El Gobierno de López Obrador reconoce un desvío en Segalmex de 2.700 millones de pesos

La corrupción en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) ha sido más que una piedra en el zapato de Andrés Manuel López Obrador. Hace unas semanas el presidente reconocía que se trata de una “mancha” a su Gobierno. Este jueves, la Administración federal ha reconocido que los desvíos de recursos de la paraestatal ascienden a 2.700 millones de pesos, una cuarta parte de los 9.500 millones que el órgano auditor federal, la ASF, había detectado como posible quebranto. López Obrador ha asegurado que se trata de un caso excepcional. “Es el único caso de corrupción que lamentablemente se nos presentó en el Gobierno”, ha afirmado en su conferencia Mañanera. “Dijimos cero corrupción y cero impunidad, y no queremos dejar ningún pendiente. Nuestros adversaros están atentos a querer manchar, buscan manchar nuestro Gobierno, y tenemos que actuar de manera escrupulosa, porque no somos iguales, ya no es el tiempo de la corrupción, eso se terminó, ni corrupción ni impunidad”, ha añadido.

EL PAÍS ya había adelantado que la Administración de López Obrador tasaba en ese monto el quebranto de la empresa gubernamental y que intentaría recuperar los recursos en los tribunales. El secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo, ha explicado que los desvíos ocurrieron en 2019 y 2020, los primeros dos años de la Administración lopezobradorista. Segalmex se creó en este Gobierno como una instancia rectora de Liconsa y Diconsa, las añejas tiendas de abasto para los grupos más pobres. El funcionario ha precisado que, al auditar los ingresos y egresos de Segalmex, la ASF detectó irregularidades en un monto de 9.500 millones de pesos; de ese total, 4.700 millones fueron aclarados, es decir, los auditores hallaron documentación comprobatoria de bienes y servicios adquiridos por la paraestatal. La Auditoría está en proceso de revisión de otros 2.100 millones de pesos, ha dicho Salcedo, mientras que el resto, 2.700 millones, se considera desviado. “No hay ni habrá impunidad”, ha sostenido Salcedo.

La titular de la Procuraduría Fiscal, Grisel Galeano, ha señalado que el Gobierno ha presentado 156 denuncias ante la Fiscalía General por ese desvío. En total, 47 personas han sido denunciadas por los delitos de delincuencia organizada, blanqueo de dinero, defraudación fiscal, uso ilícito de atribuciones y facultades, peculado, enriquecimiento ilícito y captación indirecta de recursos, entre otros. La procuradora ha precisado que, del total de denunciados, 9 exfuncionarios y 17 particulares —accionistas y representantes legales de empresas fantasma— han sido vinculados a proceso por un juez, esto es, existen elementos para presumir que cometieron los delitos de que se les acusa. “En este Gobierno no se tolera la impunidad y este es un ejemplo claro”, ha asegurado Galeano.

La procuradora fiscal ha indicado que “los principales exfuncionarios involucrados están en prisión”. Se ha referido a René Gavira, exdirector de Administración y Finanzas en Segalmex; Manuel Lozano, extitular de la dirección Comercial —quien está detenido en Argentina y en proceso de extradición a México—, y José Peón Escalante, que fue director de Operaciones de Diconsa. De este último no se sabía, hasta hoy, que también había sido acusado y detenido por el desfalco. Estos tres son los más altos funcionarios señalados por el Gobierno de López Obrador. La Fiscalía dejó fuera de sus investigaciones a quien fue titular de Segalmex en los años de los desvíos, Ignacio Ovalle, un amigo del presidente.

Salcedo ha reconocido que la mala gestión de Segalmex se debió, en parte, a la improvisación con que fue creado el andamiaje administrativo del holding. “Segalmex inició sus operaciones haciendo uso de las estructuras de recursos de Liconsa y Diconsa, así como de la regulación vigente de ambas instituciones; sin embargo, la falta de definición y armonización de las competencias y atribuciones de las tres entidades y la obsolescencia de sus sistemas automáticos, entre otros factores, ocasionaron una crisis administrativa”, ha explicado. Esa es la “mancha” que deja López Obrador a su sucesora, la presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

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