Palizas, hambre, frío y muerte en el agujero negro de la frontera entre Bielorrusia y Letonia

El drama comenzó hace casi dos años. Decenas de migrantes llegaron a la frontera entre Bielorrusia y Letonia con la intención de cruzar a la Unión Europea. Las autoridades letonas decretaron el estado de emergencia, vetaron el acceso a la prensa y los activistas, suspendieron la directiva comunitaria de asilo y dieron luz verde a las devoluciones en caliente y al uso de la fuerza. Algunas personas se quedaron atrapadas en tierra de nadie hasta siete meses: hambrientas, heladas, desesperadas y forzadas por los guardias bielorrusos a permanecer en un bosque en el que se violan impunemente los derechos humanos y reina la violencia. Tras un periodo en el que se redujo casi por completo, el flujo de migrantes en la frontera ha vuelto a aumentar notablemente en las últimas semanas. “Es inhumano el trato que recibe gente que necesita ayuda imperiosamente”, sostiene Ieva Raubisko, una activista letona que se enfrenta a una posible condena de hasta cinco años de cárcel por socorrer a un grupo de sirios exhaustos que acababan de pisar territorio comunitario.

Al mismo tiempo que se producían las primeras expulsiones sumarias en la frontera letona, miles de migrantes se agolpaban también a las puertas de Lituania y, sobre todo, Polonia, acaparando los focos de los medios internacionales. La franja de terreno que separa Letonia y Bielorrusia se convirtió rápidamente en un agujero negro donde son frecuentes las palizas y las descargas eléctricas; una zona boscosa y muy despoblada en la que varias personas han perdido dedos o extremidades por congelación y otras han desaparecido en medio de un apagón informativo.

Tras ser expulsados de territorio letón, cinco sirios, asistidos por abogados bielorrusos exiliados en Lituania, lograron que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictara unas medidas cautelares que exigían a Letonia que aceptara y ofreciera asistencia médica a estas personas, al menos temporalmente.

Conscientes de que ese día el grupo trataría de volver a cruzar por un punto determinado, Raubisko y un compañero viajaron una noche de enero desde Riga hasta la frontera. “Cuando bajé del coche a esperar a que llegaran, el frío era tan espantoso y el paraje tan desolador que únicamente podía pensar ‘¿pero, por favor, cómo sobreviven?”, relataba hace unas semanas en un bar de la capital letona esta activista, antropóloga social especializada desde hace más de 20 años en inmigración. “Finalmente, llegaron. Se desplomaron en la nieve al vernos; uno de ellos convulsionaba”, prosigue Raubisko, mientras trata de mantener entretenido a su hijo de cuatro años.

La antropóloga sabía que era probable que regresara a Riga con una sanción administrativa por acudir a la frontera, pero aun así llamó a los guardias fronterizos con la orden del Tribunal de Estrasburgo en mano. Esa misma noche comenzó la odisea judicial para los dos activistas; antes de volver a casa, bien entrada la madrugada, ya estaban siendo investigados por un posible delito de “tráfico de personas”. Dos de los sirios, en estado crítico, fueron trasladados al hospital; el resto, a un centro de internamiento de migrantes en Daugavpils, la segunda ciudad del país, a 10 kilómetros de la frontera. “Mereció la pena. Esas cinco personas han recibido el estatuto de refugiado”, resume Raubisko.

“A diferencia de Polonia y Lituania, aquí las muestras de solidaridad con los migrantes han sido prácticamente inexistentes”, sostiene Nils Muznieks, director regional para Europa de Amnistía Internacional y residente en Riga. “La prohibición de acceder a la zona fronteriza ha permitido a las autoridades letonas negar en todo momento lo que está ocurriendo”, agrega Muznieks, excomisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa. El Gobierno letón sostiene desde el inicio de la crisis que el estado de emergencia es la única respuesta posible a “la instrumentalización de la migración” por parte del régimen de Aleksandr Lukashenko. El dictador bielorruso, el principal aliado del Kremlin, alienta la llegada de migrantes de Oriente Próximo con la intención de trasladarlos a las fronteras comunitarias y, en ocasiones, obligarlos a permanecer allí.

Aleksandra Jolkina, una investigadora especializada en legislación comunitaria sobre inmigración y asilo, fue la primera en romper el silencio. Recopiló 40 testimonios de migrantes, la mayoría iraquíes, que habían estado atrapados entre diciembre de 2021 y abril de 2022, a los que les confiscaron la documentación y los teléfonos móviles y durante un tiempo no permitieron regresar a Minsk para desistir de su objetivo de llegar a Europa. “A veces los guardas bielorrusos les daban algo de comida, unas gachas o un poco de pan, lo justo para sobrevivir; luego les decían que tenían que volver a cruzar a Letonia” explica Jolkina por teléfono. Su investigación sugiere que los migrantes que estuvieron en la frontera en los primeros nueve meses de la crisis, sometidos a expulsiones casi a diario, probablemente no fueron más de tres centenares, aunque las cifras oficiales indican que se realizaron más de 7.500 devoluciones en caliente en ese período.

Amnistía Internacional publicó en octubre un informe de 67 páginas con dos decenas de entrevistas que, sumadas a los anteriores testimonios documentados por Jolkina, perfilan un patrón de abusos de las fuerzas de seguridad letonas sobre los migrantes. Los afectados suelen coincidir al describir los “comandos” como grupos de miembros de las fuerzas de seguridad con pasamontañas, armados y sin placas identificativas, que agreden a los migrantes con porras y pistolas táser con el consentimiento de las autoridades. Uno de los puntos más polémicos en los que coinciden muchos relatos es la existencia de prisiones secretas en medio del bosque en las que migrantes, incluidos niños, son retenidos —y en ocasiones torturados— antes de ser expulsados a Bielorrusia.

Lenguaje deshumanizador

Algunas personas son admitidas en la frontera por “cuestiones humanitarias” y trasladadas a Daugavpils. En el centro de internamiento, según testimonios recopilados por Jolkina y Amnistía, muchos son presionados para firmar declaraciones de retorno voluntario y no llegan a registrar solicitudes de asilo. En diciembre, Médicos Sin Fronteras abandonó Letonia ante “la imposibilidad de proporcionar apoyo médico y ayuda humanitaria a los migrantes y solicitantes de asilo”. “A diferencia de Polonia y Lituania, los medios de comunicación letones no han cubierto este asunto desde la perspectiva de los derechos humanos. No se ha dado voz a las víctimas y se ha usado un lenguaje deshumanizador contra ellas; tildándolas de ilegales y criminales”, comenta Jolkina, que en abril comenzó a trabajar en el Centro sobre Derecho Migratorio y de Asilo de la Universidad Libre de Ámsterdam, donde lleva a cabo un estudio comparativo de las acciones de Letonia, Lituania y Polonia en sus respectivas fronteras.

La situación de los migrantes que vagan perdidos por el bosque, en el que habitan osos y lobos y las temperaturas en invierno llegan a desplomarse hasta los 25 grados bajo cero, contrasta con el apoyo de la sociedad y la clase política letonas a los casi 50.000 ucranios que se han reasentado en el país báltico desde el inicio de la invasión rusa, en febrero de 2022. La mayoría de la población respalda a los guardias fronterizos, los policías y los militares desplegados en la zona conflictiva. “Vive muy poca gente cerca de la frontera, pero si alguien ve a un grupo de migrantes que acaba de cruzar, es muy probable que alerte inmediatamente a las autoridades”, sostiene Jolkina.

Raubisko, Jolkina o los investigadores de Amnistía han estado en el punto de mira de algunos destacados políticos letones, que los han acusado de “trabajar para el Kremlin” o de ser “una herramienta más de la guerra híbrida de Rusia y Bielorrusia”. También han recibido insultos de toda clase en las redes sociales, donde sale a relucir el odio al migrante de Oriente Próximo que ha penetrado en parte de la sociedad letona. “Ha habido muchos comentarios en Twitter que destilaban puro racismo. Hay usuarios que instan a los guardias fronterizos a abandonar a los migrantes hasta su muerte”, comenta Jolkina.

Los migrantes llegan a Bielorrusia seducidos por anuncios de agencias de viaje informales en los que se les garantiza el acceso a territorio comunitario por unos 5.000 dólares (4.650 euros). La opción de hacerlo a pie, y evitar el horror del Mediterráneo, resulta tentadora para muchos. Hasta ahora, los iraníes, iraquíes, sirios o afganos que contrataban un paquete para viajar a Letonia comenzaban su viaje con un vuelo a Rusia, donde hacían escala para llegar a Minsk y de allí ser trasladados en autobús a la frontera. En abril se inauguró una ruta regular entre Teherán y la capital bielorrusa, que, según las autoridades letonas, elevará aún más la cifra de migrantes en sus lindes.

El pasado jueves, el Parlamento letón dio el primer paso para aprobar unas enmiendas legislativas que permitirán las devoluciones en caliente sin necesidad de prorrogar el estado de emergencia cada tres meses. Los guardias fronterizos podrán seguir recurriendo al uso de la fuerza para evitar cruces irregulares y expulsar sin ningún procedimiento a quienes logren atravesar la frontera. La reforma legislativa de Letonia va en línea con la aprobada en abril por Lituania. El Gobierno letón argumenta que, entre las personas “instrumentalizadas” por el Estado vasallo de Rusia, puede haber algunas con tendencias terroristas o infiltrados de servicios secretos enemigos. Desde agosto, Letonia está levantando una robusta valla metálica en los 173 kilómetros que la separan de Bielorrusia, en la que Estados Unidos hará una inversión millonaria para elevar las capacidades de detección. El Ministerio del Interior letón no ha accedido a responder a este diario.

Conforme Jolkina tejió su red de contactos para entrevistar a personas que habían pasado meses en ese bosque infernal, comenzó a recibir mensajes de familiares desesperados que le enviaban copias de los pasaportes de algunos de sus seres queridos de los que no tenían noticias. La investigadora alertó de las desapariciones a diversas instituciones europeas e internacionales, incluidas la Comisión Europea y Frontex, la agencia europea de fronteras. Dunja Mijatovic, la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, fue la única que expresó públicamente su preocupación. Las autoridades letonas reconocieron la muerte de un afgano por hipotermia el pasado invierno; las bielorrusas admiten haber encontrado un par de cadáveres. Muznieks y Raubisko temen que sean muchos más los migrantes anónimos que han perecido en algún punto entre Bielorrusia y Letonia.

Sigue toda la información internacional en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.