Congresistas de EE UU insisten en su petición a Blinken para apoyar a Perú en la investigación de los abusos policiales

Las Fiestas Patrias por la Independencia de Perú tuvieron este año un sabor agridulce para el Gobierno de Dina Boluarte: si bien las movilizaciones no tuvieron el vigor que la oposición hubiese esperado y acabaron diluyéndose, el 29 de julio, cuando el Ejecutivo cerró sus actividades con la Gran Parada Militar, una carta dirigida por 15 congresistas del Partido Demócrata de Estados Unidos al secretario de Estado, Antony Blinken, volvió a poner el foco en las violaciones de los derechos humanos a manos de las fuerzas de seguridad. Se trata de un llamado de alerta sobre “las amenazas a los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho” en las que está inmerso Perú, con más de 60 fallecidos durante las protestas y cuyos casos avanzan a paso lento en la Fiscalía. “Esperamos que Blinken cumpla con las solicitudes de la carta”, indican a EL PAÍS.

Son seis las solicitudes que contiene el documento, adelantado en exclusiva por este diario. En primer lugar, brindar apoyo a la Fiscalía General de Perú para “garantizar investigaciones exhaustivas, rápidas e imparciales”; en segundo lugar, secundar el establecimiento de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para “dar asistencia legal y juzgar las violaciones de derechos humanos”; tercero, expresar apoyo a las instituciones electorales nacionales; en cuarto lugar, destacar la importancia de una democracia sólida; en quinto, coordinar esfuerzos con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) para “abordar la marginación de larga data de los pueblos indígenas en las zonas rurales”; y, finalmente, “cesar temporalmente los ejercicios conjuntos con las Fuerzas Armadas del Perú presuntamente responsables de violaciones de derechos humanos”.

Los parlamentarios que lideran la moción, Joaquín Castro (Texas) y Sydney Kamlager-Dove (California), integrantes del Subcomité de Asuntos Exteriores del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes, respondieron algunas consultas de EL PAÍS. Sobre la última solicitud aclaran que la carta no pide la suspensión de toda cooperación con las fuerzas de seguridad peruanas, pero sí con los destacamentos involucrados. “Esta solicitud sigue las leyes estadounidenses que exigen que EE UU no brinde asistencia financiera y de seguridad a las unidades que hayan cometido violaciones de derechos humanos. Esperamos que continúe la cooperación con otros elementos de las Fuerzas Armadas peruanas”, indican.

El primero de agosto, tres días después de que la carta se hiciera pública, la Cancillería del país andino difundió otra carta, firmada por el presidente Joe Biden y dirigida a Boluarte. “Juntos estamos promoviendo nuestros valores democráticos, incluidos los derechos humanos […] Seguiremos profundizando aún más la asociación entre nuestras naciones y la amistad entre nuestros pueblos. Porque cuando Perú y Estados Unidos permanecen unidos, nuestras naciones no son solo más fuertes, sino que el mundo es más seguro”, afirma en la misiva.

Para el oficialismo representa un claro espaldarazo, sobre todo porque surgió luego del documento de los 15 congresistas demócratas. Sin embargo, Castro y Kamlager-Dove aclaran que esa interpretación es inexacta. “Es importante señalar que la carta del presidente Biden se transmitió al Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú el 25 de julio, dos días antes de que se enviara nuestra carta y cuatro días antes de que nuestra carta se hiciera pública”, explican. Por lo tanto, “cualquier interpretación a la carta de Biden sería incorrecta”.

En cuanto al papel de la embajadora de Estados Unidos en Perú, Lisa Kenna, que ha sido criticada por la oposición por haber asistido a los festejos por Fiestas Patrias a pesar de haber recibido la misiva, señalan que “por lo general, se espera que los embajadores de EE UU participen en eventos culturalmente importantes”. “No esperamos que nuestra carta afecte la participación de la embajadora Kenna en las celebraciones de la independencia del Perú. Esperamos que nuestra carta aliente a la embajadora Kenna y a otros funcionarios de alto nivel del Departamento de Estado a resaltar la importancia del Estado de derecho en las conversaciones bilaterales con funcionarios peruanos”.

El documento, desde luego, ha desatado posiciones contrarias: en una esquina están quienes agradecen el interés de los parlamentarios demócratas y consideran que representa un gran paso en la búsqueda de justicia y en la otra se ubican aquellos que desacreditan la carta, asegurando que 15 congresistas son un porcentaje mínimo de la Cámara de Representantes, donde las dos bancadas suman 435 escaños. “La carta fue enviada por miembros del Congreso con una influencia significativa en la configuración de la política de Estados Unidos hacia América del Sur”, responden Joaquín Castro y Kamlager-Dove y describen los galones de algunos de los firmantes: “Nanette Barragán es presidente del caucus hispano del Congreso; Raúl M. Grijalva ha sido presidente del caucus progresista y es el demócrata de más alto rango en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara; Jim McGovern es el demócrata más destacado en el Comité de Reglas, que determina cómo llega la legislación al Pleno; y Alexandria Ocasio-Cortez es una de las congresistas más conocidas”.

“La carta fue escrita para afectar las decisiones de política tomadas dentro de los Estados Unidos, no para cambiar el debate o la dinámica pública o interna dentro de Perú”, remarcan. Tanto Castro como Kamlager-Dove son conscientes de que el Departamento de Estado no ofrecerá una respuesta de inmediato, pero le dejan dicho un mensaje a su máxima autoridad, Antony Blinken: “Toma tiempo para que el Departamento procese las solicitudes de una carta como la nuestra y responda de manera sustantiva. Esperamos que el secretario Blinken cumpla con las solicitudes”, concluyen.

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