Los abogados argentinos de Pedro Castillo: “Aunque creyera que alguien podía levantar un arma, la tentativa de rebelión jamás tuvo efecto”

Desde que Eugenio Raúl Zaffaroni (Buenos Aires, 83 años) y Guido Croxatto (Buenos Aires, 40 años) asumieron la defensa legal de Pedro Castillo se han comunicado con él, principalmente, a través de intermediarios. En febrero viajaron a Lima para visitarlo en el penal de Barbadillo —donde su representado cumple dos medidas de prisión preventiva: por rebelión y por ser el presunto líder de una organización criminal—, pero el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) no les permitió el ingreso por no poder homologar su profesión de abogados en algún colegio profesional del Perú. Solo Croxatto pudo entrar a su celda después.

Dicen que Castillo les ha pedido que vayan a verlo hace poco, pero remarcan que “las condiciones mínimas no están garantizadas”. Desde la biblioteca de Zaffaroni, en Buenos Aires, ambos conversan con EL PAÍS mientras encienden unos cigarrillos y toman mate. Croxatto se ocupa de los procedimientos que destituyeron al maestro sindical y Zaffaroni, exjuez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y exabogado de Evo Morales y Luiz Lula da Silva, de la dogmática penal. “A nosotros nos han dicho que no somos terruqueables y que cada vez que hablamos rompemos el cerco mediático. Seguiremos visibilizando el caso”, sostienen.

Pregunta: ¿Por qué lo de Castillo solo fue una tentativa y no puede decirse con todas sus letras que fue un Golpe de Estado?

Eugenio Zaffaroni: Comencemos por una cosa: el caso Castillo no es un caso aislado en América Latina. Se inscribe en lo que se llama lawfare, que es usado por el poder financiero trasnacional en toda nuestra región. Medios de comunicación monopólicos u oligopólicos en combinación con algunos jueces colocados en posiciones claves persiguen, criminalizan y judicializan a los líderes de los movimientos que obstaculizan los intereses de las corporaciones financieras en América.

P. Vayamos al hecho puntual de lo que sucedió con Castillo…

E. Z. A Castillo estaba a punto de destituirlo el Congreso y se iba a ir como un tonto. No consiguió durante su gestión ninguna de las iniciativas que pretendía impulsar porque rebotaban sus proyectos. Hizo un discurso que es en realidad una proclama, y su propia custodia lo metió preso. De modo que Castillo sabía que no contaba con el último de los policías del Perú. Es decir, lo que Castillo hizo en el peor de los casos sería una tentativa inidónea, porque nunca iba a dar resultado. El Código peruano establece claramente que la tentativa inidónea es atípica. Cualquier delito debe afectar un bien jurídico. De ninguna forma estuvo afectado el bien jurídico.

P. ¿El delito de rebelión solo es válido si se consolida?

E. Z. Claro, si se consuma. Y si no, puede haber una tentativa, pero la tentativa siempre tiene que ser idónea. No solo es homicidio si mato a alguien, también puede haber tentativa de homicidio. Pero si quiero matar a alguien con un perejil, obviamente que no. Él sabía que no tenía ningún apoyo.

P. ¿Entonces por qué lo hizo?

E. Z. Fue una proclama para decir: yo me voy, pero con esto le digo al pueblo lo que tiene que hacer. Ojo, aunque Castillo hubiese creído que alguien podía levantar un arma, igual la tentativa es inidónea objetivamente. Cuando yo creo y estoy convencido de que por mis rezos o por ponerle alfileres a un muñequito estoy matando a alguien es una tentativa inidónea por más que yo crea que eso es eficaz.

P. Cuando Castillo leyó este discurso era el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas. Que los militares no lo hayan respaldado es distinto. Pero él detentaba el poder máximo.

E. Z. Supongamos que él creía que detentaba el poder, pero jamás eso tuvo un efecto. Es lo mismo que matar a alguien con alfileres a un muñequito. Sí, yo creo que lo voy a matar, creo que tengo el poder, la fuerza del mal a mi lado, y el otro no se muere. Eso es tentativa inidónea.

P. ¿Cuál es el precedente que se deja entonces? Siguiendo su lógica, otros mandatarios podrían intentar dar Golpes de Estado y si estos fracasan ampararse en que no se consumaron. ¿No consideran que eso es gravísimo?

E.Z. No, no. Si yo le tiro cinco balazos y no le pego ninguna, obviamente, esa fue una tentativa porque el medio fue idóneo. Ahora, si solo me dedico a rezar y hago una tentativa supersticiosa el medio es inidóneo. Él sabía que nadie iba a responder. Castillo no creo que haya sido tan incauto, yo no pude hablar con él.

P. En este punto, la defensa pareciera ser un acto de fe entre lo que creía o no creía Castillo…

Guido Croxatto. Esto de que la tentativa inidónea no es punible es central en la discusión con César San Martín Castro y los penalistas en Perú. Respecto al procedimiento quiero decir: el mensaje que Castillo leyó no fue un Mensaje a la Nación, porque ni siquiera cumplió con esas formalidades. Y eso no es menor porque después se quiso imputar a ministros por una conspiración de la que no fueron parte. Ni los propios ministros de Castillo sabían lo que estaba leyendo. Por eso no procede la conspiración. Un delito es una acción típica, antijurídica y culpable. Si la acción es atípica no hay delito. Ahora quieren levantar el secreto de las comunicaciones de Castillo, porque no tienen pruebas. No han podido encontrar un solo comandante que diga: sí, yo estaba por ir con cien policías a disolver el Congreso.

E. Z. Si la propia custodia lo detiene es porque a Castillo no le respondía nadie. Es un principio general, básico: en cualquier delito lo primero que tiene que haber es por lo menos un peligro para un bien jurídico y ese peligro nunca existió.

P. Por favor, ¿realmente consideran que no fue un peligro que el presidente de la República dijera en televisión nacional que el Congreso quedaba disuelto y que iba a instalar un Gobierno de excepción? ¿En serio no ven allí ninguna amenaza?

E. Z. No, porque nadie le hacía caso. Ya estaba depuesto prácticamente.

P. Entonces, para defenderlo están tomando a Castillo como si fuese un orate que dio un discurso donde daba un Golpe de Estado solo por darlo.

E. Z. No lo sé. Yo creo que lo que quiso hacer fue decirle a su pueblo: hay que disolver el Congreso. Bueno, me voy y antes de irme doy esta orden. Total, no la va a cumplir nadie. Que quede como que intenté hacer algo, como que no me fui como un tonto al que no le dejaron hacer nada. Suponiendo que fuera un orate, la tentativa es inidónea.

G. C. Estamos hablando de un presidente al que le obstruyeron 70 proyectos y estamos hablando de un Congreso repudiado por el 90% de los peruanos. El presidente de México, López Obrador me contó que cuando lo vio a Castillo, Castillo le dijo que estaba solo en un sentido político. Él se despojó de cualquier estructura. Eso me lo dijo a mí personalmente también. ¿Estaba tan equivocado en ese discurso a la luz de lo que vemos en Perú? Con una dictadura que asesinó 70 personas y no hay nadie preso. Y Castillo está preso por haber dado un discurso.

P. Ustedes mencionan que no califica como un Mensaje a la Nación porque no tenía la aprobación del Consejo de Ministros. Se ha sabido después que estuvieron varios ministros presentes y que incluso Betssy Chávez, su primera ministra, envió un mensaje horas antes al WhatsApp de ministros, pidiendo “unidad y cohesión en un día histórico”.

G. C. Él los convocó porque iba a dar un discurso. A mí me dijo, respecto al discurso: es lo que el pueblo me pedía. Sus interlocutores no eran los políticos, el Congreso racista, ni sus propios ministros. Yo creo que si quieres imputar por conspiración, tenes que imputar a poblaciones enteras que apoyaban la consigna que dio Castillo. Castillo entiende que está pagando un precio por defender al pueblo y yo por eso lo defiendo, porque le creo.

P. Ambos sostienen se vulneró su derecho a la defensa, que no se discutió en el Pleno, que su vacancia se aprobó con menos votos de los que se requerían, en fin, varias irregularidades. Pero de propia boca del presidente de México se ha conocido que Castillo le solicitó asilo previamente, se estaba escapando. ¿No había que tomar medidas excepcionales?

E. Z. Supongamos que es cierto. Eso confirma la tentatibilidad. Él sabía que decía el discurso y se iba a la embajada de México. Ahí se terminaba. Virtualmente ya no tenía el poder del presidente.

P. Para que este debido proceso se hubiese respetado con Castillo, ¿ustedes están diciendo que lo que correspondía era que Castillo hubiese seguido siendo presidente de la República por unos días más a pesar de haber intentado un Golpe de Estado?

E. Z. Eso es posible o no. No importa. Desde el punto de vista general, el juicio político es político, en consecuencia, no tiene todas las garantías que tiene un proceso penal. Pero el mínimo que exige el derecho internacional, en lo que hay unanimidad, es que hay que escuchar al imputado y el Congreso peruano no lo escuchó nunca. El argumento de la Corte Suprema es un párrafo confuso que parece decir algo así como que Castillo no tenía defensa material y, en consecuencia, no tenía importancia que se le haya negado la defensa formal.

P. Insisto: ¿no había que tomar medidas excepcionales ante una amenaza al Estado de Derecho y la democracia?

G. C. ¿Para qué está la Constitución entonces?

E. Z. Es un principio general del Derecho. Que si se discute mi capacidad, incluso psíquica, tienen que escucharme, aunque yo esté totalmente loco. Hay que escuchar al supuesto incapaz.

G. C. Muchos penalistas peruanos que no salen a hablar por temor y no son adherentes a Castillo coinciden en que se violó el debido proceso. Yo creo que el único camino es la restitución de Castillo y un juicio justo. Es el único camino legal.

P. ¿Ustedes consideran que el pueblo peruano ha salido a las calles en estos ocho meses en defensa principalmente de Castillo?

E. Z. Creo que hay toda una serie de factores a lo largo de toda la historia peruana. Todos sabemos que en Perú hay una cuestión de costa, sierra y selva. Castillo tendrá defectos. Pero los serranos se identificaron con un presidente que se parecía a ellos. Y él hizo eso para reafirmar esa representación. Si no, se iba como un inútil.

P. Las protestas de 28 de julio no han tenido el mismo vigor que las de los primeros meses cuando fue destituido Castillo. ¿A qué creen que se deba?

G. C. Nosotros somos abogados, no analistas políticos. Ahora, yo diría que dado que hubo 70 personas asesinadas en Perú y lo que rige es la impunidad hay mucho miedo. Veo mucho miedo en Perú. Pero a mí lo único que me interesa es que se respete el debido proceso de una destitución ilegítima e ilícita.

P. En una columna de opinión firmada por ambos en Página 12, ustedes dicen que “Castillo está preso por lo que es y representa: al pueblo bajo”. Pero digamos que ese pueblo bajo tampoco estaba muy contento con su gobierno. Una encuesta de Datum de agosto de 2022 indica que su desaprobación en el sector E subió de 64 a 73% y en el D de 73 a 75%.

E. Z. Él lo sabía. Por eso dio ese discurso antes de irse. Esa es la motivación del discurso: no pudo cumplir con nada de lo que había prometido.

E. C. Pero no por incapacidad de él.

P. ¿Realmente piensan que solo fue porque no lo dejaron?

G. C. La masificación del gas. Si ese proyecto hubiese avanzado, por ejemplo, sus números de aprobación hubiesen sido distintos. Pero cada vez que Castillo mandaba un proyecto era rebotado porque chocaba con los intereses concentrados y económicos del Perú. Y la gente cree que es toda culpa de Castillo y no de los congresistas de Fujimori.

E. Z. Por eso la proclama: No me voy con la cola entre las patas.

P. Aunque ustedes no lo defiendan por sus juicios de corrupción y encabezar una presunta organización criminal dentro de Palacio, no pueden negar que son otras razones que le quitaron legitimidad. No solo se habla de Castillo como un presidente al que le faltó liderazgo, sino como alguien que también cedió a la corrupción.

E. Z. La corrupción se ha convertido en el lawfare. No conozco esos casos de Castillo, pero la corrupción se ha convertido en la nueva brujería del lawfare, salvo algunos pocos casos. Esta combinación de medios monopólicos u oligopólicos junto con algunos jueces siempre hacen pie en la corrupción. Y en muchos casos nos hemos dado cuenta de lo infundados que son. Las corrupciones grandes son las que quedan impunes.

P. La lista de presuntos actos de corrupción de Castillo es muy larga, así como quienes atestiguan en su contra…

G. C. Eso no hace legítima la destitución. Pero además es pobre, Castillo. A nosotros no nos paga nadie. Lo hacemos por vocación y compromiso. Fujimori tiene diez mil abogados de estudios caros y nadie le pregunta de dónde los saca. Cuando fui a México a ver a López Obrador, la mujer de Castillo me dijo que le avergonzaba que no pudiesen pagarnos nada. Y yo casi me pongo a llorar. Nosotros hacemos esto porque creemos en la justicia. No nos manejamos con gente que nada en dinero producto de la corrupción.

P. Tal y como están las cosas, ¿ven viable que se le reestablezcan las credenciales presidenciales a su representado?

G. C. Lo que suceda no es cuestión nuestra. Pero procesalmente es lo que corresponde: la restitución y un juicio justo.

E. Z. De alguna manera, el Perú tiene que volver a encontrar su senda institucional. Se debe volver a la democracia y acabar con esta dictadura. Procesar a los responsables de las muertes. La señora (Dina) Boluarte va a tener que pagar esas muertes algún día.

P. ¿Qué le dicen a quienes consideran que su defensa apela principalmente a la victimización de Castillo y al tecnicismo jurídico?

G. C. El tecnicismo jurídico es la ley. Y hay que hacer valer el Derecho. Esa es la misión de cualquier abogado. Era la crítica de los nazis a los liberales: les decían que defendían tecnicismos. Y nosotros no victimizamos a Castillo. Castillo es una víctima. Ha sido ilegalmente destituido, no puede hablar con su hija exiliada, sus abogados extranjeros no lo pueden ver. El Estado peruano está violando el Estado de Derecho.

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