El Gobierno de Sunak se plantea controlar a inmigrantes irregulares con brazaletes con GPS

El Gobierno conservador de Rishi Sunak admite sin tapujos que estudia la idea de controlar a algunos de los inmigrantes irregulares que llegan a las costas del Reino Unido con brazaletes electrónicos dotados de GPS. “Estamos contemplando todas las opciones a nuestro alcance”, ha reconocido en la BBC la ministra del Interior, Suella Braverman, al ser preguntada por la noticia avanzada por el diario The Times.

“Acabamos de aprobar una herramienta fundamental, la Ley de Inmigración Ilegal. Nos va a permitir detener y expulsar a todos aquellos que lleguen aquí ilegalmente”, ha advertido Braverman. Sunak ha hecho del combate contra la inmigración irregular la piedra de toque del éxito o fracaso de su mandato. Y, con el propósito de recabar apoyo popular, ha optado por primar un enfoque más criminal que humanitario ante el desafío. Desde un principio, el término usado para referirse a las personas que se atreven a cruzar las aguas del canal de la Mancha y llegar hasta las costas inglesas es el de “ilegales”, y no el de “irregulares” que propone desde hace años el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). Con la nueva medida de control, los brazaletes, se impondría a los inmigrantes una medida restrictiva de la libertad que la ley solo permite después de una decisión judicial o como alternativa a una condena de prisión.

“Están tratando a estas personas como objetos, en vez de hombres, mujeres y niños vulnerables que van en busca de seguridad, y deberían ser tratados con compasión y humanidad”, ha reaccionado Enver Solomon, el director ejecutivo de la organización UK Refugee Council, al conocer los nuevos planes del Ministerio del Interior británico.

La nueva ley de inmigración, que el Gobierno de Sunak logró finalmente aprobar en el Parlamento el mes pasado, supone una trampa autoinducida para Downing Street. Al imponer sobre el Ministerio del Interior la responsabilidad legal de detener y deportar a todo inmigrante irregular llegado al Reino Unido, la presión creada acaba provocando soluciones desesperadas —”crueles e inhumanas”, según el propio arzobispo de Canterbury, jefe de la Iglesia anglicana—, como la deportación de los inmigrantes a Ruanda, el encierro en prisiones flotantes o, ahora, el control electrónico de sus movimientos.

Si los planes del Ministerio del Interior contemplaban el uso de hasta 25.000 pulseras electrónicas en 2025 para el control de delincuentes convictos, la extensión de este mecanismo a los miles de irregulares que llegan al Reino Unido desbordaría los recursos de que disponen las fuerzas de seguridad, según han advertido sus principales responsables.

La promesa incumplida de Sunak

El primer ministro británico prometió hace ya casi un año poner fin a la llegada a la costa sur del país de embarcaciones con inmigrantes irregulares; aumentar el número de centros de detención ―para no tener que utilizar hoteles por todo el país―; y poner fin a un histórico atasco en la tramitación de peticiones de asilo que inundaban las oficinas administrativas del Ministerio del Interior. Tres promesas que se han convertido muy pronto en tres fracasos políticos.

Según las últimas cifras del propio Gobierno, más de 175.000 personas estaban esperando respuesta a su solicitud de asilo a finales de junio, la cifra más alta desde que comenzó a registrarse la estadística hace más de una década. Supone un aumento del 30% respecto a hace un año, cuando el número de solicitantes era de más de 122.000. El Reino Unido gasta cerca de 4.000 millones de euros anuales en alojamiento, manutención y asistencia de todas estas personas. Casi un tercio de ellas, unas 50.000, viven en hoteles. El Gobierno destina a este propósito casi siete millones diarios de euros.

Soluciones como la embarcación gigante Bibby Stockholm, anclada en la isla de Portland, en la costa sur inglesa, han supuesto la exposición al ridículo del Gobierno de Sunak. Con capacidad para alojar a 222 personas —una cifra minúscula frente al desafío real de la inmigración irregular—, los planes iniciales contemplaban que medio millar de adultos varones de entre 18 y 65 años ocuparan las habitaciones de lo que algunas organizaciones han definido como una “prisión flotante”.

Como ya ocurrió en junio de 2022 con el primer avión que se intentó enviar a Ruanda antes de que la justicia europea frustrara el vuelo, en el que apenas llegaron a embarcar seis inmigrantes, el número de nuevos inquilinos del Bibby Stockholm fue tan solo de 39, después de que una cascada de recursos ante la justicia frenara la mayoría de los ingresos. Y el hallazgo de trazas de legionela en las tuberías de la embarcación, a mediados de agosto, obligó a su evacuación temporal.

Finalmente, aunque el ritmo de llegada de embarcaciones que atraviesan las aguas del canal es en 2023, de momento, menor que el año anterior (un 21% menos), la realidad es tozuda, y desmiente la promesa repetida por Sunak con el eslogan “Stop The Boats” (detengamos las embarcaciones) que decora su atril cada vez que el primer ministro aborda públicamente el asunto. Frente a los 299 inmigrantes interceptados en 2018 por la Guardia Costera británica, en 2022 el número alcanzó los 45.755. En lo que va de año, son ya más de 19.800, según cifras del propio Ministerio del Interior.

Desde 2018, cuando comenzó el recuento público, hasta la actualidad, la cifra total es de casi 105.000 personas. Prácticamente el mismo número que ha llegado a Italia en lo que va de 2023. Mientras el Reino Unido contempló desde la distancia la crisis migratoria que afectó a la Unión Europea tras el estallido de la guerra en Siria, el incremento de sus propias estadísticas, que ha coincidido con la culminación del Brexit, ha convertido la inmigración en el mayor quebradero de cabeza y riesgo electoral del Partido Conservador.

El Gobierno de Sunak —en especial, la ministra Braverman, que encabeza el ala más dura— ha llegado a plantearse el abandono de la Convención Europea de Derechos Humanos, a la que está adscrito el Reino Unido desde 1945, si el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo sigue obstaculizando los planes para deportar a Ruanda a gran parte de los inmigrantes irregulares que logren llegar al país.

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