Alejandro Gertz Manero renuncia como fiscal general de México

Alejandro Gertz Manero ha dejado su cargo al frente de la Fiscalía General de la República (FGR) en México, después de una dilatada negociación con el oficialismo, este jueves. Su mandato concluía en enero de 2028. Según varias fuentes cercanas a la negociación, la idea era que Gertz, de 86 años, presentara su renuncia por la mañana, evitando así la narrativa de la confrontación, él, por un lado, y el Gobierno y la pata de Morena en el Senado, por otro. Pero las horas pasaban y la renuncia no llegaba. Al final, se ha producido esta tarde tras horas de especulaciones y rumores. En su texto de renuncia, Gertz asegura que la presidenta, Claudia Sheinbaum, le ha ofrecido el cargo de embajador “en un país amigo”.

El texto de renuncia sigue: “Dicha propuesta me va a permitir la posibilidad de continuar sirviendo a mi país, en una nueva tarea que me honra y que agradezco; ratificando así mi vocación de servicio público de tan larga trayectoria; razón por la cual, a partir de esta fecha y con todos los efectos legales que correspondan, me estoy retirando de mi actual cargo como Fiscal General”. De acuerdo a la ley, el fiscal especializado de Control Competencial debería de asumir el cargo de manera interina, mientras el Senado, en colaboración con Sheinbaum, elige su reemplazo.

Según las mismas fuentes citadas arriba, al tanto de todo el proceso de renuncia, Gertz cae por el enfriamiento de su relación con la presidenta y el Gabinete de Seguridad, en las últimas semanas. Gertz, que llegó al puesto con el apoyo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), concluye así su tiempo al mando de la dependencia, trayectoria marcada por su transformación burocrática, de Procuraduría a Fiscalía, y marcada, también, por los claroscuros del propio Gertz, funcionario escurridizo, incapaz de llevar a juicio las corruptelas de gobiernos pasados.

La salida de Gertz marca el final de una etapa en México, de la que el alto funcionario era uno de los pocos supervivientes. De los que llegaron —o volvieron— al poder con López Obrador, dentro o fuera del gabinete, el fiscal era casi el único que aguantaba, consciente de los nueve años de mandato. Solo le sobrevive la actual secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, antaño titular de la cartera de Seguridad y Protección Ciudadana. Anticipada muchas veces estos años, principalmente por su edad y por presuntas dolencias graves nunca confirmadas, el Senado, encargado de buscarle un sustituto, escribe ahora su esquela política.

La partida del fiscal permite al Gobierno rediseñar el aparato federal de seguridad, de la mano de la presidenta, Claudia Sheinbaum. En estos 13 meses de mandato, la jefa del Ejecutivo ha tratado de mostrar cierta cercanía con el fiscal, que llegó a acudir con asiduidad a las reuniones del Gabinete de Seguridad, e incluso a las conferencias de prensa matutinas de la propia Sheinbaum. Esta cercanía se notaba también en las facilidades que dio Gertz para que la mandataria y su equipo de seguridad, que capitanea el secretario del ramo, Omar García Harfuch, colocaran en la dependencia a sus alfiles, caso de César Oliveros, aterrizado en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.

Pero su salida allana el terreno a Sheinbaum y su Gobierno, conscientes del grave problema que tienen con la impunidad, la cantidad de delitos —la mayoría de carácter local, es cierto— que llegan con fuerza al juzgado y que luego se deshacen en la arena de las audiencias, ya sea por falta de pruebas o por su mediocridad. Uno de los objetivos del Gabinete de Seguridad, como ha repetido Harfuch estos meses, es fortalecer las investigaciones penales, refinar la evidencia para que los casos no se caigan ante el juez. La llegada de un nuevo o una nueva fiscal, cercano a sus ideas e intereses, acabaría con toda excusa de cara al futuro, en materia de resultados.

Gertz pasa ahora a la historia como primer fiscal general de la República independiente y, también, por protagonizar uno de los casos más sonados de posible tráfico de influencias en los últimos años en el país, que tuvo de protagonista a su familia política, la pareja de su hermano, fallecido años atrás, y las hijas de ella. En resumen, Gertz acusaba a la expareja y sus dos hijas de no cuidar bien a su hermano, enfermo de neumonía, causándole la muerte. Fallecido en 2015, la denuncia ante la Fiscalía de Ciudad de México que interpuso Gertz, entonces en el sector privado, no prosperó. Pero, por algún motivo, el proceso revivió tras su llegada a la FGR.

Con Gertz instalado al frente de la dependencia, la Fiscalía de la capital, entonces en manos de Ernestina Godoy, actual consejera jurídica de la presidencia, reactivó el caso contra la expareja del hermano del fiscal y sus dos hijas. En septiembre de 2020, los agentes de Godoy consiguieron órdenes de detención contra ellas y, en octubre, detuvieron a una de las hijas, Alejandra Cuevas. A pesar de que nunca vivió con su madre y el hermano del fiscal Gertz, Cuevas estuvo año y medio en prisión. Hasta que, en marzo de 2022, la Suprema Corte de Justicia desechó su caso y le devolvió la libertad.

El fiscal ha protagonizado otras polémicas estos años, algunas quizá sonrojantes, por las expectativas creadas, que de momento han quedado en nada. El caso Odebrecht aparece con facilidad en esta lista, punta de lanza de los esfuerzos de la Administración de López Obrador contra la corrupción de gobiernos anteriores. En julio de 2019, un juez concedió varias órdenes de detención contra el exdirector de la petrolera estatal, Pemex, Emilio Lozoya, en años del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), y algunos familiares. Según la acusación, Lozoya figuraba en medio de un esquema de sobornos, pagados por la constructora Odebrecht, a cambio de contratos públicos.

El caso levantó cejas como pocos, e hizo pensar en que la justicia era posible. En sus declaraciones, Lozoya llegó a involucrar a una buena cantidad de altos funcionarios de su gobierno y de la oposición, pero la imposibilidad de probar sus dichos han dejado el caso en barbecho. A día de hoy, no hay una sola condena por este asunto. Lo mismo ha ocurrido con casos de corrupción del obradorismo, caso de Segalmex, organismo que luchaba por la seguridad alimentaria de la población y que acogió desfalcos millonarios. A día de hoy, la FGR mantiene a funcionarios de nivel medio en prisión, sin condena alguna.

Otra de las manchas en el expediente de Gertz es la decadencia en las pesquisas del caso Ayotzinapa. Impulsada por López Obrador, la investigación sobre la desaparición de 43 muchachos, en el municipio de Iguala, en Guerrero, en 2014, trajo ilusión al país y, sobre todo, a las familias de los desaparecidos, tras años de inmovilismo de las autoridades, en un caso que tocó el nervio de la nación. Tras dos primeros años prometedores, en que los investigadores de Gertz lograron incluso la identificación de huesos de dos muchachos, el fiscal, empujado por López Obrador, forzó la salida del encargado del caso, Omar Gómez, devolviendo las pesquisas al congelador, en un movimiento que todavía hoy resulta incomprensible.

Parecía poco probable que Gertz permaneciera en el servicio público. Octogenario en su segundo lustro, el desgaste de sus años en la Fiscalía señalaban el retiro, más tras la muerte, hace un par de años, de su colaborador de siempre, Juan Ramos. Pero la opción de la embajada lo mantendrá ahora en activo. Atrás deja media vida de servicio público, ligado a diferentes partidos y movimientos políticos. Antes de fiscal, Gertz fue diputado, jefe de la policía de la capital y del país, agente de la vieja procuraduría, parte del equipo que capitaneó los primeros operativos de erradicación de cultivos ilícitos en el país... Si algún día escribe sus memorias, ignorarlas sería un gran pecado.