SALVADOR SÁNCHEZ CERÉN

Ortega da la nacionalidad nicaragüense a Sánchez Cerén, expresidente de El Salvador señalado de corrupción

La justicia salvadoreña, controlada por el presidente Nayib Bukele, acusa al mandatario de enriquecimiento ilícito junto a otros nueve exfuncionarios e integrantes del FMLN

El expresidente Salvador Sánchez Cerén, en una imagen de febrero de 2019.
El expresidente Salvador Sánchez Cerén, en una imagen de febrero de 2019.RODRIGO SURA / EFE

El régimen de Daniel Ortega ha otorgado este viernes la nacionalidad nicaragüense a Salvador Sánchez Cerén, expresidente de El Salvador, después de que dejara su país tras ser señalado de enriquecimiento ilícito, peculado y lavado de dinero. Cerén forma parte de una investigación de la justicia salvadoreña, controlada por el presidente Nayib Bukele, que incluye a 10 exfuncionarios e integrantes del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), el partido de izquierda con el que Bukele ingresó a la política en el país centroamericano. Todos formaron parte del Gobierno del expresidente Mauricio Funesquien también ha recibido protección en Nicaragua— y son señalados de recibir sobresueldos de millonarios fondos secretos que eran manejados de forma discrecional por el Ejecutivo de Funes.

El Salvador

Junto a Cerén han sido señalados varios exministros, incluyendo el titular de Hacienda del Gobierno de Funes, Carlos Cáceres, quien fue detenido el pasado 22 de julio en medio de una redada en la que también fueron capturados otros cuatro importantes exfuncionarios. Varios de los detenidos han denunciado a través de familiares y abogados que los procesos fueron irregulares. Por ejemplo, un familiar de la exministra de Salud, Violeta Menjívar, aseguró al diario digital El Faro que fue detenida cuando salía de su casa y sin que le presentaran una orden judicial de captura ni le leyeran los cargos. “Solo le dijeron que era un procedimiento rutinario”, afirmó a ese diario Mario González, abogado de Menjívar.

Voces de la oposición y organizaciones críticas con el Gobierno de Bukele han exigido que se respeten los derechos de los acusados y la independencia del sistema judicial, que es controlado por el mandatario desde el 1 de mayo, cuando la Asamblea Legislativa (Parlamento) dominada por los diputados del movimiento político de Bukele, Nuevas Ideas, destituyó al fiscal general y a los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte salvadoreña.

“Justicia, no venganza”

El proceso contra Sánchez Cerén y los otros implicados es encabezado por el fiscal Rodolfo Delgado, considerado un leal de Bukele. La jesuita Universidad Centroamericana (UCA) publicó un día después de los arrestos un crítico editorial titulado “Justicia, no venganza”, en el que pide al Gobierno que respete el debido proceso. “De ser ciertos los cargos que se les imputan [a los acusados], lo cual deberá ser probado como corresponde, es decir, haciendo que primen los hechos y la legalidad sobre el efectismo y el afán de espectáculo, los acusados deben responder por sus actos ante la justicia. Porque eso es precisamente lo que el país necesita: justicia, una justicia independiente y con todas las garantías legales. No necesita arbitrariedad, sino Estado de derecho. Necesita paz y democracia, no enfrentamiento y dictadura”, afirmaron las autoridades universitarias en el texto.

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A Sánchez Cerén —sobre quien se ha presentado una orden de captura internacional— se le acusa de haber recibido 530,000 dólares mientras se desempeñó como vicepresidente de Funes. A este último, la justicia salvadoreña lo ha señalado de desviar 351 millones de dólares de fondos públicos, dentro de la partida secreta que manejaba de forma discrecional el Ejecutivo. “Un mecanismo utilizado para ocultar la remuneración real que reciben ministros, viceministros y algunos titulares de instituciones descentralizadas y de autónomas con fondos de la partida secreta de Casa Presidencial, un complemento en efectivo por el cual no pagaron impuesto sobre la renta”, ha explicado El Faro, que reveló hace ocho años esta trama corrupta.

Bukele, un presidente que gobierna a golpe de órdenes dictadas desde Twitter, ha sido beligerante en las acusaciones de corrupción contra sus antiguos excompañeros de partido. El Faro afirma que bajo la etiqueta de #LaVerdaderaLista el mandatario y sus acólitos han lanzado una estrategia propagandística para poner la atención de los salvadoreños en los exfuncionarios señalados de corrupción y desviarla de otros problemas que afectan a su Administración, una acción que también denuncia la UCA.

“En nuestro país se está usando el poder para perseguir a opositores y satisfacer deseos de venganza, ya sean propios o porque se piensa que una buena parte de la población reclama el oprobio de quienes están fuera del oficialismo. Este jueves pasado [22 de julio], en un nuevo paso de su esfuerzo diario por consolidar su narrativa de azote de los corruptos (aunque bajo su sombra operen personas de historial y ética más que cuestionables), y probablemente para desviar la atención de temas como la Lista Engel y el próximo uso del bitcoin, el presidente, a través de su fiscal, arrestó y exhibió a exfuncionarios del FMLN, acusándolos de lavado de dinero”, afirma la universidad en su editorial.

La UCA hace referencia a una lista publicada por el Departamento de Estado de Estados Unidos en la que incluye a funcionarios, diputados y personajes cercanos a Bukele, señalados por Washington de estar involucrados en casos de corrupción o de participar en el debilitamiento de la democracia salvadoreña, que parece ser uno de los objetivos del presidente, quien el año pasado irrumpió, arropado por oficiales de la policía y militares, en la Asamblea Legislativa, se sentó en la silla del presidente parlamentario y ordenó el inicio de una sesión, amparado, dijo, por un derecho divino.

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