La Fiscalía de Perú pide prisión para Keiko Fujimori por el ‘caso Odebrecht’ en plena pugna por las presidenciales

En plena pugna por la presidencia de Perú y con el lento escrutinio avanzado, la Fiscalía ha pedido este jueves que se decrete la prisión preventiva de la candidata Keiko Fujimori por violar las condiciones de la libertad vigilada que le fue concedida en el procedimiento abierto contra ella por blanqueo, organización criminal y obstrucción a la justicia.

El fiscal del caso Lava Jato, José Domingo Pérez, que fue quien la acusó en marzo, ha pedido el ingreso en prisión preventiva para la líder del fujimorismo por violar una de las normas de conducta de la libertad vigilada. La candidata se comunicó con uno de los testigos del proceso, lo que tenía prohibido, al presentarlo como abogado y portavoz político del partido Fuerza Popular en una comparecencia ante la prensa este miércoles para informar sobre las peticiones de nulidad de miles de votos de su adversario en las presidenciales, el maestro rural Pedro Castillo. El candidato de izquierda le lleva una ventaja de casi 70.000 votos con el 100% de las actas procesadas y el 99,2% ya contabilizadas, pero las impugnaciones presentadas por Fujimori impiden su proclamación como ganador de los comicios.

“Se ha determinado nuevamente que la acusada Fujimori Higuchi incumple con la restricción de no comunicarse con los testigos; pues, se ha advertido como hecho público y notorio que se comunica con el testigo Miguel Torres Morales”, sostiene el texto del fiscal. Este ha pedido 30 años de prisión para Fujimori por haber recibido, presuntamente, 1,2 millones de dólares (unos 985.000 euros) de la transnacional brasileña Odebrecht a sus campañas electorales a la presidencia en 2011 y 2016. La candidata no declaró esas cantidades de dinero a la autoridad electoral y las usó evadiendo las regulaciones del sistema financiero.

En una corta conferencia de prensa, la tarde del jueves, la candidata dijo que el pedido de prisión preventiva “supera cualquier intento anterior” y lo calificó como absurdo, dado que Miguel Torres “apoya” hace meses en su campaña electoral. La abogada de Fujimori, Giulliana Loza, indicó que dado que hay familiares de la candidata entre los coacusados y testigos, pidió el año pasado a la Sala Penal Nacional que precisase con quiénes no debía comunicarse, como parte de las reglas de conducta de la libertad vigilada.

Loza dijo que la Sala Penal precisó que la restricción de comunicación debía ser solo con los coacusados que hubieran simulado haber realizado aportes de campaña, para esconder los fondos que recibió de Odebrecht. A pesar de lo que manifestó la abogada a la prensa, el documento de aclaración la Sala Penal Nacional solo autorizaba a Fujimori a mantenerse en comunicación con su esposo y abogada, que son coacusados en el expediente. Entre los testigos, precisó que podía seguir en comunicación con su madre Susana Higuchi y sus hermanos Sachi y Kenji.

Previo al juicio oral

El proceso judicial contra la candidata está actualmente en la fase previa al juicio oral, llamada control de acusación. Si Fujimori gana los comicios obtiene la inmunidad mientras esté en la presidencia, pero el proceso seguiría su curso con una treintena de coacusados, entre ellos su esposo Mark Vito Vilanella, su abogada Giuliana Loza y dos de sus ex principales asesores políticos. La hija mayor del autócrata Alberto Fujimori ya estuvo en prisión preventiva entre 2018 y 2019 ―entró y salió de la cárcel dos veces― debido a que el fiscal demostró que los hoy coacusados se ponían de acuerdo en las versiones que los testigos debían dar, o los intimidaban para evitar que declarasen la verdad y así obstaculizar las indagaciones del Ministerio Público.

Cuando empezó la pandemia, el juez de investigación preparatoria Víctor Zúñiga aceptó que Fujimori saliera de la cárcel y pasara a libertad vigilada con algunas normas, como la prohibición de comunicarse con coacusados y testigos, no cambiar de domicilio sin autorización judicial, o viajar previo permiso judicial.

En los resultados electorales, la excongresista fujimorista no solo se juega la posibilidad de congelar un proceso judicial en su contra, sino otras investigaciones fiscales y juicios contra varios de los miembros de su familia.

Una familia acorralada por la corrupción

El padre de la candidata se enfrenta a una reciente acusación fiscal por las muertes y lesiones graves de más de 1.300 víctimas de esterilización forzada durante su segundo Gobierno (1995-2000). En pocas semanas un juez decidirá si abre el juicio oral contra el exmandatario y tres exministros de salud de su Gobierno, uno de los cuales ha sido elegido congresista por Fuerza Popular.

Además, está pendiente desde 2018 el inicio del juicio oral contra el autócrata por el denominado caso Pativilca, el asesinato de seis campesinos en enero de 1992 a manos del destacamento militar Colina, creado por el Gobierno de Fujimori y que cometió asesinatos y desapariciones forzadas contra opositores y civiles durante su primer Gobierno.

El hermano menor de Keiko Fujimori, Kenji, también se enfrenta a un proceso judicial por peculado, colusión, negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo por hechos cometidos cuando fue congresista en el primer año de Gobierno de presidente Pedro Pablo Kuczynski, en 2016. El hijo predilecto del exgobernante negoció con Kuczynski el indulto de su padre, a cambio de la aprobación, por parte del Ministerio de Economía, de proyectos de infraestructura que promovían congresistas de su partido. Uno de esos congresistas filmó subrepticiamente los vídeos condicionando a los ministros para aprobar dichas obras.

Kenji, junto con sus hermanos Hiro y Sachi, también están bajo indagación fiscal por lavado de activos debido a que en el almacén de una de sus empresas de logística la policía halló un alijo de cocaína.

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