Alemania suspende el límite constitucional al endeudamiento para capear la grave crisis presupuestaria

El Gobierno alemán suspende de nuevo el conocido como freno de la deuda, el límite al endeudamiento que recoge su Constitución y que había vuelto a estar vigente tras su suspensión entre 2020 y 2022 por la pandemia de coronavirus, primero, y por la crisis energética provocada por la invasión rusa de Ucrania, después. La decisión, anunciada en una brevísima comparecencia sin preguntas del ministro de Finanzas, el liberal Christian Lindner, es consecuencia directa de la demoledora sentencia del Tribunal Constitucional que la semana pasada desbarató todos los planes de gasto del Ejecutivo y sumió a la ya inestable coalición del canciller Olaf Scholz en la peor crisis de sus casi dos años de legislatura.

Lindner anunció este jueves por la tarde que la próxima semana presentará al Consejo de Ministros un proyecto de presupuesto suplementario para 2023, que los medios económicos alemanes estiman en unos 45.000 millones de euros. La comparecencia duró apenas un minuto, en el que Lindner, defensor a ultranza del freno de la deuda y de la contención fiscal, evitó pronunciar la palabra schuldenbremse (freno de la deuda), salvo al inicio, cuando reconoció que la sentencia del tribunal de Karlsruhe ha abordado extensamente la interpretación del límite constitucional y que ahora es necesario actuar en consecuencia.

El fallo judicial ha supuesto un varapalo para la financiación de la lucha contra la crisis climática y la modernización de la industria alemana cuyas consecuencias aún no están del todo claras. De momento, ha provocado una crisis inaudita que ha obligado a aplazar indefinidamente las negociaciones parlamentarias sobre el presupuesto del año que viene y a congelar todas las partidas de gasto de los ministerios, salvo los pagos estrictamente necesarios, hasta nueva orden. El departamento de Lindner también ha inmovilizado los fondos destinados a la ayuda militar a Ucrania y el crucial Fondo de Estabilización Económica (WSF, por sus siglas en alemán), un instrumento extrapresupuestario dotado con 200.000 millones de euros.

Los jueces de Karlsruhe declararon inconstitucional una maniobra contable con la que la recién llegada coalición de socialdemócratas, verdes y liberales decidió, a finales de 2021, reasignar 60.000 millones de euros de deuda no utilizada durante la pandemia de coronavirus al Fondo para el Clima y la Transformación. El fallo borró de un plumazo esos 60.000 millones (equivalentes al 1,5% del PIB alemán) del fondo especial con el que se subvenciona la extensión de las energías renovables o la modernización de la obsoleta red ferroviaria alemana, entre otros proyectos clave para la transición ecológica de la primera economía de la Unión Europea.

“Ahora existe una nueva claridad jurídica sobre cómo debemos tratar los activos especiales y los préstamos de emergencia y estamos extrayendo las consecuencias de ello”, aseguró Lindner. “A partir de ahora, los gastos, sobre todo los destinados a frenar las tarifas de la electricidad y el gas, tendrán una base constitucionalmente segura. Para ello es necesario este presupuesto suplementario”, añadió. El Gobierno se prepara así para aumentar significativamente el endeudamiento este año, con esos 45.000 millones adicionales, que se destinarán sobre todo a garantizar legalmente, con carácter retroactivo, las ayudas a hogares y empresas para sufragar los elevados precios de la energía.

Alemania consagró el freno de la deuda en su Constitución en 2009, cuando no hacía tanto que se había ganado el apelativo de “enfermo de Europa” y quería volver a la rectitud fiscal y dejar atrás el despilfarro de otras épocas. La norma indica que el endeudamiento no debe superar el 0,35% del producto interior bruto alemán anual, salvo en casos de emergencia muy tasados. Para suspender la norma, el Gobierno deberá justificar esa emergencia extraordinaria cuando la voten los diputados del Bundestag, donde la mayoría simple que suman los tres partidos del Gobierno garantiza que será aprobada.

En los últimos días ha arreciado el debate en Alemania sobre la necesidad de reformar el schuldenbremse, lo que exigiría modificar la Constitución. Muchos economistas, pero también miembros destacados de la coalición de Gobierno, están poniendo en duda la sensatez de tan rígido límite al déficit público en un momento en el que el país necesita enormes inversiones para ponerse al día y lograr sus objetivos de descarbonización. La austeridad autoimpuesta de Alemania se le ha vuelto en contra de la peor manera posible.

Peligra el presupuesto de 2024

Lindner aseguró que el presupuesto de 2024 solo podrá debatirse cuando haya “una situación constitucionalmente segura”, lo que dificulta cumplir el calendario previsto de aprobación de las cuentas. Iban a votarse en el Bundestag el 1 de diciembre y llegar al Bundesrat (la cámara alta del Parlamento alemán) el 15 de diciembre. No está nada claro ahora que Alemania tenga nuevo presupuesto antes de que acabe el año. Según la coalición, aún existe la posibilidad de acortar plazos y celebrar sesiones extraordinarias.

Sustituir los 60.000 euros del fondo del clima no va a ser sencillo pese al endeudamiento suplementario anunciado por Lindner. Aunque el fondo cuenta con ingresos como el precio del CO2, esa cantidad no es suficiente para abordar los proyectos ya comprometidos. Los tres partidos de la coalición se han enfangado en una de sus peores crisis al evidenciarse el profundo desacuerdo sobre dónde recortar y qué priorizar, con los liberales apostando por meter la tijera en prestaciones sociales que socialdemócratas y verdes consideran intocables.

Es de prever que el debate sobre la reforma del freno de la deuda no amaine, sino todo lo contrario. Hasta ahora los liberales del FDP y la oposición conservadora de la CDU lo han defendido a ultranza, pero empiezan a aparecer voces críticas también en ese campo. Un presidente regional de los democristianos expresó este jueves sus dudas sobre este límite. “El freno de la deuda es una buena idea para unas finanzas sanas. Sin embargo, considero que su forma actual es peligrosa”, afirma el conservador Kai Wegner, alcalde de la ciudad-estado de Berlín, en su cuenta de la red social X (antes Twitter). “Como vengo diciendo desde hace tiempo, es de temer que el freno de la deuda se convierta cada vez más en un freno para el futuro”, añade.

El líder de su partido, Friedrich Merz, sigue defendiendo que el schuldenbremse, que en su momento Berlín trató de imponer a otros países de la UE, está bien como está. Fue la CDU la que llevó la maniobra contable del fondo del clima a los tribunales. “Por el momento, no veo que sea necesario abordarlo”, aseguró el miércoles por la noche el líder de la oposición en un conocido programa de entrevistas de la televisión pública. Sin el acuerdo de los conservadores no se podría alcanzar la mayoría de dos tercios que requiere cualquier modificación constitucional en Alemania.

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