La impunidad tras la muerte de civiles pone en duda la voluntad de Israel de aclarar el ataque a World Central Kitchen

Rachel Corrie tenía 23 años cuando una enorme excavadora militar Caterpillar D9R la embistió en Rafah, en el sur de Gaza, el 16 de marzo de 2003 y la aplastó hasta la muerte con su pala, según numerosos testigos. Después de arrollar a la activista, el conductor dio marcha atrás y le pasó de nuevo por encima. Aún respiraba cuando dijo: “Creo que tengo la espalda rota”. Corrie, que trataba de evitar que el buldócer destruyera una casa palestina, era estadounidense. También lo era uno de los siete cooperantes de la ONG World Central Kitchen (WCK) que el lunes perecieron cuando Israel atacó su convoy con tres misiles, según el diario Haaretz, unas muertes que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha definido como un “error no intencionado” y cuyas circunstancias se ha comprometido a aclarar a través de una investigación “exhaustiva”.

Ese mismo adjetivo, “exhaustiva”, fue el que utilizó en 2003 el entonces primer ministro israelí, Ariel Sharon, cuando prometió al presidente George Bush indagar sobre la muerte de Corrie. Más de 20 años después, nadie ha rendido cuentas por el final que corrió la joven estadounidense.

En agosto de 2012, un tribunal israelí exoneró al conductor de la excavadora y al ejército del país de cualquier responsabilidad en su muerte. Cuando los padres de la joven presentaron luego una demanda civil en Israel, otro tribunal culpó a la víctima de su propio fallecimiento, al asegurar que ella misma había provocado lo que definió como “un accidente”. Washington se limitó entonces a señalar que la investigación israelí no había sido satisfactoria. La empresa estadounidense Caterpillar siguió proporcionando al ejército de Israel excavadoras como la que mató a la joven. En 2012, Amnistía Internacional subrayó que la muerte de Corrie, una civil claramente identificada como tal —vestía un chaleco fluorescente naranja—, a manos de militares israelíes demostró la “constante de impunidad” que rodea los crímenes cometidos por el ejército de ese país contra civiles.

Ese y otros precedentes hacen temer ahora a activistas de derechos humanos que también las muertes de los cooperantes de WCK queden impunes. “No sabemos qué va a pasar, pero, en líneas generales, tememos que la investigación acabe con un blanqueo [de los responsables]”, afirma Sarit Michaeli, jefa de incidencia internacional de la organización de derechos humanos israelí B’Tselem. Esta activista señala que basándose en la “experiencia” de su organización, incluso en los casos infrecuentes en los que hay rendición de cuentas por la muerte de civiles a manos de militares, esta se produce a un “nivel muy bajo”. Alude a quien aprieta el gatillo o dispara el dron, y “nunca a los niveles altos de quienes deciden, por ejemplo, cómo Israel tiene que usar su potencia de fuego en Gaza”.

Otros casos del pasado apuntalan este temor. El 2 de mayo de 2003, el realizador británico de 34 años James Miller murió tiroteado por un francotirador israelí en el campo de refugiados de Rafah mientras grababa un documental de nombre profético Muerte en Gaza. Un estudio de la policía de Londres determinó que la bala en el cuello que lo mató era del mismo tipo que usa el ejército de Israel. La Fiscalía británica pidió que se procesara al soldado que disparó. Israel hizo caso omiso de esa petición.

Poco antes, el 11 de abril, otro activista, también británico, Tom Hurndall, de 21 años, recibió un balazo en la cabeza cuando trataba de proteger de los disparos de un soldado a unos niños de Gaza, igualmente en Rafah. La investigación israelí culpó, también en esta ocasión, a la víctima de su propia muerte, que tildó de “accidente”, asegurando que el joven ejercía de “escudo humano” de militantes palestinos.

En este caso, el francotirador sí fue condenado, a ocho años y medio de cárcel, de los que cumplió seis y medio. En el juicio, el militar arguyó que el ejército de Israel tenía como política disparar a civiles desarmados. La familia Hurndall no logró que se aclarara si este soldado, un palestino con ciudadanía israelí, obedecía órdenes.

Brecha entre la imagen y la realidad

“La búsqueda de una investigación imparcial por parte de la familia Hurndall muestra claramente la brecha que existe entre la imagen de [estar llevando a cabo] investigaciones que ofrece la unidad de relaciones públicas del ejército israelí y la realidad”, dictaminó en 2005 un informe de Human Rights Watch (HRW) titulado Promoviendo la impunidad.

HRW obtuvo una copia en inglés del resumen de la investigación israelí sobre el tiroteo en el que murió el activista. “Más de la mitad” de sus páginas se consagraba a estadísticas sobre “ataques palestinos, túneles utilizados para el contrabando” y críticas a la organización de la que formaba parte el joven, argumentos similares a los desplegados por Israel durante la actual guerra de Gaza para justificar los ataques a civiles.

No por ello HRW concluía que el ejército israelí había cubierto las muertes de civiles extranjeros con una opacidad mayor de lo que acostumbra. Todo lo contrario. “Los incidentes en los que las fuerzas israelíes han matado a occidentales se investigan con más frecuencia que las muertes de civiles palestinos. Esto se debe en parte a que las Fuerzas de Defensa de Israel y el Gobierno israelí son muy sensibles al impacto mediático de tales asesinatos. También a que las familias de las víctimas tienen mayor acceso a recursos financieros, mediáticos y técnicos”.

Más recientemente, en 2022, Israel dio carpetazo a la muerte en Yenín (Cisjordania) de la periodista palestinoestadounidense de Al Jazeera Shireen Abu Akleh definiéndola como un “error”. Las autoridades israelíes solo reconocieron la autoría de sus militares una vez que los vídeos y las investigaciones de Naciones Unidas y EE UU la demostraron inequívocamente. El soldado que mató a la periodista de un balazo en la cabeza tampoco ha sido juzgado. Previamente, Israel había atribuido el disparo a militantes palestinos.

“Lo que diferencia el caso de los siete trabajadores de WCK muertos el lunes”, recalca la activista de B’Tselem, es que “no se trata de palestinos”. Cuando un militar israelí mata a un civil extranjero, “hay algo más de escrutinio mediático, y de voluntad de Israel de reconocer un error, mientras que con los palestinos normales y corrientes de Gaza, el hecho de que ellos, o sus madres, sean asesinados solo tiene como consecuencia que Israel los defina como terroristas”, subraya Michaeli.

Los datos de otra ONG israelí de derechos humanos, Yesh Din, confirman que cuando un militar o un civil israelí mata a un palestino muchas veces ni siquiera se investiga lo sucedido. En diciembre de 2022, antes de la guerra de Gaza, solo 11 casos, el 4,4% de las 248 investigaciones abiertas por ataques a palestinos y sus propiedades entre 2017 y 2021, desembocaron en la apertura de causas judiciales. En las escasas ocasiones en las que un militar o un colono israelí se sienta en el banquillo por matar o herir a un palestino, las condenas son extremadamente leves, denuncia Yesh Din.

En 2016, B’Tselem divulgó un vídeo en el que se veía a un militar matando de un tiro en la cabeza a un palestino herido e inmóvil en el suelo que supuestamente había tratado antes de apuñalar a otro soldado. El militar que apretó el gatillo no había sido inculpado, pero esas imágenes que se hicieron virales provocaron que fuera detenido y procesado. Solo estuvo nueve meses en prisión. Cuando fue liberado, decenas de personas lo recibieron como un héroe.

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