en febrero, el movimiento religioso presentó una nueva plataforma política. Su perfil detallado equivale a un programa electoral, con novedosas menciones a la economía de mercado y a la integración de los jóvenes y las mujeres en la sociedad. Sin embargo, omite cuestionar, como era una constante en el pasado, el papel del monarca como comendador de los creyentes, de líder religioso indiscutible del país magrebí.

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