Italia frena la última norma pendiente para cerrar el esperado pacto migratorio de la UE

El acelerón de última hora no ha bastado para cerrar el ansiado pacto migratorio europeo. Las reticencias de Italia, cuyo Gobierno está inmerso en tensiones para mostrar dureza sobre la inmigración, están frenando la aprobación por parte de los Veintisiete del reglamento para gestionar las situaciones de crisis, fuerza mayor e “instrumentalización”. Se trata del último capítulo (en manos de los Estados miembros) pendiente del esperado pacto migratorio, que lleva años tratando de acordarse.

El texto, que restringe aún más las entradas y solicitudes de asilo, según el último borrador al que ha tenido acceso EL PAÍS, había recibido la luz verde de Alemania este jueves en la reunión de ministros europeos del Interior. Berlín ha logrado que se incluyan algunas reclamaciones sobre los derechos de los menores, pero Italia no se mostró satisfecha con lo que consideraba una concesión clara a Berlín. La negociación continúa.

“Estamos tan convencidos de que en pocos días vamos a tener el acuerdo que casi estoy comprometiendo mi palabra”, ha asegurado el ministro español Fernando Grande-Marlaska al acabar la reunión con sus homólogos en Bruselas. “Muchas veces casi cuesta más cerrar los pequeños matices”, ha añadido.

Una de las claves está en Italia, que quiere flexibilizar el texto, que establece que los países bajo esas situaciones excepcionales no deberán cumplir las normas comunitarias de asilo, sino seguir la pauta del nuevo reglamento. Roma reclama, entre otras cosas, que las ONG que llevan a cabo operaciones de ayuda humanitaria, sobre todo a través de rescates en el mar, también entren en ese paraguas de “instrumentalización” de la inmigración, algo contra lo que han advertido las organizaciones de salvamento y derechos humanos.

El texto actual, en el que trabaja ahora la presidencia española, incide en que solo se puede considerar “instrumentalización” cuando haya intención de “desestabilizar” a través de la inmigración irregular al Estado miembro bajo el foco o a la UE, como sucedió en la crisis migratoria de 2021, en la que el régimen del bielorruso Aleksandr Lukashenko envió (y ayudó a tratar de cruzar) a los países del flanco oriental a miles de migrantes, aprovechándose de su vulnerabilidad.

El reglamento en discusión restringe aún más la aceptación de solicitudes de asilo, amplía los tiempos de procesamiento (y por tanto bloqueo) de los solicitantes de refugio y también permite alargar el tiempo de detención de los solicitantes de asilo ocho semanas más de los 18 meses que permite la norma en condiciones normales, según el último borrador, del miércoles por la noche, que ha visto este diario.

Las ONG de derechos humanos y las especializadas en inmigración han alertado de que este nuevo reglamento (que además desarrolla qué se considera “instrumentalización” y abre la ventana para contentar a los socios del Este) puede crear una zona gris en la que los derechos de los migrantes se vean vulnerados.

El texto ni siquiera estaba en el orden del día este jueves, pero el aumento de las llegadas, las imágenes de Lampedusa —con la isla italiana saturada y los migrantes arribados en condiciones verdaderamente precarias— y las presiones del Parlamento Europeo habían empujado a los Veintisiete a acelerar y a intentar un acuerdo político. Los Estados miembros no quieren llegar a las elecciones europeas, de junio de 2024, con el debate migratorio, uno de los más divisivos de la UE, sobre la mesa.

“Asumiremos nuestras responsabilidades y este compromiso brillantemente negociado por España”, ha señalado la ministra del Interior alemana, Nancy Faeser, en la reunión. Berlín ha sido una de las capitales más reticentes respecto a la forma de este nuevo reglamento y ha pugnado para que el régimen de excepción que dibuja no sea demasiado ancho. Italia, en cambio, es más partidaria de esas excepciones. La pugna entre ambos países se ha visto en las últimas semanas, incluso con una carta enviada por la primera ministra italiana, la ultraconservadora Giorgia Meloni, al canciller alemán, el socialdemócrata Olaf Scholz, pidiéndole explicaciones por dar ayudas a las ONG que rescatan migrantes en el Mediterráneo.

Pese a los roces, similares a los que se produjeron en junio, cuando los Veintisiete lograron acordar otros dos capítulos pendientes de pacto, la titular de Interior de la Comisión Europea, Ylva Johansson, ha afirmado que “no hay obstáculos grandes”. La comisaria ha insistido en que habrá decisión formal en los próximos días.

Otras fuentes comunitarias señalaban que los problemas con Italia ya no están en la redacción del texto, sino que provienen del propio Gobierno de Meloni, con dos partidos de ultraderecha —la Liga liderada por Matteo Salvini, y Hermanos de Italia, de la primera ministra— que no pueden ceder.

Prioridad para menores y personas con necesidades especiales

El texto que se debatía este jueves establece que las autoridades de los Estados miembros tengan hasta 20 semanas para examinar las solicitudes de asilo en las fronteras, recoge también que las personas con necesidades especiales y los menores tendrán “prioridad”, uno de los puntos que preocupaba a Alemania (sobre todo a Los Verdes, uno de los partidos de la coalición gobernante), que ya trató de incluir en los reglamentos anteriores —sin éxito— excepciones claras para los menores y las familias.

En los avances de los últimos días, ha pesado la maniobra del Parlamento Europeo, que la semana pasada paralizó las conversaciones para convertir en texto legal dos de los cuatro reglamentos del pacto migratorio que ya habían acordado los países hasta que este último, el de gestión de crisis, se descongelase. Esas conversaciones a tres bandas (con representantes de los Estados miembros, la Eurocámara y la Comisión) son el último punto para transformar en directiva los reglamentos que forman el pacto migratorio y que funcionan en conjunto.

Los dos reglamentos bloqueados por el Parlamento Europeo son los más avanzados. De ahí el acelerón ahora de los Veintisiete y las presiones de la Comisión. Si el pacto no se cierra a final de año, será difícil hacerlo: el próximo semestre, el primero del año, en el que Bélgica ostentará la presidencia del Consejo de la UE, es más corto por las elecciones europeas de junio; después, será el turno de Polonia y de Hungría, dos Estados miembros que vetan cualquier política migratoria común, que se han dedicado a tratar de bloquear el pacto y han llegado a decir, incluso, que no lo cumplirán si sale adelante (no hace falta unanimidad para aprobarlo, sino una mayoría de los socios).

Los Estados miembros recibieron unas 520.000 solicitudes de asilo en el primer semestre de 2023, según datos europeos. El aumento de las llegadas de migrantes, que se ha recuperado tras el parón de la pandemia de covid-19, las tensiones entre los países de primera línea (como Italia, España o Grecia) y los que reciben a los migrantes después en los llamados “movimientos secundarios” (como Alemania, Países Bajos o Francia) están tensando las relaciones entre los Estados miembros. El martes, Alemania anunció que impondrá controles temporales en sus fronteras con Polonia y República Checa para frenar la inmigración irregular. Italia ha reclamado más ayuda a la Comisión Europea ante el aumento de llegadas por la ruta del Mediterráneo central y Francia ha endurecido su discurso sobre inmigración.

Todos estos factores, señalan fuentes comunitarias, fuerzan a los Estados miembros a acelerar para cerrar el pacto migratorio y también a explorar nuevos acuerdos con países de origen y tránsito, como el controvertido firmado con Túnez, al que Bruselas se ha comprometido a prestar asistencia financiera —fondos para gestión de fronteras y para el que además aspira a movilizar unos 900 millones de euros, aunque vinculados a que el Fondo Monetario Internacional apruebe su propio desembolso— a cambio de que gestione los flujos migratorios; es decir, fondos a cambio de que frene las salidas.

“Estamos al borde de llegar al gran acuerdo que la UE necesita tras muchos años de intentos y fracasos”, ha recalcado el vicepresidente de la Comisión Europea Margaritis Schinas, encargado de “modo de vida europeo”, un asunto en el que se enmarca la inmigración. Schinas ha hablado de “progreso” en el pacto. “Tenemos que mostrar a los populistas y demagogos que la UE puede llegar a un acuerdo”, ha dicho.

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