Los bonos basura de Segalmex: cómo un negocio de corrupción del PRI se incrustó en el Gobierno de López Obrador

La compra ilegal de bonos basura con recursos públicos es uno de los mayores fraudes hallados en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), la tienda de abasto gubernamental creada para proveer a los más pobres de productos básicos. La Fiscalía General de la República (FGR) señala que funcionarios de la compañía desviaron 950 millones de pesos para la compra de instrumentos financieros prohibidos por la ley. La FGR sostiene que el desfalco ocurrió estrictamente en la Administración de Andrés Manuel López Obrador, en la que se creó Segalmex. Pero documentos oficiales a los que ha tenido acceso EL PAÍS demuestran que el negocio de la compra de bonos de riesgo comenzó desde antes, en los últimos dos años del Gobierno del priista Enrique Peña Nieto, concluido en 2018. Y no solo eso. En algún punto entre 2017 y 2020, fueron robados más de 435 millones de pesos de otras inversiones que tenía la tienda gubernamental en bancos y casas de bolsa. Pese a que la evidencia forma parte de la propia investigación de la Fiscalía, los funcionarios del peñismo involucrados en el fraude no han sido llamados a cuentas.

Este periódico ya había documentado que el fraude de los bonos en Segalmex fue parte de una estafa Ponzi más grande, que fue replicada en otras instituciones públicas y que ha provocado una sangría sin fin a la Hacienda pública. En el centro de esa trama corrupta figuran dos empresarios, René Dávila de la Vega y Roberto Guzmán García, y sus compañías Corafi y Escorfin. En el esquema de defraudación participa una compleja red de brokers, banqueros, casas de bolsa, funcionarios públicos y decenas de empresas fachada y testaferros usados para el blanqueo del dinero desviado. Los tesoreros de instituciones gubernamentales invierten recursos públicos en bonos de deuda emitidos por una casa de bolsa, con la promesa de que se les devolverán con rendimientos anuales del 11% (amén del pago de un soborno). Los bonos están respaldados en fideicomisos vacíos, constituidos previamente por las empresas de Dávila y Guzmán y la casa de bolsa. Se trata de una estafa Ponzi porque, cuando llega el momento de pagar los compromisos, los empresarios aplican el mismo modelo, por un monto mayor, con otra institución pública.

En el caso del fraude en Segalmex, la Fiscalía ha capturado a René Gavira Segreste, el primer director de Administración y Finanzas de la paraestatal, al que acusa de mal uso de recursos públicos, por haber invertido 950 millones de pesos en la compra de los bonos —oficialmente llamados certificados bursátiles fiduciarios. Por el mismo caso, en diciembre pasado, el empresario René Dávila de la Vega y su hijo, René Dávila Díaz, accionistas de Corafi, fueron vinculados a proceso por un juez, según reportó Reforma. La FGR les acusa de la captación ilícita de capitales, pues Corafi no tiene autorización gubernamental para llevar a cabo esa actividad. El otro empresario involucrado, Roberto Guzmán, dueño de Escorfin, también fue denunciado por la Fiscalía, aunque no hay noticias de que haya sido llevado a juicio.

Fraude transexenal

Peña Nieto, el último presidente del PRI, gobernó México de 2012 a 2018. Este último año, en las elecciones del 1 de julio, López Obrador y su partido, Morena, arrasaron en las urnas y echaron al PRI del poder. Luego vino la transición, o entrega-recepción, un periodo difuso de cinco meses en que los funcionarios salientes preparan cierres administrativos y comienzan la “entrega” de las instituciones a los funcionarios entrantes, quienes las “reciben”. Peña Nieto gobernó oficialmente hasta el 30 de noviembre de 2018, y López Obrador tomó posesión como presidente constitucional el 1 de diciembre. Estas fechas son relevantes porque en esa fase de transición no solo se traspasó de un Gobierno a otro el control institucional de Segalmex. También se transfirió el fraude de los bonos.

La Fiscalía sostiene que René Gavira, segundo de a bordo de Segalmex, actuó en solitario y sin el conocimiento ni autorización de su superior, el entonces director general, Ignacio Ovalle, un funcionario formado en la era del PRI del siglo pasado (de hecho, ya había sido titular de la misma paraestatal, que antes se llamaba Conasupo, entre 1988 y 1990). La FGR ha señalado que Gavira ordenó, entre 2019 y 2020, año en que fue despedido, la compra de bonos emitidos por CI Banco. La adquisición se hizo con recursos de Segalmex y Liconsa, una filial de la compañía estatal. Ambas paraestatales firmaron un contrato de intermediación bursátil con la casa de bolsa. CI Banco, a su vez, fungía como fiduciaria de un fideicomiso de emisión suscrito previamente entre esa casa de bolsa y Corafi. El dinero captado por CI Banco por la venta de los bonos se transfería a un fideicomiso de Dávila y a otro de Guzmán.

Los fideicomisos y los contratos con casas de bolsa fueron creados en el Gobierno de Peña Nieto y ejecutados en la era de López Obrador. Los funcionarios que participaron en una y otra Administración no eran los mismos, sino que intervino un gestor que sirvió de puente para dar continuidad al negocio de los bonos basura. Ese gestor, según ha confirmado a este periódico una fuente allegada a Gavira, es Diego Valdiosera, un empresario que colaboró con Ovalle en la década de los noventa en Conasupo, la antecesora de Segalmex.

Los documentos obtenidos por este diario muestran que las inversiones en instrumentos bursátiles prohibidos fueron mayores a los 950 millones de pesos que investiga la Fiscalía. Así lo declaró el director jurídico de Segalmex, Antonio Dávila Amerena, en la denuncia que presentó ante la FGR en abril de 2021, luego de que se descubrió el fraude de Gavira. “En mayo-junio de 2019 se contaba con más de 2.700 millones de pesos procedentes de inversiones, de los que hoy no se puede precisar sus orígenes ciertos, destinos finales y soportes legales correspondientes”, lee la denuncia. “No contamos, por el momento, con los detalles específicos del total de las inversiones efectuadas durante años anteriores, en la Administración inmediata anterior u otras, que probablemente mantenía Liconsa [Segalmex] con diferentes casas de bolsa”, añade el texto.

El abogado de Segalmex señaló que no solo había más dinero invertido sino que también hubo robos de las cuentas que resguardaban esos recursos. El caso más grave sucedió en la casa de bolsa Finamex. En un escrito de enero de 2021, Amerena pidió a la firma informarle de cuántos contratos de inversión había suscrito con la paraestatal y cuánto dinero había en las cuentas. Un directivo de Finamex le respondió un mes después que había un contrato firmado en julio de 2018 y que la cuenta tenía un saldo de cero pesos. La respuesta fue alarmante, porque la inversión inicial había sido de 412 millones de pesos, según los estados de cuenta que revisó Amerena. El directivo de Finamex no explicó cómo fue que se vaciaron los recursos dos años después.

Otra pérdida ocurrió en una cuenta de inversiones en Banamex (hoy Citi). Según los reportes financieros vistos por Amerena, Liconsa-Segalmex tenían allí una inversión en acciones telefónicas de América Móvil (AMX). La cuenta reportaba en 2017 un monto inicial de 185,4 millones de pesos. A octubre de 2018, había disminuido a 162 millones. “Hubo una disminución de capital, provocando con ello un daño patrimonial de 12,7%, que equivale a la cantidad de 23,4 millones de pesos, sin [que se proporcionen] mayores datos de la mencionada pérdida”, acusó el abogado de Segalmex ante la Fiscalía.

El origen del negocio bursátil

Detrás de las inversiones adicionales, de las que hasta hoy no se tenía conocimiento público, está el antecesor de Gavira, Marco Antonio Loaiza Montaño, que fue el director de Administración de Liconsa en el último tramo del sexenio peñista (su jefe, el director general de Liconsa, era Abelardo Manzo González). El nombre y rúbrica de Loaiza Montaño están asentados en contratos de intermediación bursátil obtenidos por este periódico. Este periódico contactó por WhatsApp al exfuncionario para pedirle una entrevista sobre los hechos, pero declinó la propuesta.

Loaiza Montaño, CI Casa de Bolsa, René Dávila y Roberto Guzmán —dueños de Corafi y Escorfin— cocinaron el negocio de los bonos basura desde 2017 y lo continuaron en 2018, durante el periodo de transición entre el Gobierno de Peña Nieto y el de López Obrador. Conforme al manual del fraude, primero se crearon los fideicomisos de emisión. Fueron dos.

El 16 de mayo de 2017, se suscribió el contrato de fideicomiso 11595 entre Promotora de Sistemas de Información S.A.P.I. de C.V. (filial de Escorfin), Banorte y CI Banco. La empresa quedó como fideicomitente, el banco como fiduciario y la casa de bolsa como representante común. El 27 de julio de 2018 —casi un mes después del triunfo electoral de López Obrador—, se creó el fideicomiso de emisión CIB/3050 entre Corafi, como fideicomitente; CI Banco, como fiduciario, y Monex, como representante común.

Resueltos los fideicomisos, se concretó la intermediación con la casa de bolsa. El 20 de julio de 2018, Loaiza Montaño, en representación de Liconsa, suscribió el contrato 28344-4 con CI Banco para la emisión de bonos en representación de Corafi. El contrato de intermediación bursátil para el fideicomiso de Escorfin se firmó con Banorte. No se localizó la fecha del documento.

Todo el andamiaje estaba dispuesto para funcionar. Lo único que hacía falta era la instrucción de compra de los bonos, es decir, que el cliente, Liconsa, le pidiera explícitamente a las casas de bolsa venderle determinada cantidad de certificados. Eso no sucedió sino hasta el Gobierno de López Obrador. Loaiza Montaño dejó la paraestatal y en diciembre de 2018 tomó su lugar René Gavira. También hubo relevo en la dirección general de Liconsa-Segalmex: Manzo González entregó a Ovalle.

El 25 de febrero de 2019, apenas dos meses después del inicio del nuevo Gobierno, Gavira terminó de ejecutar lo que su antecesor dejó listo. Ese día, el nuevo director de Administración pidió a CI Banco ponerlo a él como apoderado del contrato que la casa de bolsa había suscrito en julio de 2018 con Loaiza Montaño. Ese mismo día, Gavira instruyó la primera orden de compra de bonos a Banorte, a título del fideicomiso de Escorfin creado en 2017. Luego, a lo largo de 2019 y 2020, el funcionario hizo cinco instrucciones de compra de certificados a CI Banco, a cargo del fideicomiso de Corafi. La última compra fue el 25 de julio de 2020, cinco días antes de que Gavira fuese despedido de Segalmex.

En total, el tesorero destinó 950 millones de pesos de dinero público en inversiones riesgosas. Cuando se descubrió el fraude, López Obrador ordenó que se recuperara el dinero. Entonces se emprendió una operación política, encabezada por la Secretaría de Hacienda, que consistió en obligar a los bancos involucrados a “recomprar” los bonos basura de Corafi y Escorfin. Segalmex recuperó ese dinero, y, a cambio, ninguno de los bancos ha sido denunciado por la Fiscalía.

El eslabón perdido

Gavira no conocía a Loaiza Montaño. Se vieron hasta el periodo de transición. En el acta de entrega-recepción, del 14 de diciembre de 2018, Loaiza Montaño únicamente le reportó a su sucesor las inversiones en acciones telefónicas AMX en Banamex. No hizo mención de los compromisos de intermediación bursátil que firmó con casas de bolsa en los meses pasados. No era el momento ni el conducto para hablar de la continuidad del negocio de los bonos emprendido en el peñismo, ni sería él quien lo diría.

Luego de que Ovalle invitó a Gavira a trabajar en la nueva tienda de abasto gubernamental, Segalmex, instalaron la oficina de transición en el barrio de Polanco. Los directivos entrantes se reunían todos los días. A esas oficinas llegó un día una pareja, un hombre y una mujer, viejos amigos de Gavira y Ovalle. Ella, una mujer que entonces tenía 54 años, conferencista, escritora de libros del corazón (su nombre se omite intencionalmente); él, de 66 años, un empresario llamado Diego Valdiosera.

Fue una coincidencia múltiple. Gavira conocía a la mujer de hacía dos décadas, cuando ambos participaron en un programa de superación personal, donde se volvieron muy amigos. Ella, a su vez, era comadre de Ovalle, que le apadrinó a uno de sus hijos, de un matrimonio anterior. Gavira no conocía a Valdiosera. Pero Ovalle sí, pues en la década de los noventa ambos coincidieron en Conasupo, la institución antecesora de Segalmex: Ovalle era el director general, y Valdiosera formaba parte de la Comisión Interna de Administración y Programación de la empresa filial Maíz Industrializado Conasupo (Miconsa), ya desaparecida.

De hecho, entre 1994 y 1999, Ovalle y Valdiosera, junto a un buen número de funcionarios, fueron investigados por el Congreso mexicano debido a los numerosos casos de corrupción que ya entonces habían estallado en Conasupo. Uno de los casos fue la escandalosa compra a Irlanda de miles de toneladas de leche en polvo que resultó contaminada con la radioactividad de Chernobil (una parte de esa leche llegó a los hogares de las familias mexicanas). Otro escándalo fue el presunto uso de la infraestructura de la paraestatal para traficar cocaína a EE UU y blanquear dinero. Los congresistas también indagaron sobreejercicios presupuestales y “mermas”, es decir, robo de productos. Incluso, ya desde esa década, los investigadores siguieron la pista a inversiones con dinero público en bonos y en cuentas en paraísos fiscales.

Tres décadas después, en ese movimiento pendular de la historia que hace que lo viejo parezca nuevo, Valdiosera regresó y sirvió de puente para dar continuidad al negocio de los bonos basura del peñismo. Un colaborador de Gavira que atestiguó los encuentros en la transición ha contado a este periódico, a condición de anonimato, que Valdiosera habló del esquema de inversiones, de sus beneficios y altos rendimientos, y le recomendó a Ovalle implementarlo en Segalmex. A Ovalle, según la fuente, la pareció buena idea y le pidió a Gavira que “se pusiera de acuerdo” con Valdiosera.

Y eso hizo el que sería el tesorero de la paraestatal. En varias reuniones en la oficina de Polanco, durante la transición del Gobierno, se juntó con el exfuncionario de Conasupo para entender el novedoso sistema de inversiones. Gavira terminó convencido de que el esquema no solo sería redituable para Segalmex, gracias a los extraordinarios rendimientos del 11% anuales, sino que además era perfectamente legal, según ha afirmado su colaborador. Gavira no supo entonces que se trataba de una estafa Ponzi que se replicaba en otras instituciones públicas.

Valdiosera hizo la labor de convencimiento y desapareció. Este periódico, a través de su pareja, intentó hablar con él para que respondiese a los señalamientos del colaborador de Gavira. No aceptó. Su pareja, la amiga de Gavira, se limitó a decir, en una breve llamada telefónica, que Valdiosera “no tuvo nada que ver”. Gavira no ha incluido estos pasajes en sus declaraciones ante la Fiscalía, según ha confirmado este diario.

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