Sheinbaum abre la puerta a posponer la elección judicial en un momento de incertidumbre económica

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, abrió recientemente la posibilidad de postergar la elección popular de 849 magistrados y jueces de distrito, con el argumento de descongestionar el calendario electoral del próximo año, reducir costos y facilitar una votación particularmente compleja. “Hay una probabilidad de cambiar la elección del Poder Judicial al 2028; que la enviemos como propuesta a definición del Congreso”, dijo la mandataria recientemente. El movimiento sugiere también que el Gobierno busca un margen para replantear la reforma judicial y mitigar sus efectos adversos sobre la economía.

A pesar del aumento de reuniones entre empresarios y autoridades, los capitales han reducido su ritmo de llegada a México. En la mejor lectura del escenario, al menos no crecen al ritmo esperado, en medio de un entorno externo marcado por la incertidumbre arancelaria, potenciado por una serie de cambios políticos internos que los analistas consideran poco favorables para la inversión. Entre ellos destaca la reforma judicial, aprobada en la última etapa del mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por Sheinbaum. A esta se suma la reforma electoral que la presidenta presentó la semana pasada, incluso sin el apoyo de sus aliados en el Congreso.

“El Gobierno, y el partido en el poder, están conscientes de que han emitido señales negativas para la inversión con la manera como se hizo esta reforma”, sostiene Gerardo Leyva, coordinador del Laboratorio Interdisciplinario de Estadísticas y Datos Sociales de la Universidad Iberoamericana. “En ese sentido, ahora se van a dar la oportunidad de hacer ajustes al proceso de elección, posiblemente, para buscar mecanismos que permitan que deje de ser tan detrimental para la imagen de la calidad técnica de los juzgadores”, añade el miembro del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad (Equide) de la institución.

La reforma se materializó con una primera elección de 850 cargos judiciales en junio de 2025, convirtiéndose en la primera vez que integrantes del sistema judicial fueron designados a través del voto popular. La reconfiguración de la Suprema Corte de Justicia y de cientos de juzgados en distintas instancias —penales y mercantiles— ha generado una pila de quejas desde el sector privado, además de una aparente contradicción con el discurso oficial de fortalecer la resiliencia productiva.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) ha advertido repetidamente que la reforma debilitará la independencia judicial y generar incertidumbre para los planes de inversión de sus representados. Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) ha pedido al Gobierno cautela y certeza jurídica, al advertir que cambios de este calibre pueden afectar la confianza en el país, un activo intangible pero indispensable para hacer negocios. En paralelo, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha propuesto revisar a fondo el proceso y solicitado más tiempo, recursos y reglas claras para organizar una votación de tal magnitud.

Las preocupaciones se intensifican ante el inicio de la revisión del tratado comercial norteamericano del TMEC, que ya pesa sobre la capacidad de planificación de las compañías. El banco de inversión Morgan Stanley rebajó el lunes pasado su perspectiva sobre la deuda soberana de México, al advertir riesgos de un déficit fiscal mayor al previsto y la posibilidad de que la revisión del acuerdo se complique y se prolongue más allá del 1 de julio.

Los indicadores económicos también reflejan este clima. La formación bruta de capital fijo, que mide la instalación de capacidad productiva, creció apenas 0,4% en noviembre de 2025 respecto al mes previo, para arrojar una tasa anual de –5,7%, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El Indicador Global de Opinión Empresarial de Confianza también muestra deterioro, y en marzo acumuló 12 meses por debajo del umbral de los 50 puntos, lo que refleja desconfianza sostenida.

“La incertidumbre jurídica, sobre todo la reforma judicial, está encareciendo en buena medida la inversión en nuestro país”, señala Cynthia Valeriano López, profesora de Economía del Tecnológico de Monterrey. “Podemos observar cómo las empresas están optando por otros mecanismos de resolución de conflictos. Aquellas que pueden trasladan sus disputas a tribunales internacionales y las que no, recurren a mecanismos alternativos como la mediación. Ese es un indicador del nivel de confianza”, agrega. Previo a la elección, abogados habían afirmado a EL PAÍS que sus clientes corporativos estaban revisando sus contratos y reforzando sus procesos de resolución de conflictos.

Puntos álgidos

La reforma ha sido cuestionada principalmente por dos motivos. Primero, los críticos sostienen que la elección popular de jueces podría abrir la puerta a una subordinación del Poder Judicial al Ejecutivo. Segundo, advierten que el sistema elimina incentivos meritocráticos para que los profesionales con mejores credenciales accedan a los cargos más relevantes, lo que podría deteriorar la calidad técnica de las decisiones judiciales. Esto afecta directamente a las empresas, que recurren con frecuencia a los tribunales para resolver conflictos comerciales, mercantiles o de propiedad intelectual.

En paralelo, la presidenta presentó esta semana al Congreso su propuesta de reforma electoral. La iniciativa, que no contó con el respaldo de los partidos aliados de Morena, fue en cambio bien recibida por la opinión pública, según una encuesta de Enkoll para EL PAÍS y W Radio. La mayor parte de la agenda, que plantea reducir los fondos públicos a los partidos, los escaños en el Senado y el peso de las diputaciones plurinominales, obtuvo el apoyo de cerca del 80% de los encuestados.

En el terreno económico, sin embargo, la propuesta volvió a agitar el avispero. En su más reciente reunión de consejos consultivos Banamex calculó que el Producto Interno Bruto (PIB) mexicano apenas ha acumulado un crecimiento de 0,9% en los últimos siete años, muy por debajo del potencial histórico del país.

“A los inversionistas muchas veces no les importa tanto la democracia como la claridad”, zanja Sergio Kurczyn, director de Estudios Económicos de la entidad. “No puede ser que en medio de todo estemos discutiendo una reforma electoral. Eso queda fuera del panorama muy importante que la propia presidenta ha planteado: impulsar la inversión privada. Hay cierta disonancia en el discurso”.