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El Gobierno alemán profundiza su crisis al no lograr pactar el presupuesto antes de final de año

Los tres partidos de la coalición siguen discutiendo de dónde recortar para tapar el agujero de 17.000 millones de euros que ha dejado en las cuentas de 2024 una demoledora sentencia del Constitucional

Christian Lindner y Robert Habeck
Christian Lindner (izquierda) hablaba con Robert Habeck, el pasado 28 de noviembre en el Bundestag.LIESA JOHANNSSEN (REUTERS)
Elena G. Sevillano

Imposible. Los tres partidos que forman la coalición de Gobierno alemana han renunciado a dejar listo el presupuesto para 2024 antes de que acabe el año. Pese a que llevan días prácticamente encerrados y reunidos en horario nocturno para ponerse de acuerdo sobre dónde recortar, no han conseguido llegar a puntos comunes a tiempo para que pueda salir adelante el trámite parlamentario en lo que queda de diciembre. Así lo ha reconocido una de las líderes del grupo parlamentario de los socialdemócratas del canciller Olaf Scholz, Katja Mast, en un mensaje a sus compañeros del Bundestag filtrado este jueves a varios medios alemanes.

El mensaje subraya las enormes dificultades que el tripartito de socialdemócratas, verdes y liberales está encontrando para salir de la espinosa crisis presupuestaria y política que ha desencadenado una sentencia del Tribunal Constitucional del mes pasado. La alianza entre las tres formaciones se tambalea desde que los jueces de Karlsruhe calificaran de inconstitucional una maniobra contable para reasignar 60.000 millones de un fondo especial creado durante la pandemia a otro, también extrapresupuestario, para proyectos relacionados con el clima y la transformación industrial. El revés judicial ha obligado al Gobierno de la principal economía europea a suspender el llamado “freno de la deuda” consagrado en la Constitución de forma retroactiva para poder cuadrar las cuentas de 2023.

Las de 2024 se presentan como otro escollo aún mayor, porque las tres formaciones discuten cómo tapar el agujero presupuestario de 17.000 millones de euros, que ha dejado la sentencia y sus posiciones están, hasta ahora, muy alejadas. Los fondos que se han evaporado tras la sentencia dejan en el limbo el gasto en proyectos de transición energética, modernización de la economía y de bienestar social. Las negociaciones están siendo tan intensas que el político verde con más poder de Europa, el ministro de Economía y Clima alemán, Robert Habeck, no pudo viajar el lunes a la cumbre del clima en Dubái como estaba previsto porque el canciller le pidió que se quedara en Berlín para no interrumpir las conversaciones a tres bandas.

“Aunque hemos hecho todo lo posible, el presupuesto para 2024 ya no puede salir adelante este año”, dice el mensaje de Mast, según los medios alemanes. Las conversaciones entre Scholz, Habeck y el líder de los liberales del FDP y ministro de Finanzas, Christian Lindner, continuarán el viernes y los socialdemócratas aseguran que se espera que puedan alcanzar un acuerdo antes de la pausa navideña. “Olaf confía en que se pueda alcanzar un resultado en los próximos días”, añade el texto filtrado de la diputada, el primero que reconoce lo que ya parecía inevitable los últimos días: que la crisis se prolongará hasta bien entrado el próximo ejercicio.

Al no haber aprobado las cuentas, el año empezará con un presupuesto temporal que permite seguir atendiendo servicios esenciales, como pensiones y prestaciones sociales, pero que dejará congeladas otras partidas, como las relacionadas con la transición ecológica y las millonarias subvenciones prometidas a fabricantes de chips como Intel y TSMC para que instalen sus fábricas en Alemania. La sentencia del Constitucional ha sumido en un caos toda la arquitectura que sostiene el gasto público, que se basaba en buena medida en fondos extrapresupuestarios diseñados para esquivar la estricta limitación del déficit público que Alemania inscribió en su Ley fundamental en 2009, poco después de la crisis de deuda soberana.

Las peleas sobre el presupuesto de 2024 han despertado los recelos de la industria, preocupada por mantener la competitividad de sus empresas y evitar la deslocalización al extranjero. También en Bruselas miran con desasosiego hacia Berlín. Si la mayor economía de la UE se queda rezagada en las muy necesarias transiciones ecológica y digital, y si incumple los objetivos de reducción de emisiones, eso acarrearía repercusiones para toda la Unión. De momento, ya se están viendo algunas consecuencias, como que Alemania se ha quedado sin margen de maniobra para financiar los aumentos presupuestarios que quiere acometer la UE.

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Las conversaciones entre las tres patas del Ejecutivo no versan solamente sobre recortes; Scholz, Habeck y Lindner discuten también la posibilidad de suspender de nuevo el freno de la deuda en 2024, lo que supondría congelar el límite al endeudamiento por quinto año consecutivo. Lo estuvo entre 2020 y 2022 por la pandemia y la guerra de Ucrania, y ahora de nuevo por el revés judicial, aunque aún no lo ha votado el Bundestag y el lunes el Tribunal Federal de Cuentas advirtió de que el presupuesto suplementario para 2023 es “extremadamente problemático según la ley constitucional”. A medio plazo, podría volver a dar problemas si algún partido presenta una demanda, como hicieron los democristianos con la reasignación de fondos de la pandemia.

Al no poder sacar el dinero de los fondos especiales, el recorte de 17.000 millones en las cuentas de 2024 es la tarea más urgente para el tripartito, pero las formaciones tienen prioridades contradictorias, como se ha podido comprobar en numerosas ocasiones en sus casi dos años de mandato. Ahora el liberal Lindner se niega a suspender el freno de la deuda, rechaza de plano subir impuestos y tampoco está dispuesto a renunciar a determinadas ayudas a las empresas. Su partido sugiere recortar prestaciones sociales, una absoluta línea roja para los socialdemócratas de Scholz, o subvenciones verdes. Los ecologistas, que ya han tenido que tragar muchos sapos desde que entraron en el Gobierno (prolongar la energía nuclear, volver a poner en marcha centrales de carbón o renunciar a sus planes para sustituir calefacciones de gas), no quieren ni oír hablar de recortar en inversiones destinadas a acelerar la transición hacia energías limpias.

“Esto no es una crisis”, dijo este jueves Lindner en Bruselas a su llegada a una reunión de ministros de Economía: “El Estado es plenamente capaz de actuar: no se cerrará ninguna oficina ni se dejará de pagar ningún sueldo y nadie que espere ayuda se quedará sin recibirla”. Y añadió que el acuerdo llegará en cuestión de días. Desde el SPD, su secretario general, Kevin Kühnert, insistió también en que no habrá problema en aprobar los presupuestos en enero. “Nos esforzamos por alcanzar un acuerdo antes de las Navidades, pero no llegaremos a un mal compromiso a costa de millones de asalariados, pensionistas y los más pobres de la sociedad”, aseguró.

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Sobre la firma

Elena G. Sevillano
Es corresponsal de EL PAÍS en Alemania. Antes se ocupó de la información judicial y económica y formó parte del equipo de Investigación. Como especialista en sanidad, siguió la crisis del coronavirus y coescribió el libro Estado de Alarma (Península, 2020). Es licenciada en Traducción y en Periodismo por la UPF y máster de Periodismo UAM/El País.

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