Detenido René Gavira Segreste, uno de los arquitectos del multimillonario desfalco en Segalmex
El exdirector de Administración y Finanzas del organismo paraestatal enfrenta cargos por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita
![René Gavira Segreste, en una imagen de archivo.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/ZUXJG7AAQBGODLQW2MQAIRJHCM.jpg?auth=3753db7356f6019d721d002877f4821c78157ee97336e4bc9c374391c0887e45&width=414)
![Georgina Zerega](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2Fb345f9af-23a1-423a-b662-ba40fa134042.jpg?auth=ea97bdb836dea11c6613b617d3679a6e39f9753baf8ab26cef467b6ffb55df7d&width=100&height=100&smart=true)
Uno de los arquitectos del multimillonario desfalco en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), René Gavira Segreste, ha sido detenido este jueves en Estados Unidos. Su nombre aparecía este mediodía en el Registro Nacional de Detenciones, como un preso en traslado. Gavira Segreste ocupaba el cargo de director de Administración y Finanzas en el organismo creado por Andrés Manuel López Obrador para proveer de alimentos a los sectores más pobres de la sociedad mexicana. Bajo su dirección, el monto del dinero que desapareció de las arcas públicas superó los 12.900 millones de pesos, de acuerdo al recuento hecho por la Auditoría Superior de la Federación. El exfuncionario dejó su cargo en julio de 2020, acorralado por numerosas denuncias de corrupción. El detenido enfrenta cargos por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha anunciado a través de redes sociales a primera hora de la tarde de este jueves que el detenido ya se encontraba en sus instalaciones. Gavira Segreste era buscado desde marzo de este año, cuando la justica lanzó su orden de captura junto a la de 21 personas más. Las autoridades les acusaban de haber celebrado contratos ilegales y pagos ilícitos por 142 millones de pesos, para supuestamente adquirir unas 7.840 toneladas de azúcar, pero que nunca pudieron probar que se habían entregado a la empresa estatal.
El exfuncionario detenido este jueves era uno de los líderes del esquema que operó y saqueó las cuentas de Segalmex. Junto a él trabaja también Manuel Lozano Jiménez, el exdirector comercial del organismo. Ambos operaban por debajo de Ignacio Ovalle, un funcionario nombrado por Andrés Manuel López Obrador que era además una especie de padrino político del presidente. La FGR, sin embargo, nunca enfocó las investigaciones hacia Ovalle y el mandatario justificó que no había actuado de mala fe, sino que había sido engañado por un grupo de priistas con “malas mañas”.
El modus operandi que utilizaba esta red de funcionarios y empresarios que se dedicaban a asaltar las arcas públicas estaba basado en la firma de convenios millonarios por productos que nunca eran entregados. Bajo el mandato de Ovalle, Segalmex comenzó a usar un concepto denominado “recepción jurídica”, una figura poco común en la administración pública. Esto significaba que en las compras que realizaba, el organismo pagaba a los proveedores la totalidad de los contratos, pero las empresas conservaban esos productos hasta que Segalmex los solicitara. Esta práctica llevó a que los proveedores nunca terminaran de entregar el 100% de lo que se les había comprado, generando un enorme daño a la Hacienda pública.
Además del caso del azúcar, que funcionó con ese modus operandi, existen otros productos que utilizaron para defraudar a la entidad, como la carne deshebrada y los garrafones de agua. Otro de los casos que comprometen a Gavira Segreste tiene que ver con la compra ilegal de bonos bursátiles con fondos públicos. Una acción que está prohibida por la ley. Este movimiento generó la apertura de una investigación por la que ya ha sido vinculado a proceso el detenido. Le acusan del “delito de uso ilícito de atribuciones y facultades”, de acuerdo a un comunicado de la FGR. Según la Fiscalía, Gavira “presumiblemente autorizó la compra, en junio de 2020, de 100.000 títulos bursátiles con un valor total de 100 millones de pesos, utilizando para ello recursos públicos provenientes del patrimonio de Segalmex, a través de una Casa de Bolsa”. Pero la Secretaría de la Función Pública ha admitido que fueron 950 millones de pesos.
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