Daniel Ortega desata una persecución fiscal contra medios de comunicación independientes de Nicaragua

El Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha iniciado una nueva escalada contra los medios de comunicación independientes en Nicaragua: una persecución fiscal a través de la cual está imponiendo millonarios cobros de impuestos. Un juez embargó este sábado a Canal 12, uno de los dos canales de televisión de alcance nacional y que funciona fuera del control mediático sandinista.

Nica Visión S.A, empresa operadora de Canal 12, denunció que este 11 de septiembre la Dirección General de Ingresos (DGI) les notificó de una supuesta deuda de 21 millones de córdobas (unos 600.000 dólares al cambio oficial) en concepto de tributos. “Esto es producto de un reparo arbitrario e ilegal sobre nuestras declaraciones de impuestos sobre la renta de los años 2011, 2012 y 2013. Actuando de manera excesiva, el juez también embargó los bienes personales de nuestro administrador Mariano Valle”, explicó Canal 12 en un comunicado difundido un día después del embargo.

Canal 12 ha mantenido una línea crítica a las violaciones a los derechos humanos cometidos por el Gobierno sandinista. La televisora ha sufrido presiones gubernamentales desde abril de 2018, cuando estalló la crisis sociopolítica. De hecho, varios de sus programas periodísticos estelares, como Esta semana, dirigido por el periodista Carlos Fernando Chamorro, fueron sacados del aire por el hostigamiento del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR). Mientras que los periodistas del noticiero de Canal 12 han sido blanco constante de ataques de la policía y fanáticos gubernamentales.

El embargo y cobro millonario de impuestos a Canal 12 no es el único. La DGI también impuso una orden de pago a Canal 10, la estación más vista en Nicaragua. El Gobierno le cobra a esa televisora unos 110 millones de córdobas, pero todavía la DGI no ha ejecutado un embargo de bienes.

La presión fiscal sobre estas dos empresas pone en riesgo las únicas voces críticas a la gestión de Ortega y Murillo en la televisión, puesto que el Gobierno y el empresario mexicano Ángel González son los propietarios de todos los canales en señal abierta. Este duopolio televisivo transmite únicamente propaganda oficial y programas de entretenimiento.

Cobro a un canal confiscado

La semana pasada, el Canal 100% Noticias (confiscado por la Policía Nacional desde diciembre de 2018) denunció que la DGI le impuso un pago de ocho millones de córdobas en concepto de impuestos, pese a que Primicias S.A, la razón social que opera el canal, fue intervenida por el Estado.

“El acoso fiscal a los medios de comunicación independientes tiene que ver con ese afán incansable del régimen para silenciar a los periodistas que informamos”, dice a EL PAÍS Lucia Pineda Ubau, directora de 100% Noticias. “Los absurdos del Gobierno llegan a tal punto que le cobran una cifra millonaria a un canal que el próximo 21 de diciembre va a cumplir dos años de haber sido cerrado y confiscado. Al día de hoy, en nuestra redacción, donde debería haber periodistas, hay policías”, agrega Pineda Ubau, exiliada en Costa Rica.

Desde diciembre de 2018, cuando 100% Noticias y el diario de investigación Confidencial fueron confiscados, el gobierno ha mantenido una campaña sistemática de ataques contra los periodistas: amenazas, hostigamientos, sabotaje de antenas de transmisión, agresiones físicas, y denuncias por injurias y calumnias. Sin embargo, ha sido en el último mes que el oficialismo ha echado mano a la presión fiscal. La DGI embargó en Canal 12 las antenas, las instalaciones, vehículos, la repetidora y hasta el transmisor del canal.

“Ahora vienen por el Canal 12 y Canal 10, que mantienen líneas independientes. El objetivo es que cierren y despidan a sus periodistas. Quieren que en la pantalla solo queden los medios de los hijos de la pareja presidencial para seguir vendiendo ese discurso manipulado de que en Nicaragua todo está normal”, critica Pineda Ubau.

La presión fiscal no solo ha estado centrada en los medios de comunicación. En este mismo periodo, la oposición ha denunciado “una persecución fiscal” por parte del Ejecutivo. A principios de septiembre, la empresaria Victoria Cárdenas denunció que la Alcaldía de Managua le impuso el pago de 10 millones de córdobas por impuestos, así como una acusación penal. Cárdenas es esposa de Juan Sebastián Chamorro, uno de los líderes opositores más visibles de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.

“Esta escalada tiene como antecedente la persecución, las confiscaciones, el acoso y hasta el asesinato de un periodista cometido en 2018. Ahora estos canales, de espectro nacional, son multados con supuestos impuestos. Esto es un golpe duro para las libertades ciudadanas en Nicaragua. Esto debe ser una alerta para evitar el cierre total de los medios de comunicación, porque significaría el ostracismo total”, dice Violeta Delgado, gerente de proyectos del Centro de Investigaciones de la Comunicación (CINCO), una ONG también confiscada en 2018 por el Gobierno.