El fraude de los bonos basura de Segalmex: René Gavira basa su defensa en un oficio firmado por Ignacio Ovalle

René Gavira, extitular de Administración y Finanzas de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), ha repartido responsabilidades y ha señalado a Ignacio Ovalle, quien fuera director general de la institución, en uno de los casos de corrupción investigados por la Fiscalía General de la República (FGR), relacionado con la compra de bonos basura con recursos públicos. Gavira es el exfuncionario de mayor nivel acusado por la FGR del desfalco milmillonario detectado en la institución, una tienda creada en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador para vender productos básicos a los más pobres a precios bajos. Según la Fiscalía, Gavira ha sido el gran orquestador de los actos de corrupción. A su superior jerárquico, Ovalle, un amigo del presidente López Obrador, no ha querido involucrarlo. El propio mandatario ha salido a defender el honor del exdirector, en quien ve a una suerte de padrino político. No obstante, pese a las resistencias de la Fiscalía, Gavira, detenido la semana pasada, declaró este miércoles ante el juez —a través de su defensa— que actuó siguiendo una instrucción de su jefe, Ovalle, plasmada en un oficio con su firma autógrafa.

El documento aludido por los abogados de Gavira está incluido en la carpeta de investigación abierta por la FGR para indagar la compra de certificados bursátiles fiduciarios privados por 950 millones de pesos. El oficio firmado por Ovalle está relacionado con la adquisición de una parte de esas inversiones (por 100 millones de pesos). El documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, data del 6 de febrero de 2020 y refiere que la compra de los bonos era necesaria para “autogenerar a futuro recursos financieros propios”, a fin de cumplir las metas de la institución y liberar de carga fiscal al Gobierno. “Con la finalidad de robustecer el flujo de efectivo de la entidad y obtener los mejores rendimientos a mediano plazo sobre los recursos propios que afectan la operación de Segalmex, como director general del ente, se autoriza la compra de papel certificado bursátil fiduciario con cupón de seis meses a un plazo máximo de un año y un rendimiento anual del 11%; así como de las inversiones a corto y mediano plazo en las que la empresa obtenga rendimientos que favorezcan las finanzas de la misma”, lee el documento. Abajo estampan sus firmas Gavira, como solicitante, y Ovalle, autorizante.

La Fiscalía sostiene que la compra de esos bonos es ilegal, pues la ley prohíbe las inversiones con recursos públicos en instrumentos financieros de alto riesgo. Aunque muchos de los recursos comprometidos han sido recuperados, el delito persiste. El desfalco millonario a Segalmex fue parte de una estafa mayor replicada en varias instituciones públicas federales y estatales. En el fraude, que tiene todas las características de un esquema Ponzi, estuvo involucrada una red de empresas, casas de bolsa y funcionarios. Con la promesa de jugosos rendimientos, CI Banco —el intermediario— vendió a Segalmex bonos de deuda emitidos por la empresa Corafi, que no tenía recursos para respaldar las inversiones (a la hora de los vencimientos, la compañía acudía a financiarse en otras instituciones). En la audiencia de vinculación a proceso del miércoles, en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, la defensa de Gavira sostuvo que el exfuncionario actuó con apego a sus facultades, y aludió al oficio de autorización de compra suscrito por Ovalle. El juez, José Rivas, vinculó no obstante a proceso a Gavira, e hizo un alegato en contra de la corrupción en la función pública, a tono con el discurso del Gobierno de López Obrador.

En la carpeta de investigación de la Fiscalía solo hay una copia del oficio firmado por Ovalle, no el original, circunstancia que ha aprovechado el exdirector de Segalmex para deslindarse de responsabilidades. “Deseo manifestar que no recuerdo haber tenido a la vista el original de este documento en el cual aparece mi supuesta firma”, dijo en una declaración ante la Fiscalía en abril de 2022. “De la firma que aparece en el documento, y que se me atribuye, no podría reconocerla, ni mucho menos ratificarla, debido a que el documento que se me pone a la vista es una copia simple, que no se encuentra legible y no se aprecia de manera nítida la firma que se me atribuye”, refirió. Incluso, Ovalle declaró en su momento que pudo haber suscrito el oficio sin darse cuenta, entre los tantos papeles que debía firmar en el ejercicio de sus funciones.

Tras estar prófugo varios meses, Gavira se entregó voluntariamente a la Fiscalía el jueves de la semana pasada, y fue internado en el Reclusorio Norte. El exfuncionario es acusado en este juicio del delito de ejercicio indebido de atribuciones y facultades. La FGR le señala en otros asuntos por defraudación fiscal, delincuencia organizada, blanqueo de capitales y peculado. Por haber sido el funcionario que controlaba las compras y contrataciones de Segalmex, ha sido implicado en otra investigación por una adquisición fraudulenta de toneladas de azúcar, así como en una indagatoria por un desfalco en el negocio de la producción y procesamiento de leche. Además de Gavira, han sido capturados y procesados varios exfuncionarios menores, representantes de empresas y testaferros. El único que no ha sido llamado a cuentas es Ovalle, que, de hecho, sigue despachando en el Gobierno de López Obrador, solo que en otra dependencia, alejado de los reflectores, de los cuestionamientos.

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