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Rusia amenaza con encarcelar a los activistas del movimiento LGTBI por considerarlos radicales

Esta misma semana el Kremlin defendió ante la ONU que los derechos del colectivo están protegidos por ley. “Estamos en manos de los fiscales y los agentes de policía”, denuncia un miembro de una asociación

Movimiento LGTBI Rusia
Agentes de la Guardia Nacional rusa bloquean la manifestación del Orgullo de San Petersburgo en agosto de 2019Anton Vaganov (Reuters)
Javier G. Cuesta

El Kremlin perseguirá como si fueran radicales a aquellas personas que manifiesten ser parte de la comunidad LGTBI. El Ministerio de Justicia ruso ha solicitado al Tribunal Supremo que sea declarado “organización extremista” lo que ha llamado “el movimiento LGTBI internacional”, una fórmula de la que se desprende toda la red de asociaciones defensoras de este colectivo en Rusia. Su prohibición implicará que cualquier relación con estos grupos podrá ser motivo de multa e, incluso, un proceso penal.

El Gobierno ruso ha hecho este anuncio apenas cuatro días después de que presentase en Ginebra, ante la ONU, su informe anual sobre la defensa de los derechos humanos en el país. El viceministro de Justicia, Andréi Lóguinov, afirmó que su nación, además de “luchar contra el nazismo”, protege al colectivo LGTBI. “Tanto en la Constitución como en el resto de la legislación rusa, la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género está prohibida. Los derechos de los ciudadanos LGTBI están protegidos en Rusia por las leyes pertinentes”, aseguró.

El acoso en Rusia al colectivo LGTBI ha sido un proceso gradual en la última década, donde uno de sus primeros hitos fue la “ley contra la propaganda homosexual”, aprobada en 2013 para prohibir hablar sobre esta minoría delante de menores. Sin embargo, el cerco ha sido estrechado paso a paso: a finales del año pasado el Gobierno vetó hablar públicamente a favor de las “relaciones no tradicionales”, incluso en conversaciones entre adultos, y prohibió su aparición en las obras de arte bajo la amenaza de enormes multas. En julio de este año, contra los criterios de la Organización Mundial de la Salud, Rusia prohibió la reasignación de género tanto física como en los documentos oficiales. Ahora, con el argumento de defender unos supuestos “valores tradicionales”, llega la ilegalización de cualquier defensa de los derechos de esta minoría.

El Ministerio de Justicia ha anunciado una nueva medida contra la minoría en un breve comunicado que solicita su prohibición en todo el país “tras haber identificado en estos movimientos diversos signos y manifestaciones de orientación extremista, incluida la incitación a la discordia social y religiosa”. El Tribunal Supremo se pronunciará el próximo 30 de noviembre.

“Era esperable. Ni siquiera era un secreto a voces porque nadie ocultaba que estábamos en manos de los fiscales y los agentes de policía”, dice al otro lado del teléfono Vladímir Kómov, socio principal de la organización de abogados y defensora de derechos humanos rusa Delo-LGTBI.

“No estamos en 1937 —el año de la Gran Purga de Stalin—, sino un poco antes. Ahora no hay grandes represiones masivas, es el Terror. Las autoridades operan bajo esta lógica de intimidación: como ya ha ocurrido con otros grupos sociales, aparecerá una determinada lista, probablemente de aquellos que se han ido hace mucho tiempo, a los que se buscará activamente”, pronostica Kómov.

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Según el despacho de abogados, la acusación de extremismo contempla un amplio abanico de castigos que incluyen desde el arresto al bloqueo de las cuentas bancarias. “Lo más probable es que esta ley no afecte a las personas LGBT comunes y corrientes, salvo por el miedo. Está dirigida principalmente a los activistas, a perseguir las actividades de las organizaciones para que se vayan y nadie quiera apoyarlas”, agrega el activista.

La medida ha sido recibida con los brazos abiertos por el entorno del Kremlin. “Gracias a esta iniciativa se levantará una firme barrera contra los valores que están destruyendo a Rusia y nuestra identidad”, ha asegurado Ekaterina Mizulina, miembro de la Cámara Cívica de Rusia —órgano consultivo del Kremlin— y directora de la plataforma Liga por un Internet Seguro. Su afirmación fue respondida con sorna por la activista Ksenia Sobchak, hija del edil de San Petersburgo que introdujo al presidente Vladímir Putin en la política: “Da miedo imaginar cuántos diputados y cuántos miembros del Gobierno tendrán que ser prohibidos [por el veto al movimiento LGTBI]”.

Horas después de conocerse la última ofensiva del Kremlin contra la minoría LGTBI, Putin reiteró su cruzada contra los valores que atribuye exclusivamente a Occidente, aunque muchos de ellos —como la libertad sexual— sean universales. “Una globalización tan vulgar, esa expansión cultural, han dado como resultado la supresión y el empobrecimiento de las culturas y han multiplicado varias veces el potencial de conflicto”, afirmó este viernes el mandatario al justificar de nuevo su Guerra Fría con Occidente.

Putin aseguró en el mismo acto, celebrado en San Petersburgo, que los representantes del colectivo LGTBI “también son parte de la sociedad y tienen derecho a ganar en los concursos de cultura” y “mostrar la vida de las minorías sexuales, los transgéneros y los transformistas”.

Sus palabras coincidieron con otra reflexión del abogado de Delo-LGTBI. “Existe cierta tendencia global en la persecución de las personas LGBTI”, apuntaba Kómov antes de advertir de que tras el acoso a esta minoría subyace una de las causas del enfrentamiento global actual: “La Federación Rusa está tratando de liderar esto para formar ese mundo bipolar del que ahora se habla abiertamente”.

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