El caso del desfalco de más de 15.000 millones de pesos en Segalmex se desmorona en la Fiscalía

El gran caso de corrupción por más de 15.000 millones de pesos ocurrido en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) se desmorona en las manos de la Fiscalía General. Ningún mando superior de Segalmex —un órgano de bienestar social creado en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador— ha sido llevado exitosamente ante la justicia. Para colmo, la Fiscalía decidió no acusar a quien fue titular de la institución en el tiempo en que sucedieron los desvíos de recursos públicos, Ignacio Ovalle, un antiguo amigo de López Obrador que continúa despachando en el Gobierno federal, aunque en otra dependencia. Hasta ahora, solo unos cuantos exfuncionarios de menor rango han sido denunciados y capturados. Segalmex fue la gran apuesta de López Obrador para garantizar el abasto alimentario a los mexicanos más pobres. La institución, creada en 2019, fungió como un holder de otras dos empresas paraestatales de abasto rural preexistentes, Liconsa y Diconsa.

La Auditoría Superior de la Federación ha señalado que en la institución hubo posibles desvíos de recursos por 15.151 millones de pesos entre 2019 y 2021, los primeros tres años del Gobierno de López Obrador. La Fiscalía encabezada por Alejandro Gertz Manero ha presentado ante jueces federales 38 denuncias de corrupción en Segalmex. Uno de los casos más emblemáticos fue la inversión de recursos públicos para la compra de certificados bursátiles, asunto en el que la Fiscalía denunció a quien fuera titular de la Unidad de Administración y Finanzas, René Gavira Segreste, por uso indebido de atribuciones y facultades. Otro caso está relacionado con la adquisición fraudulenta de varias toneladas de azúcar, en la que la autoridad ministerial presume la existencia de una red de delincuencia organizada integrada por exfuncionarios e integrantes de una compañía.

En ninguno de los casos ha sido señalado Ovalle, que fue titular de Segalmex desde diciembre de 2018 hasta abril de 2022, cuando fue removido por López Obrador de ese cargo y enviado a una institución de menor relevancia y mucha menor exposición mediática, el Instituto Nacional para el Federalismo (Inafed). Recientemente, el presidente manifestó nuevamente su respaldo a Ovalle, de quien dijo que es una buena persona que se dejó engañar por funcionarios “mañosos”.

Ambos asuntos se han ido desmoronando ante la justicia. La Fiscalía General había denunciado a René Gavira tras conocer que el entonces titular de la Unidad de Administración y Finanzas autorizó el uso de 950 millones de pesos de los recursos de Segalmex y Liconsa para la compra de certificados bursátiles fiduciarios privados. Los recursos fueron depositados en un fideicomiso creado en CI Casa de Bolsa para que este banco, en representación de Segalmex, comprara certificados emitidos por Financiera Corafi, S.A. de C.V. La Fiscalía acusó que las inversiones fueron ilegales, pues la institución perdió el control directo sobre los recursos públicos comprometidos, lo que violó los “Lineamientos para el manejo de las disponibilidades financieras de las entidades paraestatales”.

Gavira fue vinculado a proceso el 6 de abril de 2022, en una audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte en la que la hubo irregularidades tanto de la Fiscalía como del juez de control, según ha concluido un tribunal federal que concedió un amparo al exfuncionario. El fiscal del caso acusó en un primer momento a Gavira de haber cometido el delito de uso indebido de atribuciones y facultades en la modalidad de contratar deuda o realizar colocaciones de fondos y valores con recursos públicos, como establece el inciso E) del artículo 217 del Código Penal para la Ciudad de México. La defensa del exfuncionario rebatió la acusación con el argumento de que “colocar” no se refiere a comprar acciones, sino a poner los valores en la oferta del sistema bursátil. En efecto, Segalmex compró certificados emitidos por una financiera, no los “colocó”.

El juez de control validó el argumento de la defensa, pero, en vez de sobreseer el asunto ante el error de la Fiscalía, le corrigió la plana y reclasificó el delito. Así, determinó sí vincular a proceso a Gavira por el uso indebido de atribuciones y facultades en la modalidad de “otorgar permisos, licencias, adjudicaciones o autorizaciones de contenido económico”, conforme el inciso B) del artículo 217 del Código Penal local. “El suscribir la orden de compra de títulos bursátiles fiduciarios implica de facto una autorización de contenido económico”, razonó el juzgador.

La defensa de Gavira promovió un amparo contra la vinculación a proceso alegando que el juez excedió sus facultades al reclasificar el delito originalmente denunciado por la Fiscalía. El pasado 21 de febrero, el Octavo Tribunal Colegiado de Distrito en Materia Penal con sede en la capital concedió el recurso al exfuncionario y ordenó al juzgador desvincularlo del juicio. Los magistrados dejaron a la Fiscalía la oportunidad de continuar la investigación y, en su caso, volver a presentar una acusación contra Gavira.

El extitular de Administración y Finanzas también fue denunciado por la Fiscalía en el expediente de la compra irregular de azúcar a la empresa Servicios Integrales Carregin, S.A. de C.V. Recientemente, la autoridad ministerial obtuvo de un juez federal 22 órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y blanqueo de activos en contra de 12 exfuncionarios públicos, cuatro miembros de la compañía y seis personas que resultaron beneficiarias del desvío de recursos. Según la acusación de la Fiscalía, Segalmex fraguó en 2020 la supuesta adquisición de 7,8 toneladas de azúcar; aunque pagó el total de la compra por 142 millones de pesos, únicamente recibió 3,1 toneladas. Carregin es una empresa fachada que fue constituida en octubre de 2018 y no tuvo actividad comercial sino hasta 2020, precisamente cuando la contrató Segalmex.

Aunque la Fiscalía denunció la supuesta existencia de una red de delincuencia organizada coludida para saquear a la paraestatal, no incluyó en su acusación a Ovalle, que era el jefe de todos los demandados en el tiempo en que ocurrieron los desvíos. Los exfuncionarios de mayor rango implicados por la Fiscalía en este caso fueron Gavira, como extitular de la Unidad de Administración; Carlos Antonio Dávila Amerena, exdirector de Asuntos Jurídicos, y Manuel Lozano Jiménez, exdirector Comercial.

Gavira ha obtenido un amparo contra su posible detención por este nuevo caso. Dávila Amerena sí fue capturado y llevado ante un juez, pero este determinó en audiencia que no había elementos contra el exdirector jurídico, pues no firmó documento alguno, además de que fue él quien denunció tanto las inversiones bursátiles ilegales como la adquisición irregular de azúcar. Por su parte, Lozano Jiménez se encuentra prófugo, de acuerdo con una fuente con conocimiento del expediente. Hasta ahora solo han sido capturados y vinculados a proceso un subgerente, dos subjefes de almacén rural y una coordinadora, además de tres personas relacionadas con la empresa Carregin.

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