Suecia se atraganta con las expulsiones de ciudadanos exigidas por Erdogan para levantar el veto en la OTAN

Ocho meses después de que Suecia y Finlandia solicitaran su adhesión a la OTAN, Turquía mantiene bloqueada la ampliación sin ninguna intención de ceder pronto. Los dos países nórdicos han accedido a varias demandas de Ankara, pero Recep Tayyip Erdogan pretende obtener el máximo rédito político que le confiere la posibilidad de vetar cualquier ingreso en la Alianza. El presidente turco, que en unos meses se juega su reelección, exige a Suecia la extradición de decenas de personas que califica de “terroristas” y que residen en su territorio. “Turquía nos confirma que hemos cumplido lo acordado, pero también nos pide cosas que no podemos hacer y no haremos”, declaró el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, hace unos días, en un mensaje mucho más contundente que todos los anteriores.

Suecia, Finlandia y Turquía firmaron durante la cumbre de la OTAN del pasado junio en Madrid un acuerdo por el que los dos primeros se comprometían, por ejemplo, a “prevenir las actividades” en su territorio del PKK, el grupo kurdo que mantiene una lucha armada contra el Estado turco desde hace décadas. Los Gobiernos sueco y finlandés sostienen que están cumpliendo con lo pactado: ha aumentado la cooperación entre sus servicios secretos y los turcos, han levantado su veto a la venta de armamento a Turquía, y en Suecia —país al que se dirigen la gran mayoría de las exigencias— entró en vigor el 1 de enero una enmienda constitucional que restringe el derecho de asociación en favor de la lucha antiterrorista.

El memorándum trilateral de Madrid establece que “Suecia y Finlandia estudiarán las solicitudes de extradición realizadas por Turquía de manera minuciosa y expedita”. Varias personas han sido extraditadas o deportadas del país escandinavo a Turquía en los últimos meses, pero Erdogan se llevó un varapalo cuando fue denegada a finales de diciembre la entrega de Bülent Kenes, el único ciudadano de los reclamados que el mandatario citó en noviembre durante una rueda de prensa en Ankara junto a Kristersson.

Kenes, periodista de 57 años, comenta por teléfono que “cualquier disidente es un terrorista para el déspota islamofascista (Erdogan)”. Refugiado en Suecia desde 2015, dirigió durante casi una década la edición en inglés de Zaman, el periódico de mayor tirada en Turquía hasta que fue intervenido por orden judicial. “He sido condenado a tres cadenas perpetuas agravadas, más otros 15 años, por lo que escribí en una columna de 500 palabras”, relata Kenes, activista por los derechos humanos y ferviente europeísta.

Ankara respondió enfurecida cuando el Tribunal Supremo de Suecia denegó la extradición del periodista. Mevlüt Cavüsoglu, el ministro turco de Exteriores, dijo que las negociaciones habían quedado “envenenadas”. Solo un par de semanas antes, el Gobierno turco había recibido con entusiasmo la deportación de Mahmut Tat, un kurdo condenado en Turquía a seis años y medio de prisión, acusado de haber proporcionado al PKK material —fertilizantes y baterías— para fabricar explosivos. El arresto de Tat al aterrizar en Ankara fue televisado en directo y Anadolu, la agencia de noticias oficial, aseguró que la entrega del treintañero, que antes de huir a Escandinavia conducía autobuses en la ciudad de Dersim, era resultado de las negociaciones para la adhesión a la OTAN. “Fue vergonzoso que se deportara a Tat”, critica Kenes. “Es inaceptable que Suecia acepte como interlocutor a un régimen experto en fabricar acusaciones falsas”, agrega el exiliado.

Extraditar a refugiados y ciudadanos suecos

Los casos de Tat y Kenes guardan una profunda diferencia. La solicitud de asilo del antiguo conductor fue denegada; la del periodista, aprobada. Ankara insta a Estocolmo a extraditar a algunos ciudadanos que tienen el estatus de refugiado o la nacionalidad sueca, algo imposible legalmente.

El Gobierno de Erdogan reclamaba 42 extradiciones a finales de diciembre, según la radio pública sueca. Los medios turcos han utilizado cifras y listas distintas —algunas incluían muertos— y Erdogan afirmó en junio que Estocolmo se había comprometido a extraditar a “73 terroristas”. Aparezcan o no sus nombres publicados, decenas de personas en Suecia viven con temor a acabar en una cárcel turca.

Zinar Bozkurt, kurdo de 27 años, es uno de ellos. En agosto fue arrestado en la vivienda que comparte con su esposo, nacido en Suecia. Bozkurt, cuya solicitud de asilo fue denegada tras seis años de espera, estuvo detenido 55 días en los que llegó a emprender una huelga de hambre. “Me acusaron de ser miembro del PKK; no me presentaron ninguna prueba”, sostiene por teléfono. En última instancia, la defensa de Bozkurt logró paralizar la deportación y se le concedió un permiso de residencia —”ante el riesgo de tortura”— que expira en 10 meses. “Prefiero morir en Suecia a que me deporten”, sentencia.

“Riesgo para la seguridad nacional”

Tat y Bozkurt tienen en común que han militado en partidos kurdos y han asistido en Suecia a manifestaciones en las que se ondearon banderas del PKK. Antes de que sus solicitudes de asilo fueran denegadas, sus casos pasaron a manos de la Policía de Seguridad Sueca al ser clasificados como de “riesgo para la seguridad nacional” —una práctica cada vez más frecuente— y se ordenó su deportación. Las extradiciones de ciudadanos que residen legalmente en Suecia requieren un proceso más complejo. “La reforma constitucional permitirá tipificar la pertenencia a organización terrorista, con lo que se podría extraditar a ciertas personas que hoy resulta imposible”, explica Miran Kakaee, abogado de Bozkurt.

Más de 100.000 kurdos residen en Suecia, una comunidad bien integrada que no esperaba verse involucrada en el proceso de adhesión a la OTAN. Su desasosiego ha aumentado desde que el conservador Kristersson fue investido primer ministro con el respaldo de la ultraderecha, los cristianodemócratas y los liberales. Muchos kurdos temían que el nuevo Gobierno, que sucedía a uno socialdemócrata, estuviera más dispuesto a ceder a las presiones turcas. Y pronto percibieron el nuevo tono de sus gobernantes.

Tobias Billström, ministro de Exteriores, ha asegurado que no se permitirá que se financie desde Suecia a las milicias kurdas que controlan parte de Siria, enemigas de Erdogan y aliadas de la coalición internacional contra el yihadismo liderada por Estados Unidos. Billström —que insiste frecuentemente en que Turquía “es una democracia”— subrayó que Ankara tenía “derecho a defenderse” después de que la aviación turca reanudase en noviembre los bombardeos en el norte de Siria, en el marco de una campaña militar que en 2016 provocó el embargo de armas que Estocolmo y Helsinki han levantado recientemente. Billström y Kristersson han sacado pecho en sus viajes a Ankara de la reforma constitucional —un proceso iniciado en la anterior legislatura— que, según el primer ministro, “permitirá tener mucho más músculo para luchar contra el terrorismo”. La embajada sueca en Ankara publicó un tuit con un comunicado del Ministerio de Exteriores traducido al turco cuando la enmienda entró en vigor.

Con la economía turca sumida en una grave crisis y con sondeos que le resultan preocupantes, Erdogan trata de exprimir su chantaje a Estocolmo de cara a las elecciones previstas en junio, a las que podría llegar ilegalizado el principal partido kurdo. Kenes destaca que el presidente turco, además de beneficiarse electoralmente, hace un favor al Kremlin al bloquear el ingreso de Suecia y Finlandia: “Erdogan se ha convertido en un caballo de Troya de Rusia en la OTAN”. Hungría, que se niega a cortar lazos con Moscú, es el otro miembro que aún no ha ratificado la adhesión de los dos países nórdicos —el último en hacerlo fue Eslovaquia, en septiembre—.

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