Las acusaciones de antisemitismo ponen contra las cuerdas a las universidades de Estados Unidos

Los campus de EE UU se han convertido en la retaguardia de la guerra de Gaza. Las numerosas manifestaciones propalestinas y el ambiente de hostilidad e inseguridad que dicen sentir muchos estudiantes judíos han puesto contra las cuerdas a los rectorados, que se debaten entre la protección del derecho constitucional a la libertad de expresión y las presiones de patronos y donantes para que los centros atajen, e incluso castiguen, cualquier manifestación considerada antisemita. La crisis, cada vez más enconada, ya se ha cobrado su primera víctima, la rectora de la Universidad de Pensilvania, Liz Magill, que presentó su dimisión el sábado, arrastrando al presidente de la junta de patronos.

En un ejercicio de oportunismo político, los republicanos han visto una oportunidad de oro para arremeter contra los campus, que consideran bastiones de la izquierda radical y de las teorías woke, pero esta vez han contado con unos aliados insospechados, los demócratas: en cuestiones de antisemitismo, como en lo relativo a la ayuda a Israel, no hay medias tintas y los dos partidos cierran filas, salvo unos pocos nombres del ala progresista de los demócratas. Porque el encendido debate sobre el antisemitismo en los campus no es solo una manifestación más de las guerras culturales entabladas por los republicanos contra sus adversarios; es una cuestión visceral, que la guerra de Gaza ha exacerbado.

Una petición en línea reclamando la dimisión de Liz Magill, que en pocas horas acumuló 24.000 firmas, fue la semana pasada la puntilla que precipitó la dimisión de la rectora de Penn, como se conoce a la Universidad de Pensilvania, perteneciente a la exclusiva Ivy League. Magill había comparecido un día antes ante el Comité de Educación de la Cámara de Representantes, bajo control republicano, junto con sus colegas de Harvard, Claudine Gay, y el MIT, Sally Kornbluth. Lejos de calmar los ánimos, las evasivas respuestas de las tres mujeres a un interrogatorio inquisitorial por parte de los miembros del Comité aventaron más las críticas. Congresistas y donantes consideraron que las rectoras se habían puesto de perfil a la hora de condenar de manera explícita llamamientos al genocidio de los judíos en los campus; los demócratas consideraron el viernes “inaceptables” sus respuestas.

La amenaza de un donante de Penn de retirar su contribución de 100 millones de dólares, sumada a la petición online y a duras críticas del Gobernador de Pensilvania e incluso de la Casa Blanca, determinaron la dimisión de Magill. La rectora de Harvard parecía la siguiente en la lista, pero, después de que el claustro le manifestase su apoyo mediante una carta con más de 700 firmas, la junta de gobierno de la universidad ha anunciado este martes que apoya la continuidad de Gay al frente de la institución. “Nuestras extensas deliberaciones reafirman nuestra confianza en que Gay es el líder adecuado para ayudar a nuestra comunidad a recuperarse y abordar los graves problemas sociales a los que nos enfrentamos”, dice el comunicado emitido por la junta.

En juego, además de ideas irreconciliables, está el millonario presupuesto de las universidades de élite. Pensilvania tiene un presupuesto de 21.000 millones de dólares y Harvard, de 50.000 millones, y la fuga de donantes insatisfechos con la gestión de las protestas por la guerra ha abierto una peligrosa vía de agua. Pero el aumento de las denuncias de incidentes antisemitas (en ocasiones, un simple eslogan en pro de un alto el fuego o un grito de intifada, percibidos de manera amenazante por algunos estudiantes) también ha provocado una investigación del Departamento de Educación que ya alcanza a una docena de centros, entre ellos Harvard, Pensilvania y Columbia, en Nueva York, puede que el impulsor del debate. Todos ellos deberán responder por la presunta infracción del Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohíbe la discriminación por motivos de raza, color u origen. Los programas acusados de infringir este título podrían perder la financiación federal. Una de las demandas, firmada por un estudiante israelí de último curso de Penn, afirma que la universidad se ha convertido en “una incubadora del virulento odio antijudío”.

La tibieza con que Magill, al igual que Gay, respondió a las incisivas preguntas de la republicana Elise Stefanik, confesa trumpista y vehículo de teorías conspiradoras como la del gran reemplazo, determinó su final. En un minuto de oro que se volvió viral, solo un clip de las más de cinco horas de sesión, Stefanik azuzó a las rectoras preguntándoles si los llamamientos al genocidio de judíos coreados en algunas protestas violaban el código de conducta de la universidad. “Depende del contexto”, contestaron Magill y Gay, subrayando la obligación constitucional de preservar el debate de ideas y la libre expresión. Las dos habían sido entrenadas legalmente por un importante bufete y se enfrentaron a la comisión como si se tratara de un juicio, no de una comparecencia supuestamente informativa.

Críticas por un festival palestino previo a la guerra

“No mostraron emoción ni angustia, y se limitaron a responder como si fuera un examen de matemáticas”, criticó el representante demócrata Steve Cohen, judío progresista. Sus respuestas, tendentes a no comprometerlas, alimentaron aún más la bronca y ambas se vieron obligadas a rectificar un día después, asegurando que cualquiera que invoque la violencia tendrá que responder de ello. Dos días más tarde, Magill renunció. La republicana Stefanik afirmó que su dimisión es “solo el principio”, y que la siguiente será Gay. “Esta dimisión forzada de la rectora de Penn es lo mínimo que se puede exigir”, publicó en la red social X (antes Twitter).

Pero la mordaza va más allá. A Magill también se le echó en cara haber permitido la celebración en septiembre —días antes del atroz ataque de Hamás que desencadenó la guerra— de un festival de literatura palestina que contó, entre otros oradores especialmente críticos con Israel, con el músico de Pink Floyd Roger Waters. Para Peter Beinart, profesor de la Universidad de Nueva York y autor de un excelente blog sobre la cuestión palestino-israelí, las protestas universitarias en las que se corean gritos de intifada o “del río al mar” (expulsar a los judíos desde el Jordán al Mediterráneo) y su equiparación con el antisemitismo y los llamamientos a la violencia “son un disparate fuera de lugar y un esfuerzo por controlar el discurso sobre Israel y Palestina”, ha escrito en X. Beinart considera que la polémica es una maniobra de distracción para alejar el foco de lo que sucede en Gaza.

La Fundación para los Derechos Individuales y la Expresión (FIRE), que defiende a ultranza la libertad de expresión en los campus, ha defendido también a las rectoras, argumentando que el contexto sí importa y que la censura sería en última instancia más perjudicial que el propio discurso. “Incluso una prohibición estricta de los llamamientos al genocidio —un término con un significado controvertido— se aplicaría inevitablemente de forma arbitraria o discriminatoria”, ha advertido el grupo en X.

Como recordaba la agencia Associated Press el domingo al resumir la polémica, un cántico popular coreado en las manifestaciones propalestinas se ha tergiversado como llamamiento al “genocidio” judío. “Israel, te acusamos de genocidio” es un estribillo típico que se escucha en las marchas a favor de los palestinos, explica la agencia, que ha recorrido más de una docena de campus de EE UU. Tanto propalestinos como projudíos presentes en esas protestas admiten que los manifestantes no han gritado: “Queremos un genocidio judío”, asegura la agencia.

A medida que aumenta el balance de víctimas en Gaza, una proporción cada vez mayor de las manifestaciones celebradas en ciudades estadounidenses han sido en apoyo de los palestinos, según un rastreador del Proyecto de Datos sobre Localización y Sucesos de Conflictos Armados. A la vez, casi la mitad de las protestas proisraelíes registradas en todo el mundo han tenido lugar en EE UU, según la misma herramienta. Los sondeos de opinión muestran que los estadounidenses más jóvenes, en particular, simpatizan más con los palestinos desde que comenzó el conflicto.

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