El Sahel se convierte en el epicentro del terrorismo mundial

El Sahel se ha convertido en 2023 en el epicentro del terrorismo mundial, con una de cada tres muertes por esta causa en todo el planeta, según el Índice de Terrorismo Global publicado por el Instituto para la Economía y la Paz. La llegada al poder de juntas militares en los tres países más afectados por la expansión del yihadismo, Burkina Faso, Malí y Níger, y sus intentos de recuperar por la fuerza parte del territorio que habían perdido ante los grupos armados están detrás de este incremento de la actividad terrorista. La situación es especialmente preocupante en Burkina Faso, que lidera por primera vez la estadística mundial con 1.907 de los 8.352 asesinados por terrorismo en el mundo en 2023. Malí ocupa la tercera posición con 753 fallecidos y Níger la décima con 468, lo que eleva los muertos en el Sahel central a 3.128 en un año.

El conflicto, que comenzó en el norte de Malí en 2012 y luego se extendió a sus dos países vecinos, ha provocado decenas de miles de muertos en una década, pero se ha intensificado en los últimos meses tras la toma del poder por los militares. “En buena medida, los golpes de Estado se produjeron por la degradación de la situación en materia de seguridad. Pero si se atiende a la evolución antes y después de los golpes, no da la impresión de que haya mejorado; al contrario, se ha deteriorado en los tres países”, asegura Ibrahim Yahaya, coordinador para el Sahel del International Crisis Group (ICG).

En Malí, la asonada militar de mayo de 2021 llevó al poder al coronel Assimi Goïta, quien, tras la ruptura de los lazos que le unían con Francia, estableció una alianza estratégica con la Rusia de Vladímir Putin. Gracias al apoyo militar de unos 1.500 mercenarios de Wagner presentes en suelo maliense, lanzó una ofensiva contra los grupos yihadistas que operan en el centro del país y, desde mediados de 2023, otra contra los grupos armados independentistas tuaregs en el norte. Las victorias obtenidas en ambos frentes, aunque no son definitivas, han reforzado el poder de Goïta y han ampliado su respaldo popular.

El precio a pagar ha sido una generalización de la violencia contra los civiles protagonizada tanto por el ejército maliense como por los miembros de Wagner. La revelación de la masacre de Moura a finales de marzo de 2022, en la que, según la ONU, fueron ejecutadas unas 500 víctimas civiles y violadas unas 60 mujeres por mercenarios rusos y soldados malienses, provocó la expulsión, un año más tarde, de la misión de Naciones Unidas de Malí. Solo en el último año, unas 100.000 personas han huido del norte del país hacia Argelia, Níger o Mauritania. Fuentes de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) hablan de una “violencia sistemática y sin precedentes” contra la población civil y, en particular, contra las comunidades tuaregs que han apoyado tradicionalmente la rebelión.

Ruptura con Occidente

En Burkina Faso, la prioridad de la junta militar que tomó el poder en septiembre de 2022 ha sido desde el primer momento la lucha contra los grupos yihadistas que ocupan más de la mitad de su territorio, particularmente el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM) y la Provincia de Estado Islámico del Sahel, antes EIGS. Sin embargo, la ruptura de las nuevas autoridades militares con Occidente ha debilitado las capacidades de sus Fuerzas Armadas y las divisiones internas en el seno del ejército, con amenazas de levantamientos militares, han obligado al presidente Ibrahim Traoré a extremar la precaución. De hecho, los instructores rusos que han aterrizado en Burkina Faso han sido vistos sobre todo en la capital, Uagadugú, más para garantizar la seguridad del mandatario que para ir a luchar al frente militar.

“Esas tensiones internas hacen que sea difícil movilizar a todos los elementos del ejército. Además, les faltan medios, tanto humanos como materiales”, asegura Yahaya. La estrategia de combate burkinesa se apoya en buena medida en los Voluntarios para la Defensa de la Patria (VDP), unos 80.000 civiles repartidos por todo el territorio, casi siempre con escaso armamento y formación, que se han convertido en la primera línea de defensa ante los yihadistas. Los asesinatos de civiles se producen casi a diario: las fuerzas de seguridad han cometido masacres contra ciudadanos a los que acusan de complicidad con los terroristas mientras que estos asesinan a los integrantes de los VDP o arrasan los pueblos de donde proceden, en una suerte de espiral de violencia sin fin.

Finalmente, en Níger los grupos yihadistas han ido ganando terreno tras el golpe de Estado del verano pasado, y de sus posiciones iniciales en Tillabéri y Diffa se han extendido a localidades próximas a la frontera noroccidental de Nigeria como Dosso y Tahoua. Con los militares más preocupados por consolidar su poder en la capital, Niamey, los islamistas radicales se asientan progresivamente. Tras expulsar a las fuerzas francesas, las nuevas autoridades nigerinas se aproximan también a Rusia. “Sin embargo, hay apoyos y reticencias en el seno del ejército” respecto al modelo de cooperación militar con Moscú, según Yahaya, “unos piensan que se puede hacer frente al yihadismo sin ayuda y otros que sí van a necesitar a Rusia”.

Ante el vacío creado por la ruptura con Occidente, y en particular con Francia, las tres juntas militares han decidido mutualizar sus esfuerzos de defensa a través de la Alianza de Estados del Sahel (AES), que evoluciona rápidamente de pacto exclusivamente militar a una organización política y económica regional al margen de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao). La fortaleza de esta nueva estructura es su autonomía del exterior. “En el lago Chad, la fuerza multinacional conjunta, pilotada por Nigeria, ha logrado infligir severas derrotas a Boko Haram, que está muy debilitado. Desde esa perspectiva, la AES tiene todo el sentido”, añade el coordinador para el Sahel del ICG.

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