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EE UU sanciona a dos expresidentes de El Salvador, la fiscal guatemalteca que persigue a periodistas y altos funcionarios sandinistas

El Departamento de Estado advierte de que “considerará todas las herramientas disponibles para disuadir e interrumpir la actividad antidemocrática en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua”

Wilfredo Miranda Aburto
Brian A. Nichols EE UU
El subsecretario de Estado de EE UU, Brian Nichols, en Lima, Perú, el 6 de abril de 2017.Martin Mejia (AP)

Estados Unidos ha emitido este miércoles un paquete de sanciones contra 39 políticos y altos funcionarios centroamericanos de El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras. Entre ellos se encuentran los expresidentes de El Salvador Mauricio Funes (2009-2014) y Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), señalados de vínculos con tramas corruptas. En la mira del Departamento de Estado están también la fiscal guatemalteca Cinthia Monterroso, que acusó a José Rubén Zamora, el exdirector de elPeriódico condenado por un supuesto delito de lavado de dinero en un proceso tildado de persecución política y el juez Fredy Orellana, el operador que intenta torpedear la candidatura progresista de Bernardo Arévalo. Las sanciones incluyen dirigentes hondureños y 13 funcionarios del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes fueron los responsables de ejecutar el destierro, la confiscación y el despojo de la nacionalidad a más de 300 opositores nicaragüenses en febrero pasado.

Washington incluyó este miércoles 19 de julio a estos operadores en la lista de Actores Corruptos y Antidemocráticos, conocida como Lista Engel, y de acuerdo con las sanciones impuestas, las mismas se basan en información o acusaciones creíbles de la conducta en cuestión, procedentes de medios de comunicación y otras fuentes. “El Departamento continuará revisando a las personas enumeradas en el informe y considerará todas las herramientas disponibles para disuadir e interrumpir la actividad corrupta y antidemocrática en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua”, señala el informe.

En el caso de Nicaragua, estas sanciones llegan cuando la pareja presidencial está en plena celebración de la fiesta culmen del sandinismo: el aniversario de la revolución que en 1979 derrocó a la dictadura somocista. Se trata de un golpe práctico, político y simbólico para los sandinistas, que celebran el 44 aniversario de una revolución convertida en un régimen totalitario, acusado de cometer crímenes de lesa humanidad, aislado internacionalmente y, según la última encuesta de la firma encuestadora CID Gallup, con el grado de simpatía más bajo de su historia. Apenas un 13% de los nicaragüenses se declara simpatizante el Frente Sandinista. A la postre, la pareja presidencial enfrenta “señales de inconformidad” en sus bases, ya que centenares de trabajadores públicos han desertado y han huido a Estados Unidos bajo la figura migratoria del Parole Humanitaria.

“Los nicaragüenses que ejercen sus libertades básicas enfrentan represión, prisión y destierro. Este hecho hace que los argumentos de prosperidad y paz del gobierno suenen vacíos. El día de hoy los Estados Unidos anuncian acciones para responsabilizar a los funcionarios nicaragüenses que debilitan la democracia”, expresó Brian A. Nichols, Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Washington.

Los funcionarios sancionados son la Procuradora General de la República, Wendy Carolina Morales Urbina; los diputados Arling Patricia Alonso Gómez, Gladis de los Ángles Baez, Loria Raquel Dixon Brautigam y Alejandro Mejía Ferreti. En la lista también se encuentran las magistradas Rosa Argentina Solís Dávila y Ángela Dávila Navarrete; el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Denis Membreño Rivas, y el subdirector de esta entidad, Aldo Martín Sáenz Ulloa.

Los 13 funcionarios son señalados de socavar las instituciones en las que sirven para confiscar propiedades de opositores sin una base legal y de organizaciones no gubernamentales con una clara estrategia de suprimir la libertad de asociación. Los operadores, además, socavan las instituciones para coordinar represalias para despojar de la nacionalidad a opositores, proporcionar información financiera de los disidentes políticos en el exilio y ex prisioneros políticos para incautar sus bienes y apoderarse de las pensiones de estos sin una base legal.

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También se incluyó a la directora y el subdirector del Registro Público de la Propiedad, Valeria Maritza Halleslevens Centeno y Eduardo Celestino Ortega Roa, respectivamente. La sanción alcanzó a la actual Vicepresidenta de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIBOIF), Marta Mayela Díaz Ortiz y la subdirectora del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), Sagrario de Fátima Benavides Lanuza.

La lista Engel está basada en la sección 353 de la Ley de Compromiso Mejorado del Triángulo Norte-Estados Unidos hace que las personas pierdan sus visas y tienen prohibido entrar a territorio estadounidense. Esta sería la tercera ocasión que se utiliza en contra de funcionarios del régimen Ortega-Murillo. La primera vez que se usó fue en marzo de este año, cuando incluyeron a nueve funcionarios nicaragüenses. En total, han sido incluidos 45 funcionarios del régimen sandinista desde el año pasado.

Inicialmente la Lista Engel solo afectaba a funcionarios del Triángulo Norte de Centroamérica: Honduras, Guatemala y El Salvador. Pero a partir del año pasado ha sido aplicada a funcionarios nicaragüenses. Las personas incluidas en la lista son las que, a juicio del presidente Joe Biden, han participado “en acciones que socavan los procesos o instituciones demócratas, la corrupción significativa y obstrucción de investigaciones sobre tales actos de corrupción”.

Por cada funcionario sandinista sancionado, Estados Unidos agrega una argumentación. Por ejemplo, en el caso de Wendy Carolina Morales Urbina, afirman que “socavó los procesos o instituciones democráticas, utilizando la oficina del fiscal general para facilitar una campaña coordinada para suprimir la disidencia, confiscando propiedades de los opositores políticos del gobierno sin una base legal. Urbina también se ha apoderado de propiedades de miles de organizaciones no gubernamentales bajo leyes explícitamente diseñadas para suprimir la libertad de asociación”.

La fiscal guatemalteca Monterroso y el juez Orellana son sancionados concretamente por instruir investigaciones y juicios contra periodistas por ejercer su libertad de expresión. El Gobierno del actual presidente Alejandro Giammattei, protector de estos actores y acusado de alentar una deriva autoritaria, rechazó las acusaciones y a través de un comunicado acusó a Estados Unidos de intentar “imponer su jurisdicción a personas en el extranjero”.

Por ahora, la pareja presidencial de Nicaragua no se ha pronunciado sobre sus nuevos designados en la Lista Engel y se espera que Ortega y Murillo irrumpan en cadena nacional a lo largo de la tarde para presidir en un circuito cerrado y sin masas (como era habitual antes de 2018) el aniversario de la revolución sandinista.

Mientras tanto, el Instituto Raza e Igualdad señaló este 19 de julio que hasta mayo de 2023, 64 personas permanecían privadas de libertad por motivos políticos en Nicaragua, según la última actualización del Mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas. De ese total, 10 son mujeres y 54 son hombres. “En el mes de mayo 90 personas fueron detenidas arbitrariamente por el régimen Ortega-Murillo, entre ellas personas percibidas como opositoras, periodistas y activistas de varios departamentos del país. Una nueva forma de represión utilizada por el régimen es el imponer la medida alterna de presentación periódica y medidas cautelares personales”, resume Raza e Igualdad. “Al menos 81 personas fueron judicializadas ilegalmente en el periodo comprendido, así como un aumento en la cifra de personas ex-presas políticas recapturadas y judicializadas nuevamente (14 personas) y destaca la cifra de personas en celdas de reclusión diferenciada (15 personas)”.

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Sobre la firma

Wilfredo Miranda Aburto
Periodista nicaragüense. Colaborador de EL PAÍS basado en Costa Rica, donde está exiliado. Ha cubierto temas políticos, en especial sobre violaciones de derechos humanos: desplazamiento forzado, tráfico ilegal de tierras indígenas, medio ambiente y ejecuciones extrajudiciales en Centroamérica. Ha ganado el premio Ortega y Gasset y el Rey de España.

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