Rudy Giuliani y Mark Meadows, entre los 18 imputados por orquestar un fraude electoral en Arizona

La Gran Mentira de Donald Trump llega a los tribunales. Un Gran Jurado ha encontrado este miércoles elementos suficientes para procesar penalmente a 18 personas que afirmaron que el expresidente había ganado el Estado de Arizona en las presidenciales de 2020. Entre los acusados se encuentran el abogado Rudy Giuliani y Mark Meadows, quien fue el jefe de Gabinete de la Casa Blanca. También enfrentarán los cargos once militantes republicanos que planearon un fraude para evitar que Joe Biden se quedara con los votos de Arizona en el Colegio Electoral. Donald Trump aparece como co conspirador, pero no ha sido imputado.

Los cargos incluyen fraude, falsificación y conspiración, ha informado esta tarde Kris Mayes, la fiscal general de Arizona, del partido demócrata. Los nombres de Giuliani, Meadows y John Eastman, otro de los letrados que trabajaron con Trump, han sido tachados de la acusación entregada por el Gran Jurado. La oficina de Mayes ha explicado a través de un comunicado que estos nombres, revelados por la prensa, se harán públicos una vez que se les notifique personalmente del proceso.

“No voy a permitir que se socave la democracia en Estados Unidos. Esto es demasiado importante”, afirmó Mayes en un video publicado tras la opinión del Gran Jurado.

El documento de acusación identifica a Giuliani, apodado “el alcalde”, com responsable de esparcir señalamientos de fraude sin pruebas. “Presidió una reunión en el centro de Phoenix el 30 de noviembre de 2020 en la que dijo falsamente que los funcionarios electorales del Estado ‘no estaban haciendo ningún esfuerzo por encontrar’ si el resultado de las elecciones era el correcto”, señala el texto en sus 60 páginas. El exregidor de Nueva York también presionó a supervisores locales y a legisladores para cambiar el resultado. En diciembre, fue condenado a pagar 148 millones de dólares por difamar a funcionarias electorales de Georgia.

Un portavoz del alcalde caído en desgracia, Ted Goodman, aseguró en un comunicado que la nueva acusación es otra prueba de cómo “el sistema de Justicia estadounidense se está convirtiendo en un arma, lo que debe de preocupar a todos”. El abogado de Meadows ha calificado el nuevo proceso de estar “obviamente motivado por intereses políticos” y que se defenderá en los tribunales. El letrado defensor de Eastman ha dicho que su cliente es “inocente”.

La imputación ha llegado después de una investigación realizada por la Fiscalía durante un año. Después de los comicios del 3 de noviembre de 2020, los acusados “hicieron falsas afirmaciones de un supuesto fraude en Arizona para presionar a funcionarios electorales y así cambiar el resultado de una votación democrática”, señala la acusación. El resultado de los comicios fue avalado por la Junta de Supervisores del condado de Maricopa (Phoenix), la Secretaria de Estado (demócrata) y el gobernador, el entonces republicano Doug Ducey.

A pesar de que dichas autoridades avalaron la apretada victoria de Joe Biden sobre Trump, de solo 10.457 sufragios, once militantes del partido republicano enviaron una carta al Congreso afirmando que el entonces presidente había sido en realidad el ganador en la entidad. Son once electores porque Arizona tiene once votos en el Colegio Electoral (se calculan por los nueve congresistas federales y dos senadores). La de Biden había sido el primer triunfo de un candidato demócrata en la entidad en 20 años.

Los once ciudadanos son Kelli Ward, la presidenta del partido republicano estatal; Tyler Bowyer; Nancy Cottle; Jacob Hoffman, un congresista local electo; Anthony Kern, miembro del Congreso estatal; James Lamon; Robert Montgomery; Samuel Moorhead; Lorraine Pellegrino; Gregory Safsten, director ejecutivo del partido y Michael Ward.

Estos se reunieron en Phoenix el 14 de diciembre de 2020 para firmar un certificado en el que afirmaron estar “capacitados para elegir” a Trump como ganador de los comicios. La ceremonia fue grabada y subida a las redes sociales del partido republicano en Arizona. La ley, no obstante, impide a los electores votar por alguien cuya victoria no fue certificada por las autoridades locales. Por esto, la moción fue ignorada por los Archivos Nacionales.

El grupo de los falsos electores también emprendió una batalla judicial para arrebatar a Biden de su triunfo en el Estado. En total, la Justicia local procesó ocho demandas sobre supuestos fraudes electorales que habían favorecido al candidato demócrata. Las autoridades no encontraron ninguna prueba de esta supuesta trama para favorecer a Biden. La acusación sirvió, en cambio, para alimentar las teorías conspiranoicas de muchos partidarios de Trump en el Estado, entre ellos Kari Lake, la candidata trumpista al Gobierno estatal y que actualmente aspira a llegar al Senado en los comicios de noviembre.

Arizona no es el único Estado donde se siguen procesos penales contra los falsos electores de Trump. En Nevada hay seis republicanos en el banquillo, quienes se han declarado no culpables. En Michigan hay otras 16 personas que enfrentan cargos de falsificación y conspiración. En Wisconsin, otras diez personas encaran un procedimiento civil.

El caso de Georgia es uno de los que más notoriedad ha cobrado. El expresidente Trump fue imputado junto a otras 17 personas. Este, sin embargo, se ha desinflado para la Fiscalía después de que el juez del proceso desechara algunas de las acusaciones, entre ellas la que se derivaba de una llamada en la que el expresidente pedía a un funcionario estatal encontrar 11.780 votos para triunfar en el territorio.

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