China etiqueta como “extremistas violentos” a los uigures por tener el Corán en el móvil

La organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) ha denunciado este jueves que los miembros de la minoría étnica uigur residentes en China pueden ser etiquetados como “extremistas violentos” e incluso ser sometidos a interrogatorios por la policía del país solo por descargar en sus móviles el Corán, el libro sagrado de los musulmanes. Tras efectuar un análisis forense de una lista de 50.000 archivos utilizados, entre otros, por las autoridades chinas para definir a quienes los poseen como extremistas, la organización ha llegado a la conclusión de que “los musulmanes étnicos son señalados como partidarios del extremismo violento por el simple hecho de practicar su religión o mostrar interés por ella”.

Las autoridades chinas vigilan los móviles de los uigures, una minoría mayoritariamente musulmana de la región occidental de Xinjiang, donde constituyen el 45% de la población, y a otras etnias de origen túrquico, gracias a aplicaciones que les permiten acceder al contenido de los teléfonos de la población y que los residentes de esa región están obligados a descargar en sus celulares, subraya el informe, titulado China: un programa de búsqueda telefónica vulnera los derechos de los uigures. La policía china de Urumqi, la capital de Xinjiang, sostiene el documento, “ha exigido a los residentes que se descarguen una aplicación llamada Jingwang Weishi, que otorga a las autoridades la capacidad de vigilar el contenido de sus teléfonos móviles. A los visitantes de esa región también se les puede exigir que descarguen una aplicación similar llamada Fengcai”.

HRW analizó esa lista de 50.000 archivos multimedia, pero las autoridades chinas vigilan, no solo la descarga o consulta de esos documentos, audios o vídeos, sino un conjunto más amplio de contenidos. En total, 52 GB de documentos de una base de datos de la policía de Xinjiang, según se filtró al medio estadounidense The Intercept en 2019, pero que no se había hecho público hasta ahora, asegura HRW.

Cuando un musulmán uigur descarga uno de esos archivos, la policía lo detecta gracias al uso de aplicaciones que les permiten rastrear y controlar el contenido de los móviles. De acuerdo con el análisis forense que ha efectuado la organización de derechos humanos, en esa lista de archivos sometidos a seguimiento figuran algunos contenidos “violentos y terroristas”. Como por ejemplo: audios, vídeos e imágenes de organizaciones como Estado Islámico. Pero también información que no tiene nada que ver con el terrorismo yihadista. Entre ese material no violento, que basta para “desencadenar un interrogatorio”, prosigue el informe, se incluyen lecturas del Corán, canciones islámicas e incluso un programa de viajes chino presentado en Siria llamado On the Road.

El análisis de la base de datos de la policía efectuado por HRW, sugiere que, en muchos casos, “los musulmanes étnicos son señalados como partidarios del extremismo violento por el simple hecho de practicar su religión o mostrar interés por ella”.

El grupo de derechos humanos asegura que un estudio de los metadatos de la lista reveló que durante 9 meses, entre julio de 2017 y marzo de 2018, la policía siguió la pista de esos archivos casi 11 millones de veces, en 1,2 millones de teléfonos diferentes, que pertenecían a 3,52 millones de residentes de la capital de Xinjiang, Urumqi. El 57% del contenido identificado como problemático era material religioso ordinario, denunció HRW. “Solo el 9% de los archivos marcados contenían contenido violento y otro 4% contenido que llamaba a la violencia”, de acuerdo con la ONG.

Confundir el islam con el extremismo violento

“El Gobierno chino confunde de forma escandalosa y peligrosa el islam con el extremismo violento para justificar sus aborrecibles abusos contra los musulmanes túrquicos en Xinjiang”, afirmó Maya Wang, directora en funciones para China de HRW, según la nota de prensa de la organización. “El Consejo de Derechos Humanos de la ONU debe tomar medidas ―que deberían haberse tomado hace tiempo― e investigar los abusos del Gobierno chino en Xinjiang y más allá”, recomendó Wang.

Otros de los archivos incluidos en la lista de los 50.000 “marcados para revisión [policial]”, desvela el informe, son los que incluyen “material de organizaciones que promueven la identidad o la autodeterminación de los uigures” o de otras minorías túrquicas. Entre ellas, se encuentran el movimiento separatista por la independencia del Turquestán Oriental, el grupo en el exilio Congreso Mundial Uigur y el medio de comunicación Radio Free Asia, financiado por el Gobierno de Estados Unidos. Otros archivos considerados sospechosos por parte de las autoridades chinas son los relativos a la matanza de la plaza de Tiananmen de 1989, una información sometida a una estricta censura en China.

El pasado 1 de septiembre, Naciones Unidas presentó un informe, fruto de una larga investigación independiente, en el que acusaba a China de posibles crímenes contra la humanidad contra los uigures y otras minorías étnicas musulmanas al aplicar políticas que implicaron detenciones arbitrarias masivas y otros graves abusos. La práctica sistemática de la represión por parte del régimen de Pekín provocó “la privación de libertad a gran escala” de miembros de esas minorías entre 2017 y 2019. La ONU calcula que al menos un millón de uigures permanecen internados en campos de trabajo y reeducación, sin contar con el número indeterminado de los sometidos a esterilizaciones forzosas. Además de estas acusaciones, el documento señalaba que la región de Xinjiang lleva sometida desde hace años a “una vigilancia orwelliana”.

Tras la presentación del informe, China amenazó la ONU con que sus relaciones mutuas “podrían verse afectadas”. Pekín niega estar cometiendo abusos contra los derechos humanos en Xinjiang y defiende que los centros de reeducación son, en realidad, centros de formación profesional destinados a paliar la pobreza y combatir el radicalismo.

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