El horror de tres menores peruanos explotados por sus hermanos para producir pornografía infantil

Todo comenzó con una alerta que recibió el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC por sus siglas en inglés), una ONG estadounidense, en febrero pasado: a través de una denuncia realizada a través de internet, se detectó que en Lima un usuario —registrado con un correo de Gmail y asociado a dos números telefónicos— distribuía y comercializaba material con contenido de abuso sexual infantil en diversas plataformas digitales. El caso se derivó a la Fiscalía Especializada de Trata de Personas de Lima, que desde entonces trabajó en conjunto con el Departamento de Ciberprotección Infantil de la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (DIVINDAT) de la Policía Nacional de Perú y también con la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI por sus siglas en inglés).

Los seis meses de seguimiento dieron como fruto un cuadro escalofriante: según las pesquisas, un niño de 6 años, una niña de 10 y una adolescente de 16 eran explotados por un grupo de adultos, quienes grababan las vejaciones y las difundían en grupos de WhatsApp y Telegram a cambio de elevadas sumas de dinero. El detalle es que todo indicaba que los presuntos agresores eran parientes directos de las víctimas: sus medios hermanos.

Las sospechas se confirmaron el miércoles de esta semana, en un megaoperativo que ha convulsionado a la sociedad. Las fuerzas de seguridad allanaron una humilde vivienda en el distrito de Lurín, al sur de Lima. En medio de un hogar en desorden absoluto, que según la investigación emanaba un olor desagradable, los agentes rescataron a los tres menores de edad y detuvieron a Johan José María Del Mar La Rosa y Jim Anthony Chumpitaz La Rosa, de 20 y 31 años, respectivamente. Ambos son investigados por los presuntos delitos de pornografía infantil agravada, en perjuicio de menores de edad. Permanecerán detenidos durante una semana, junto a un tercer integrante, de 36 años, cuyo nombre no ha sido revelado, que fue detenido posteriormente y al que se le halló un celular con contenido pornográfico de menores.

“Los niños han estado completamente abandonados. No han ido ni siquiera al colegio”, contó uno de los altos mandos policiales. La madre de las víctimas ha negado tener conocimiento alguno de los abusos que se cometían en su casa. Sostiene que no solía acudir nunca al hogar, porque debía rebuscárselas en la calle, reciclando plásticos, cartones y metales. Del padre no se tiene noticias.

“Nosotros tenemos entendido que una de las niñas ya le había comentado a su familia, en mayo de este año, que había sufrido violencia sexual, por lo que ya tenían conocimiento”, la ha desmentido el comandante Jimmy Cáceres, de la División de Investigación Criminal (Dirincri). Un hecho que ha consternado todavía más a la población es que la menor de 16 años está embarazada. “Se presume que el padre sería uno de los hermanos”, sostiene Cáceres.

Como ha explicado la fiscal especializada en delito de trata de personas, Evelyn Taboada, los hermanos Del Mar La Rosa y Chumpitaz La Rosa publicaban el material pornográfico en grupos cerrados con suscripciones mensuales a usuarios de diversos países. Por ello no se descarta que ambos sean un eslabón de una red de pedofilia internacional. “En estos días, la fiscal a cargo de la investigación está recabando todas las evidencias que ha incautado en el lugar de los hechos. No se descarta que en ella se pueda encontrar más números vinculados, más cuentas y más teléfonos”, ha informado Rocío Gala, coordinadora de las Fiscalías Especializadas en Trata de Personas.

Se estima que los packs de fotos podrían superar los cien dólares. “Mientras va subiendo la edad de la víctima, el precio va bajando. Si se trata de un menor de cuatro años, es mucho más caro”, explica el coronel Luis Huamán, jefe de la DIVINDAT. Uno de los propósitos de los agentes es recuperar evidencia que probablemente haya sido borrada por los detenidos en sus celulares y dispositivos electrónicos.

Mientras tanto, los tres menores de edad están recibiendo el apoyo de la Unidad de Protección Especial (UPE), un organismo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), que están evaluando medidas de protección. En breve podrían ser trasladados a algún albergue temporal o también a algún entorno familiar seguro. Lo principal, por ahora, es separarlos de cualquier situación que los ponga en peligro nuevamente.

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