“Las devoluciones en caliente son el inicio del fin del derecho de asilo”

El aluvión de noticias que emanan de España y que dan cuenta de atropellos contra inmigrantes y demandantes de asilo en la frontera sur de Europa animó a Nils Muiznieks, comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, a viajar hasta Melilla para verlo con sus propios ojos. A su vuelta, ya en Madrid, desgrana en una entrevista sus conclusiones y advertencias a los legisladores y a las fuerzas de seguridad españolas. Le preocupa especialmente el intento por parte del Ejecutivo de dar cobertura legal a las devoluciones de inmigrantes en las vallas de Ceuta y Melilla con la previsión incluida en la Ley de Seguridad Ciudadana que se tramita en el Senado. "Melilla no es un caso único. En otros países también hay devoluciones en caliente. La diferencia es que aquí se quieren legalizar y la Corte Europea de Derechos Humanos ha dejado claro que esas expulsiones contravienen la Convención Europea. De legalizarse, supondría el inicio del fin de la política de asilo".

El Ministerio del Interior español prefiere hablar de "rechazo en frontera" y no cree que estas prácticas supongan una vulneración de la legalidad internacional como sostiene el Consejo de Europa y también la Comisión Europea. Las obligaciones internacionales asumidas por España establecen que cualquiera que ponga pie en el territorio español tiene derecho a ser identificado y a solicitar asilo. Las devoluciones colectivas, en el acto y sin mediar identificación vulneran esos derechos. "Suponen un duro golpe contra el principio de no devolución", interpreta Muiznieks. "No se ajustan a la legalidad de la UE, del Consejo de Europa y la ONU".

El Mediterráneo se haya convertido en el cementerio más grande del mundo.

El comisario del Consejo de Europa defiende además la creación en España de un organismo independiente que investigue las acusaciones que se acumulan contra la actuación de las fuerzas de seguridad en el entorno de la valla que separa Melilla de Marruecos por parte de varias ONG. "El sistema actual no está funcionando y da lugar a la impunidad", opina. Y pide al Gobierno español más inversión para el centro de internamiento de inmigrantes de Melilla, en el que el hacinamiento es la norma. Durante su visita, 2.000 personas pernoctaban en un centro con capacidad para 480.

Muiznieks dice ser consciente de la especificidad del territorio melillense. Aún así, piensa que es posible encontrar la fórmula para que el derecho de asilo sea respetado. "Está claro que esta es una cuestión más amplia que afecta no solo a Melilla o a España sino a las relaciones con Marruecos y con otros países africanos. Hay que tener un sistema de asilo que funcione. Esto significa identificar a la gente, darles atención médica, legal y retornarlos si no cumplen los criterios para el asilo". Un total de 5.500 personas llegaron a Melilla en 2014 de forma irregular, 3.000 de ellas procedentes de Siria, según el comisario. "Son cifras manejables", estima.

Es importante respetar la libertad de expresión, pero también otros derechos.

El comisario ha podido comprobar cómo las nuevas oficinas que atienden a los demandantes de asilo en Melilla funcionan desde hace semanas para los sirios —el día que las visitó lo solicitaron hasta 80 personas—. "El asilo está empezando a funcionar para los sirios. Pero para el resto [subsaharianos] todavía no".

La falta de protección de los que huyen de las guerras se ha vuelto especialmente evidente con los naufragios y el uso de barcos fantasma por parte de las mafias en el Mediterráneo. "Tiene que haber un esfuerzo en los puntos de partida para asegurarnos de que no se envía a gente en barcos fantasma. Me preocupa que el Mediterráneo se haya convertido en el cementerio más grande del mundo". Las cifras del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) le dan la razón. Al menos 3.419 inmigrantes perdieron la vida al intentar cruzar el Mediterráneo hasta diciembre del año pasado, lo que convierte esa travesía en la más mortal del mundo.

Melilla no es un caso único. En otros países también hay devoluciones en caliente.

A Muiznieks le preocupa la actual deriva política europea. Al tiempo que las fuerzas de extrema derecha y antiinmigración ganan fuerza, la lucha antiterrorista amenaza con dinamitar derechos y libertades que hasta hace poco parecían consolidados. Advierte del peligro de legislar en caliente; al calor de ataques terroristas como el que la semana pasada conmocionó a Europa, con el asesinato de 17 personas en París.

El atentado en la sede de la revista satírica francesa Charlie Hebdo ha resucitado un intenso debate sobre el equilibrio que debe regir entre la seguridad y las libertades en los Estados de derecho.

"Es importante respetar la libertad de expresión, pero también otros derechos. En los últimos años hemos visto que los derechos humanos se han sacrificado en el altar de la lucha antiterrorista y no ha funcionado. No ha ayudado a capturar a más terroristas, sino que les ha dado munición ideológica contra Occidente. En los próximos meses veremos cómo salen adelante leyes problemáticas desde el punto de vista de los derechos humanos".

Cita Muiznieks como ejemplos preocupantes propuestas para "castigar no solo a los que preparan actos terroristas, sino también a los que visitan una web yihadista o transmiten información", como planea hacer España reformando el Código Penal.