La quema de un Corán en Suecia impulsa la aprobación de una polémica resolución en la ONU

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó este miércoles, gracias a los votos de países miembros de mayoría musulmana, una polémica resolución de condena al odio religioso motivada por la quema de un Corán en Suecia a finales de junio. Este acto ha provocado una oleada de rechazo en países como Pakistán, Irak, Indonesia o Arabia Saudí y subrayado de nuevo las diferencias sobre el concepto de libertad de expresión entre los Estados de mayoría musulmana y los occidentales. El anhelo de algunos países islámicos de que actos como la quema de su libro sagrado se castiguen legalmente, incomoda a Estados Unidos y la UE, que lideraron la oposición a la moción. Tanto Washington como Bruselas consideran que algunos gobiernos de países islámicos aspiran a que Occidente reinstaure las abolidas leyes contra la blasfemia, que siguen en vigor en los Estados musulmanes.

El pasado 28 de junio, un inmigrante iraquí, supuestamente de confesión cristiana, quemó un Corán delante de una mezquita en Estocolmo el mismo día en que se celebraba el Eid al Adha o Fiesta del Sacrificio, una de las festividades religiosas musulmanas más importantes. Para los Estados de mayoría musulmana, esta acción de protesta es responsabilidad del Estado sueco, dado que la policía del país había autorizado la acción de protesta amparándose en la libertad de expresión.

Desde ese día, las protestas de los gobiernos y las manifestaciones contra Suecia han recorrido los países musulmanes. Mientras que, en países árabes como Irak, se han desatado disturbios por la quema del Corán, otros, como Marruecos, han adoptado una firme respuesta diplomática sin que la protesta se haya trasladado a la calle. Desde el 29 de junio, coincidiendo con el Eid el Adha, el Gobierno de Rabat mantiene retirado “por tiempo indefinido” a su embajador en Estocolmo, quien fue llamado a consultas siguiendo las “altas instrucciones” del rey Mohamed VI, informa desde Rabat Juan Carlos Sanz.

La asimilación entre el acto del inmigrante iraquí en Suecia y el Estado sueco por parte de los habitantes y las autoridades de diversos países musulmanes llevó también este martes al Gobierno de los talibanes en Afganistán a prohibir en un comunicado todas “las actividades suecas en Afganistán”. Suecia cerró su embajada en Kabul tras la toma del poder por los fundamentalistas, el 15 de agosto de 2021, y las únicas actividades “suecas” en Afganistán son los programas de asistencia humanitaria de ONG de esa nacionalidad. Una de ellas, el Comité Sueco para Afganistán (SCA), precisó ese mismo día no ser “una entidad gubernamental”. Luego aseguró que estaba intentando averiguar si el veto afectaba a sus proyectos. En 2022, los centros sanitarios de esta organización ofrecieron cuidados médicos a 2,5 millones de afganos.

Pakistán, uno de los Estados musulmanes miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU —la membresía es rotatoria y dura tres años— se encargó de presentar el texto de la resolución en nombre de los 57 Estados de la Organización de la Conferencia Islámica. La moción fue aprobada con los votos a favor de 28 de los 47 miembros y siete abstenciones. De los 12 Estados que votaron a contra, solo uno, Costa Rica, se engloba en el llamado “Sur Global” (América Latina, África y Asia). El resto son Estados Unidos y 10 países europeos; nueve miembros de la UE y el restante, Montenegro, candidato a la adhesión. La aprobación de la resolución se daba por hecha, dado que, de los 47 miembros actuales del organismo de derechos humanos, 19 forman parte de la Organización de la Conferencia Islámica.

Revisar la legislación

El texto aprobado este miércoles denuncia la quema del Corán como un acto “ofensivo, irrespetuoso y un claro acto de provocación” y su objetivo es que el Consejo de Derechos Humanos elabore un informe y pida a los Estados que revisen su legislación para permitir “la persecución de los actos y la apología del odio religioso”. “Debemos ver esto claramente como lo que es: incitación al odio religioso, a la discriminación y a los intentos de provocar la violencia”, declaró el martes en una sesión del consejo el ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Bilawal Bhutto. Sus declaraciones fueron secundadas por ministros de Irán, Arabia Saudí e Indonesia. “Dejen de abusar de la libertad de expresión”, apostilló la ministra de Asuntos Exteriores indonesia, Retno Marsudi.

Embajadores de los países europeos en el organismo de la ONU condenaron la quema del Corán, pero mostraron su oposición al texto. La representante de Alemania, Katharina Stasch, calificó la destrucción del libro sagrado de “espantosa provocación” y la censuró, antes de aclarar que “la libertad de expresión a veces también significa soportar opiniones que pueden parecer casi insoportables”. La embajadora de Francia puntualizó que los derechos humanos consisten en proteger a las personas, no a las religiones y sus símbolos. Respondía así al argumento defendido en la propuesta de resolución, que sostenía que prender fuego a un Corán atenta contra esos derechos. “No nos gusta el texto”, zanjó un diplomático occidental en declaraciones a Reuters.

También en el debate del martes, el jefe de Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, declaró al Consejo que los actos contra los musulmanes, así como contra otras religiones o minorías, son “ofensivos, irresponsables y erróneos”. Sin embargo, en su llamamiento a respetar a “todos los demás”, Türk incluyó a “los inmigrantes y las personas LGBTQI”, dos colectivos cuyos derechos humanos son violados de forma recurrente en países de mayoría musulmana, según llevan años denunciando diversas organizaciones humanitarias.

La quema del Corán en Estocolmo no solo ha suscitado la polémica resolución en Naciones Unidas. También ha tenido implicaciones geopolíticas ajenas al organismo de derechos humanos. Tras el incidente, los analistas hicieron cábalas sobre cómo ese acto podía minar los esfuerzos suecos para superar el veto de Turquía a su ingreso en la OTAN, que finalmente Ankara se comprometió a retirar la víspera de la cumbre de la Alianza en la capital lituana, Vilnius. A principios de julio, el presidente ruso, Vladímir Putin, apareció en un vídeo con un Corán en las manos, resaltando cómo la legislación rusa considera “un crimen” los actos de profanación de los símbolos religiosos, a diferencia de los países occidentales.

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