Ortega se ha aferrado a la represión para sostener su régimen

En las oscuras celdas de El Chipote, la temible cárcel del régimen en Managua, hasta ahora eran torturados y encerrados decenas de presos políticos considerados traidores y desestabilizadores por el régimen que maneja con mano dura el sandinista Daniel Ortega en Nicaragua. Esa prisión, denunciada como centro de torturas por organizaciones internacionales de derechos humanos, es el símbolo de la dura represión que Ortega ha desatado en el país centroamericano, a la que el exguerrillero se ha aferrado, en parte, para sostener su régimen. Desde 2018, cuando estallaron masivas protestas contra el Gobierno en la capital y otras ciudades importantes del país, Ortega desató una feroz represión que inició ahogando las manifestaciones en sangre, con el asesinato de más de 360 manifestantes, muchos de ellos jóvenes universitarios. A esto siguió la cacería contra quienes eran vistos como líderes de las movilizaciones y más tarde la realización de juicios considerados espurios contra los disidentes. Además, decenas de miles de nicaragüenses han dejado el país por la persecución política y el deterioro de la economía.

En un informe publicado en septiembre pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertaba que “información recibida en las últimas semanas da cuenta del grave deterioro de salud y estado físico de las personas detenidas en la Dirección de Auxilio Judicial (El Chipote o nuevo Chipote), debido al prolongamiento de la privación de libertad bajo condiciones aún más deplorables e insalubres, la persistencia de hechos de maltrato, aislamiento, incomunicación, interrogatorios constantes, la falta de alimentación adecuada y suficiente, así como falta de acceso a atención médica oportuna, adecuada y especializada”.

Las protestas se iniciaron como una reacción contra unas reformas de la seguridad social que Ortega pretendía imponer sin consenso, pero muy pronto se transformaron en un grito general de descontento que acorraló al régimen, que echó mano de grupos parapoliciales y turbas fuertemente armadas para reprimir las manifestaciones. Miles de personas se atrincheraron en las ciudades más importantes del país, levantaron barricadas y obstaculizaron vías, con lo que el Gobierno decidió desatar una violenta ola represiva conocida como “Operación limpieza”: caravanas de camionetas cargadas con hombres fuertemente armados —algunos con armamento militar— irrumpieron en las ciudades rebeldes, destrozaron las barricadas y dispararon contra civiles. Un informe de la CIDH denunció que el régimen había cometido crímenes de lesa humanidad durante esos meses represivos.

Aunque Daniel Ortega decidió abrirse a una mesa de diálogo con la oposición y bajo el auspicio del sector empresarial, esas negociaciones fracasaron debido a la negativa de Ortega de aceptar las exigencias de los opositores, que incluían unas elecciones libres y competitivas. El régimen dio por cerrado el diálogo e inició una feroz cacería contra quienes participaron en las conversaciones. La persecución también incluyó a los líderes de los movimientos universitarios que habían tomado las universidades públicas, líderes campesinos e integrantes de organizaciones de la sociedad civil que denunciaban los abusos de poder.

Poco a poco, las cárceles del país, principalmente El Chipote, se llenaron de presos políticos, hasta superar las 220 personas detenidas. Fueron detenciones ilegales. El Gobierno inició una serie de juicios, considerados espurios, en los que se les condenó, entre otros cargos, por terrorismo. Analistas en Managua consideraban que estas personas podrían convertirse en algún momento en una especie de moneda de cambio del régimen para negociar con Estados Unidos a cambio de que Washington redujera o eliminara las sanciones contra integrantes del Ejecutivo de Ortega, que incluyen a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, sus hijos, parientes cercanos y altos cargos del Gobierno.

Murillo ha sido señalada como responsable del inicio de la dura represión de 2018. En una serie de correos filtrados a la prensa se lee cómo ella organizó a las huestes del Frente Sandinista y dio la orden de atacar las protestas. “Vamos con todo”, afirmaba en uno de esos correos. Murillo aparecía en diarias alocuciones en los medios del régimen para despotricar contra los manifestantes, a quienes calificaba de vampiros, diabólicos, terroristas. “Cuánta malignidad, cuánto crimen de odio, cuánto pensamiento y práctica horrendos, decíamos siniestros, decíamos diabólicos, decíamos satánicos. Porque nunca habíamos visto lo que hoy estamos viendo, precisamente, como vamos liberando el país, porque vamos todos juntos, gobiernos, instituciones, nuestro pueblo luchador, revolucionario, honesto, trabajador y liberándonos del mal”, dijo Murillo.

Ortega también desató una fuerte persecución contra los integrantes de la Iglesia católica. Los curas se habían convertido en una importante voz crítica contra el Gobierno. Habían participado también en la mesa del Diálogo Nacional y muchos exigían desde el púlpito el fin de la represión. Ortega ordenó el asedio de iglesias en Masaya, considerada el bastión rebelde de Nicaragua, donde los feligreses se habían atrincherado en las iglesias. El régimen cortó el agua, la energía e impidió que se entregara alimentos en una parroquia de la localidad, lo que despertó las alertas sobre la nueva forma de represión. Lo mismo sucedió en Matagalpa, al norte del país, donde el obispo Rolando Álvarez se había convertido en la voz más crítica contra el régimen. Álvarez fue más tarde detenido y enviado a juicio. Otros sacerdotes han sido apresados y varios han tenido que dejar Nicaragua.

El Gobierno también ha perseguido a las organizaciones de la sociedad civil, con la aprobación de una ley que restringe su trabajo en Nicaragua. El régimen ha ordenado el cierre, desde 2018, de al menos 209 organizaciones. “Entre ellas están las principales ONG nicaragüenses de derechos humanos, incluidos derechos de la mujer y derechos de los pueblos indígenas, y otras que trabajan en educación, desarrollo, así como asociaciones médicas”, advertía Naciones Unidas en un informe publicado en mayo de 2022.

La violencia política del régimen, esa mano dura que castiga a quien levante la voz, ha obligado al exilio a decenas de miles de nicaragüenses. Desde el inicio de las protestas muchos decidieron dejar el país por temor a una guerra civil y llenaron las instalaciones de la Dirección de Migración, en Managua, para pedir pasaportes. A esa primera ola le siguieron miles de desterrados, que tuvieron que dejar Nicaragua de forma dramática: muchos atravesando de manera clandestina, por puntos ciegos, las fronteras de Honduras, en el norte, o Costa Rica, al sur. Algunos pagando para salir por mar. La diáspora nicaragüense suma más de 200.000 personas y un informe de ACNUR publicado el pasado verano revelaba que los nicaragüenses son los que más solicitudes de asilo realizaron en 2021, solo superados por los afganos tras el retorno de los talibanes al poder.

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