El fraude de la carne en Segalmex: otro desfalco millonario en el organismo de seguridad alimentaria

El organismo federal Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), creado en enero de 2019 por el presidente Andrés Manuel López Obrador para el abasto de las familias con menos recursos, firmó cinco convenios para adquirir 73,4 millones de pesos en carne deshebrada y cubicada de res, pollo y cerdo, unos 3,8 millones de dólares, pero solo recibió una parte. Un documento interno del organismo, al que ha tenido acceso EL PAÍS, analiza puntualmente lo que sucedió en esta compra y señala un desfalco de al menos 13,1 millones de pesos solo en la adquisición de este producto en 2019. El informe apunta, además, que gran parte de lo que sí se recibió nunca llegó a ser vendido por la paraestatal y terminó poniéndose en mal estado. De todo el dinero gastado en esa compra de carne se logró comercializar apenas el 11% del total.

Segalmex ha estado marcado por múltiples señalamientos de desfalco desde su creación en enero de 2019. A partir de los fraudes que han salido a la luz se ha podido descifrar el esquema de corrupción que utilizaba un grupo de funcionarios de esta dependencia —que forma parte de la Secretaría de Agricultura—, junto a un grupo de empresarios para asaltar las arcas públicas del Estado mexicano. La red operaba bajo la idea de comprar productos supuestamente para garantizar la autosuficiencia alimentaria, pero los proveedores nunca entregaban la totalidad de los artículos que Segalmex había pagado. Uno de esos casos que replica este modus operandi ha sido el de la compra de carne registrada en el documento al que ha accedido este periódico, que terminó provocando pérdidas millonarias para el erario y beneficiando a unos pocos.

Apenas unos días después de la creación de Segalmex, el presidente López Obrador anunció en enero de 2019 que las tiendas de Diconsa, el organismo encargado del abasto de alimentos, comenzarían a vender más productos dentro de la canasta básica de alimentos, entre los que incluirían carne de res, cerdo y pollo. El anuncio abrió paso a que Segalmex iniciara los procedimientos para comprar estos alimentos. El organismo firmó entonces convenios con cinco proveedores diferentes por un total de 73,4 millones de pesos. Un informe interno de Segalmex, realizado en 2022, señala que los empresarios solo entregaron 60,3 millones de pesos en productos, unos 3,19 millones de dólares, y omitieron despachar el resto. Los entonces responsables del organismo nunca reclamaron la mercancía faltante.

Bajo el mandato de Ignacio Ovalle, a quien López Obrador ha calificado como una “buena gente” que fue engañado por “puro priista de malas mañas”, Segalmex comenzó a utilizar un concepto denominado “recepción jurídica”, una figura poco común en la administración pública. Esto significaba que en las compras que realizaba el organismo se pagaba a los proveedores la totalidad de los contratos, pero las empresas conservaban esos productos hasta que Segalmex los solicitara. Esta práctica llevó a que los proveedores nunca terminaran de entregar el 100% de lo que se les había comprado, generando un daño a la Hacienda pública. La Auditoría Superior de la Federación señaló esta irregularidad en su primer control en 2019. “Segalmex realizó los pagos a los proveedores, sin contar con la entrega de los bienes en los almacenes de Diconsa, a pesar de que contractualmente se estableció que el pago se realizaría en parcialidades por cada entrega realizada”, puntualizó.

Esto fue lo que sucedió con la carne. “La Unidad de Administración y Finanzas firmó recepciones jurídicas, lo que implicó que contablemente se registraron como entregadas y que se pudiera pagar, pero físicamente se entregó en forma parcial la mercancía a los almacenes Diconsa”, señala el documento que analiza la compra de estos productos. El informe apunta directamente contra quien en ese momento estaba a cargo de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex, René Gavira, quien dejó la dependencia en junio de 2020 envuelto en acusaciones de corrupción y actualmente es buscado por la justicia por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por una compra irregular de azúcar que se hizo bajo el mismo esquema.

Al llegar a Segalmex, Gavira emitió una circular con fecha del 19 de enero de 2019, en la que ordenaba que absolutamente todas las contrataciones de Segalmex, Diconsa y Liconsa —encargada del abasto de la leche— debían pasar por él. Esta centralización de las compras, que pasaban por la oficina de Gavira, se suprimió en 2021 “debido a que las compras centralizadas no dieron los resultados esperados”, explica el informe. Este periódico solicitó la versión de Gavira sobre la compra de carne, pero hasta el momento no ha dado una respuesta. También se pidió una declaración a Segalmex y Agricultura sobre el tema y las dependencias optaron por no responder.

El documento interno apunta que los responsables de hacer las compras en Segalmex modificaron los formatos usados para hacer pedidos con el fin de quitar “la opción de devolución a proveedor y las fianzas a los proveedores”. Esto, según el mismo informe, dificultó que se llevaran a cabo devoluciones o cambios de mercancías, beneficiando a las empresas privadas y perjudicando a la administración pública. A este problema se sumó el que “los proveedores no entregaron los artículos en su totalidad” y que “se adquirieron artículos que no eran solicitados por las comunidades”.

El informe afirma que los proveedores que participaron en esta compra fueron Wurst Alimentos, quien recibió 16,2 millones y entregó carne por solo 13,8 millones; Novam Innovación en Alimentos, a quien se le pagaron 16 millones de carne y entregó solo 11,8 millones; Synexo, a quien se le compró por 13 millones y solo dio productos por 9,8 millones; Empacadora La Merced, quien recibió 12,9 millones de pesos y surtió únicamente 10,2 millones; y Carlos Ovidio Villareal González, quien le vendió a Segalmex 15,1 millones y entregó casi todo el producto, excepto por unos 1.400 pesos que quedaron pendientes de entrega.

De los 73,4 millones de pesos que compró Segalmex, solo se entregaron 60,3 millones en productos por parte de los proveedores. A su vez, de esos alimentos que se recibieron, las tiendas de Diconsa solo consiguieron vender 8,6 millones a lo largo de cuatro años, entre 2019 y 2022. “Al no ser un artículo solicitado por las comunidades, se logró vender muy poco a través de las tiendas comunitarias”, detalla. Todo lo que sobró, tampoco se pudo devolver, porque los responsables de Segalmex habían eliminado las cláusulas para poder hacerlo. El documento concluye que la destrucción de esos millones de pesos de carne fue sometida al consejo administrativo de Segalmex, cuyo presidente es el propio secretario de Agricultura, Víctor Villalobos.

Este periódico ha intentado comunicarse con los cinco proveedores, pero algunos dieron al organismo teléfonos que no están operativos. El único que ha hablado con EL PAÍS ha sido Carlos Ovidio Villareal González, quien reconoció que debe 1.400 pesos a Segalmex, y ha explicado que se debió a dos paquetes de carne que fueron entregados pero no contabilizados por la paraestatal. Villareal González asegura que intentó devolver ese dinero pero hasta ahora no le han dicho “cómo es el proceso”. El empresario, que dice tener 40 años de experiencia en el área, aclara que nunca supo si “por debajo de la mesa se había hecho alguna tropelía”, y explica que él no logró vender más nada a Segalmex desde aquel pedido. “No entiendo cómo el único proveedor de los que atendimos el programa de carne que atendió en tiempo y forma es su servidor, y es al único que no le han vuelto a dar un solo pedido”, dice.

Villareal González señala un punto importante: pese a que el resto de los proveedores no entregaron todos los productos, Segalmex continuó firmando convenios con ellos. Empacadora La Merced, por ejemplo, tuvo pedidos al menos por 113,8 millones por carne deshebrada en el año 2020, y en los cuatro años que lleva abierta la dependencia recibió contratos por al menos 14,4 millones por otros productos, según ha podido verificar este periódico en los convenios publicados por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Entre los productos que oferta Empacadora La Merced en su sitio web no se ve ninguno relacionado con la carne deshebrada.

Otro caso es el de Novam Innovación en Alimentos, una empresa constituida en 2017 y que, en la administración pública, solo está dada de alta como proveedora en Diconsa. A pesar de fallar en la entrega de 4,2 millones de pesos en carne en un primer pedido, Segalmex acordó un segundo contrato por un millón de pesos más ese mismo año, según la información de la Plataforma de Transparencia. En 2021, el organismo volvió a comprarle al menos ocho millones más de carne de res y pollo, aunque aún faltaba entregar parte del primer encargo y pese a que las ventas eran muy bajas.

En una auditoría hecha por la Secretaría de la Función Pública en marzo de 2021 se registraron precisamente las irregularidades en compras a la empresa Wurst Alimentos. El documento, publicado por el INAI, señala un “probable daño patrimonial” de unos 3 millones de pesos por la compra de bienes, sin especificar de qué se trata. En este caso, la Función Pública auditó los almacenes de Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, y halló que esos productos se habían puesto en mal estado por la imposibilidad de la tienda de devolver la mercancía al productor. “Se advierten deficiencias y omisiones al haber realizado compras consolidadas, las cuales no han permitido a las unidades operativas realizar las devoluciones”, dice el documento.

Otro informe al que ha tenido acceso este periódico muestra cómo el modus operandi de comprar a empresas que nunca entregaban los productos en su totalidad sucedió masivamente a lo largo de los primeros tres años de Segalmex. El informe, hecho por la Gerencia de Abasto Social, con fecha del 18 de febrero de 2022, pasa lista de los proveedores que no han surtido en 2019 y 2020 la mercancía que debían. Allí se puede ver una docena de empresas que deben millones de pesos por contratos de pilas, chocolates, gelatina o champú para piojos, entre otros productos. Algunos entregaron menos de la mitad o solo un tercio de lo que correspondía.

Los millonarios desfalcos de este organismo han sido tan escandalosos que han llegado a la Fiscalía General de la República (FGR), quien mantiene abiertas al menos cuatro carpetas de investigación contra la dependencia. La semana pasada, la FGR obtuvo 22 órdenes de aprehensión por la compra irregular de azúcar. Entre los detenidos o buscados por la justicia hay exfuncionarios y empresarios que participaron del fraude, además del propio Gavira. Las autoridades no han informado si investigan o no al responsable de Segalmex en aquella época, Ignacio Ovalle, quien actualmente está a cargo del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed). Tampoco se ha dicho nada sobre cuán involucrado estuvo el secretario Villalobos.

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