Una nueva cúpula de la Fiscalía y un “premio” para la fiscal general: la maniobra de Ortega para sostener el aparato represivo

El Parlamento de Nicaragua, obediente a Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha pedido al Ejecutivo y sus diputados a presentar una dupla de candidatos para reemplazar a dos titulares claves del engranaje represivo del régimen sandinista: la fiscal general de la República y el fiscal general adjunto. Se trata de la exguerrillera Ana Julia Guido Ochoa y Julio González, respectivamente. La Asamblea Nacional emitió la resolución número 1-2023, que fija tanto para el gobernante como para los legisladores un plazo de 15 días para presentar sus propuestas con la documentación que demuestre “la idoneidad” de los propuestos.

Lejos de ser una destitución programada de la fiscal general Guido, fuentes allegadas al partido sandinista indicaron a EL PAÍS que más bien se trata de un reacomodo de los Ortega-Murillo para mantener la represión contra toda voz crítica, en especial desde la Fiscalía, donde la leal funcionaria ha mantenido el cargo de manera inamovible desde hace nueve años. Y en el aparato judicial del régimen este movimiento es interpretado como “un premio” para la titular del Ministerio Público.

La convocatoria sorprendió inicialmente, ya que Guido es una de las funcionarias más leales y reptantes de la pareja presidencial. A partir de 2018, la Fiscalía no defendió a las víctimas de la represión policial y paramilitar. En cambio, Guido coordinó la realización de más de 700 acusaciones a manifestantes que protestaron en contra del régimen sandinista ese año. Ella también ordenó la persecución de fiscales que se negaron a acusar a los manifestantes. Dos años después, en 2021, fabricó el caso de lavado de dinero en contra de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro y su directora, la excandidata presidencial Cristiana Chamorro. Aunque Chamorro y su ONG fueron condenadas, la Fiscalía nunca logró demostrar el supuesto delito de lavado de dinero.

A principios de octubre de 2020, Estados Unidos sancionó a la fiscal Guido. Washington apuntó que Guido “formó un grupo de fiscales que trabajaron con la Policía Nacional para fabricar casos contra presos políticos y sus familias. La unidad de fiscales ha pasado los últimos dos años presentando cargos contra los presos detenidos por protestar pacíficamente”.

Básicamente, la Fiscalía tutelada por Guido ha fabricado todas las acusaciones contra los opositores, en especial las del delito político de “traición a la patria”. El episodio más emblemático fue la condena de 222 presos políticos, quienes fueron desterrados a Estados Unidos, desnacionalizados y confiscados. Guido trabaja en contubernio con el Sistema de Justicia. De hecho, el informe del Grupo de Expertos de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU), presentado en marzo de 2023, señaló la falta de independencia del Poder Judicial en Nicaragua. “La presente investigación ha evidenciado una falta de apego a las garantías procesales, la instrumentalización de la ley para la persecución e incluso acusaciones fabricadas por el Ministerio Público para llevar ante los tribunales a aquellas personas opositoras del Gobierno”, resalta el documento.

“Ella siempre ha querido irse a la Corte”

Quienes conocen a la fiscal general Guido la describen como “una ficha sandinista disciplinada y autoritaria” desde los años sesenta, cuando formó parte de la guerrilla que derrocó a la dictadura somocista. Luego, bajo el Gobierno del expresidente Enrique Bolaños, fue subdirectora de la Policía Nacional. Intentó dirigir el cuerpo armado, pero no pudo. Finalmente aterrizó en el Ministerio Público como fiscal adjunta en el año 2007 gracias a Ortega, a pesar de que no contaba con las credenciales requeridas por ley.

En 2014, el caudillo sandinista nombró a Guido en la tutela de la Fiscalía para un periodo de cinco años. Sin embargo, la mantuvo en el puesto por su agilidad y desfachatez para obrar contra opositores. “Ella es totalmente sumisa a Ortega y Rosario Murillo. Aunque antes de 2018 ella quería dejar el puesto de fiscal general por roces internos con algunos funcionarios, la dejaron al mando. No obstante, ella siempre ha querido irse a la Corte Suprema de Justicia”, relata una fuente allegada al aparato judicial sandinista.

El eventual retiro de Guido de la Fiscalía es interpretado en el aparato judicial sandinista como “un premio” para ella. “No creo que la decisión sea descontento con ella, sino al revés. Hay que recordar que en este momento la Corte Suprema de Justicia tiene vacantes; solo tiene a 10 de sus 16 magistrados. Entonces, hay que esperar las propuestas que hagan para ocupar la Fiscalía, pero si no la dejan a ella en el Ministerio Público, es que va para la Corte después”, refiere la fuente judicial.

Las fuentes señalaron que ya hay antecedentes de ese tipo de movimientos. En 2014, el inspector general de la Fiscalía, Armando Juárez, fue nombrado magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Al igual que Guido, Juárez es sandinista acérrimo y fiel ejecutor de los Ortega-Murillo: persiguió al periodista Carlos Fernando Chamorro y cuando fue fiscal electoral ignoró las denuncias de fraudes electorales interpuestas por los opositores.

Aunque todavía no se barajan nombres para sustituir a la Fiscal General Guido, los movimientos no tendrían mayor impacto en la ejecución de la política represiva de los Ortega-Murillo; incluso si dejaran en el mismo cargo a la exguerrillera que hace unos meses dejó clara en una entrevista su lealtad partidaria, dejando a un lado la independencia que su investidura le demanda: “La juventud debe seguir el ejemplo de todos los que cayeron antes, durante y después de la revolución (sandinista). ¡Cuántos han caído después del triunfo de la revolución, que cayeron en el 2018, que fueron asesinados en el 2018, los que fueron asesinados en los ochenta! Hay que retomar esa bandera, la juventud tiene que dar el ejemplo”.

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