El ministro de Justicia francés se sienta en el banquillo por posible conflicto de intereses

Un ministro de Justicia en el banquillo de los acusados. Una Fiscalía que, sobre el papel, está jerárquicamente subordinada al acusado. Y un presidente de la República que, pese a las promesas en campaña, lo mantiene en el cargo. La situación es insólita.

El juicio por supuesto conflicto de intereses a Éric Dupond-Moretti se ha abierto este lunes en la Corte de Justicia de la República (CJR) y se prolongará hasta el 17 de noviembre. Al ministro se le acusa de haber usado el cargo para ajustar cuentas con jueces y fiscales a los que se había enfrentado en su anterior vida profesional, cuando era el abogado más famoso de Francia, un personaje a la vez brillante e histriónico, adicto a las polémicas y feliz en el cuerpo a cuerpo.

Nunca un ministro, en ejercicio de su cargo, había sido juzgado bajo la V República, fundada en 1958. Que sea el titular de Justicia —el Garde des sceaux, o Guardián de los sellos, como históricamente se conoce al ocupante del cargo— lo hace más anómalo todavía.

Uno de sus antecesores, François Bayrou, juzgado también por otro caso en el CJR, abandonó el cargo en 2017, nada más conocerse que se había abierto una investigación. No quería “exponer” al Gobierno ni al presidente que le acababa de nombrar, Emmanuel Macron. La Corte de Justicia de la República se encarga de juzgar a ministros por infracciones cometidas en el cargo. Está compuesta por seis senadores, seis diputados y tres jueces de la Corte de Casación, equivalente del Tribunal Supremo.

“Yo no he contemplado marcharme”, dijo desafiante, hace unos días, Dupond-Moretti a dos periodistas de Le Monde. Tampoco Macron ha querido destituirle, aunque, al llegar al poder hace seis años, decía que “en principio, un ministro debe abandonar el Gobierno si es imputado”. El acusado no prevé acudir, durante los días del juicio, al Consejo de Ministros ni a la sesión de control en la Asamblea Nacional. Pero, mientras rinde cuentas ante la Justicia, seguirá ejerciendo como ministro de Justicia.

El caso es complejo y, como dice Dupond-Moretti a Le Monde, se trata “de actos administrativos”. “¡No me reprochan haber metido la mano en la caja!”, añade. Se expone, si es declarado culpable, a una pena de hasta cinco años de prisión y medio millón de euros de multa. Y entonces sí, debería dejar el cargo.

En la apertura del juicio, el ministro ha declarado: “Para mí y para mis allegados, este proceso es una infamia”. Se ha quejado de que supuestamente se haya vulnerado la presunción de inocencia y de que, desde el momento de su nombramiento, un sector de la magistratura le declarase la guerra por su historial como abogado. En esa época, y debido al alto porcentaje de absoluciones que conseguía para sus clientes, recibía el mote de Acquitator, juego de palabras con la película Terminator y la palabra absolución —acquittement— en francés. “Sin duda, [el actual proceso] es una dura prueba para mí”, ha afirmado, “pero también es un alivio porque he venido a defenderme”.

A Dupont-Moretti se le acusa de haber aprobado desde el ministerio una investigación administrativa contra un juez de instrucción que había imputado a un cliente suyo en Mónaco cuando el ministro ejercía de abogado. También está bajo sospecha por otra investigación administrativa contra tres magistrados de la Fiscalía nacional financiera.

Este segundo caso se origina en una de las múltiples investigaciones al expresidente Nicolas Sarkozy. Los magistrados habían puesto a Sarkozy y a su abogado, Thierry Herzog, bajo escucha. Pero se percataron de que ambos habían empezado a hablar con una línea de teléfono móvil con tarjeta desechable, pues se habían dado cuenta de que eran escuchados. Para averiguar si había un topo que les había informado de las escuchas en sus teléfonos habituales, los investigadores revisaron las facturas telefónicas de varios abogados y personas próximas a ellos. Una de ellas era Dupond-Moretti, amigo de Herzog. Al enterarse, Dupond-Moretti puso una denuncia a los magistrados de la Fiscalía nacional financiera. La retiró al ser nombrado ministro. Pero, desde el cargo, decidió igualmente abrirles la investigación administrativa. Acabaron siendo exonerados. Y ha sido el antiguo abogado y ahora ministro quien ha acabado en el banquillo como resultado de varias denuncias, entre otras, de varios sindicatos de la magistratura.

La permanencia de Dupond-Moretti en el cargo es reveladora del grado de tolerancia en Francia con políticos imputados o juzgados. Sarkozy ha sido condenado dos veces a penas de prisión por financiación ilegal y corrupción. Las penas han quedado en suspenso a la espera de las apelaciones. Pero no han impedido que el expresidente siga disfrutando de una notable presencia pública y una amplia consideración, hasta el más alto rango del poder, en el palacio del Elíseo.

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