La justicia impide a Keiko Fujimori salir de Perú durante 36 meses por el caso de corrupción en su contra

Keiko Fujimori, la heredera de Alberto Fujimori que ha estado en tres ocasiones a un paso de convertirse en la presidenta de Perú, no podrá salir del país en los próximos 36 meses. Así lo ha determinado el Poder Judicial en el marco de las investigaciones por el llamado caso Cócteles. A la líder de Fuerza Popular se la acusa de los presuntos delitos de lavado de activos y de encabezar una organización criminal.

El caso se remonta a la campaña electoral de 2016 —en la que luchó por la presidencia contra el economista Pedro Pablo Kuczynski palmo a palmo—, cuando su partido organizó seis actividades de recaudación mediante cenas lujosas a las que se podía acceder pagando entre 250 y 500 dólares por invitado. Según Fuerza Popular, recolectó más de 1.250.000 dólares. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que solo pudieron justificar el 30%, unos 390.000 dólares.

El Equipo Especial Lava Jato, que investiga la trama de corrupción en torno a la constructora brasileña Odebrecht, con ramificaciones en varios países, tiene la tesis de que los famosos cócteles habrían sido en realidad una fachada para recibir aportes irregulares de diversas empresas, entre ellas la mencionada firma de Brasil. Por este caso, Keiko Fujimori estuvo en prisión preventiva en dos periodos distintos: entre octubre de 2018 y noviembre de 2019, y entre enero y mayo de 2020. Eso no le impidió postularse a las elecciones generales de 2021 y, en principio, tampoco le restó posibilidades de ganar. Llegó hasta la segunda vuelta, donde perdió ante Pedro Castillo por una diferencia mínima.

No obstante, el caso ha seguido su curso. Este miércoles, el juez Víctor Zúñiga concluyó con las audiencias de control de acusación y decidió que amerita ir a juicio. Por eso, para garantizar la presencia de los implicados, ordenó los 36 meses de prohibición de salida de Perú para Fujimori, su expareja y padre de sus hijas, Mark Vito Villanella, así como para otros involucrados de estrecha relación con el partido Fuerza Popular.

Todos ellos deberán cumplir con varias obligaciones: no cambiar de domicilio sin previa autorización; comparecer cada 30 días en el registro de control biométrico y justificar sus actividades; presentarse ante el Ministerio Público y el Poder Judicial cuando sean requeridos; pagar una caución que varía para cada implicado y no comunicarse con coimputados, testigos o peritos del proceso. Sobre este último punto se ha hecho una excepción con Fujimori y Vito, pues aunque están separados, tienen hijas en común. La decisión del juez ha sido recurrida por la defensa de los implicados y deberá ser revisada por la Sala de Apelaciones Nacional. Tras este paso, deberá emitirse una resolución para iniciar el juicio público en los próximos días.

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