Fani Willis, la fiscal que persigue a Trump como al capo de una banda criminal

La fiscal del condado de Fulton, en el Estado de Georgia, Fani Willis, asumió el cargo el 3 de enero de 2021 prometiendo devolver la integridad a su distrito. Ese mismo día salía a la luz que, 24 horas antes, el entonces presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, había telefoneado a un alto cargo estatal, Brad Raffensperger, para pedirle “encontrar” el número suficiente de votos para dar la vuelta al resultado oficial, que daba ganador al demócrata Joe Biden, y proclamar a Trump vencedor en ese Estado en las elecciones presidenciales de 2020.

En menos de un mes, la primera mujer negra al frente de la fiscalía de Fulton —el condado más poblado de Georgia y que incluye su capital, Atlanta— ya había llenado de cartas los despachos de autoridades y funcionarios electorales para advertirles de que guardaran todos los documentos que pudieran tener sobre posibles intentos de alterar los resultados de esos comicios. “Desde el día uno supe que podía merecer una investigación”, declaraba en 2022 al diario USA Today. “Esa llamada de teléfono era suficiente para causar preocupación”.

La investigación que se abrió entonces, hace dos años y medio, se extendió mucho más allá de esa llamada entre Trump y Raffensperger. Ha examinado una trama para suplantar a electores oficiales por simpatizantes del expresidente y ahora de nuevo candidato republicano: acoso a funcionarios electorales; incluso un acceso ilegal a los sistemas informáticos de las máquinas de votación electrónica en un condado rural de mayoría conservadora. El resultado: la cuarta imputación contra Trump en el caso más detallado de los cuatro que afronta y que le atribuye a él y a 18 colaboradores y simpatizantes 41 cargos. El uso para ello de la ley contra la delincuencia organizada viene a equiparar al magnate inmobiliario con un capo de la mafia.

A lo largo de la investigación, Willis, de 52 años, divorciada y madre de dos hijas, ha recibido críticas de que se extralimitaba en sus competencias, todo tipo de amenazas e insultos variados, anónimos o no: Trump se refiere a ella de modo habitual con términos como “marxista lunática”, “racista” y “falsaria”, y la ha acusado, sin demostrarlo, de mantener vínculos con gánsteres. La fiscal tiene que desplazarse con escolta.

El caso contra el actual candidato presidencial —favorito en el Partido Republicano para disputar la Casa Blanca en 2024— es el de mayor envergadura, pero no es el único contra famosos que Willis ha acometido. También ha investigado a estrellas del hip-hop como Young Thug y Drug Rich Gang.

Ella, de filiación demócrata, asegura que le mueve su pasión por la justicia. “Mi carrera me ha enseñado que, sea cual sea la presión política, hay que hacer lo correcto”, ha declarado. Sostiene también que no tiene en cuenta si la persona a la que imputa es influyente o no. “La justicia es una dama ciega. No importa si eres rico o pobre, negro o blanco, demócrata o republicano. Si has violado la ley, se van a presentar cargos contra ti”, ha declarado a la CNN.

Estricta, meticulosa y adicta al trabajo

Quienes la conocen la describen como una persona estricta, meticulosa y adicta al trabajo, que prepara sus casos exhaustivamente. Una profesional ambiciosa y muy poco tolerante con los fracasos. Con tanta facilidad para conectar con los jurados, testigos y agentes de policía como para arremeter contra aquellos de los que cree que bloquean sus investigaciones. Sus críticos le reprochan su gusto por dar declaraciones a la prensa; ella replica que la transparencia es uno de los requisitos de su puesto.

El interés por el derecho le viene de familia. Nacida en California, Willis se crio en Washington, con un padre abogado y, según ella, miembro de la organización izquierdista Panteras Negras, que la llevaba con frecuencia a los juzgados. Recuerda cómo, con ocho años, ya se encargaba de clasificar expedientes.

Estudió primero en la Howard University de Washington y después en la Facultad de Derecho de Emory University, en Atlanta, donde se acabaría instalando. Después de ejercer unos años en el sector privado, en 2001 comenzó a trabajar en la Fiscalía de Fulton como letrada adjunta. En 2020, su candidatura a encabezar la oficina se impuso a la del hasta entonces titular del cargo y su antiguo mentor, Paul Howard, en unas primarias muy encarnizadas.

Una de sus especialidades es la ley contra la delincuencia organizada y las asociaciones corruptas, conocida por su acrónimo en inglés, RICO. Concebida para la lucha contra las pandillas y la mafia, Willis ha recurrido a ella con frecuencia. “Es de verdad una progresista dura contra la delincuencia, que es algo poco frecuente en esta época, pero creo que es su marca de la casa”, la describía el catedrático de Derecho de la Universidad Estatal de Georgia Anthony Michael Kreis a la agencia AP.

Sus críticos alegan que abusa de RICO y otras leyes contra la delincuencia organizada, cuando podría aplicar otras leyes más simples, tan solo porque la norma antimafia acarrea penas más duras. También argumentan que esas prácticas alargan el tiempo que los acusados pasan a la espera de juicio.

Cuantas más pruebas, mejor

Quienes la defienden describen a una letrada minuciosa, que prefiere dedicar tiempo a completar una investigación exhaustiva antes que presentar cargos de manera apresurada y fracasar. Ella reconoce que no le gustan los “casos delgaditos” y prefiere acumular cuantas más pruebas, mejor.

“El modo en que acomete los casos [es que] empieza por el principio y se sumerge en ellos. Sigue todas las pistas que puede”, contaba a la cadena de televisión CNN Charlie Bailey, antiguo colaborador de la fiscal.

Tras imputar al expresidente y sus colaboradores el lunes, Willis les ha dado hasta el viernes 25 para presentarse ante el tribunal y que se les lean los cargos. La fiscal ha propuesto comenzar el juicio el 4 de marzo del próximo año, algo que, dado lo cargado del calendario judicial de Trump y la cercanía de la campaña electoral, puede ser complicado.

Willis sostiene que tratará al mandatario como a cualquier otro ciudadano. “No tengo el derecho de mirar hacia otro lado en un delito que pudo haber tenido impacto en un importante derecho para esta comunidad y para toda la nación”, declaraba a The New York Times en septiembre del año pasado.

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