La Fiscalía peruana denuncia a Fujimori por el escándalo de las esterilizaciones forzosas

Más de 270.000 mujeres fueron esterilizadas a la fuerza en Perú durante el segundo mandato de Alberto Fujimori (1995-2000), dentro del Programa Salud Reproductiva y Planificación Familiar, en teoría destinado a combatir la pobreza. La mayoría eran campesinas indígenas, de escasos recursos y procedentes de zonas rurales. Veinte años después, la Fiscalía peruana ha presentado una denuncia penal contra el expresidente y tres de sus ministros de Salud. Están acusados de cinco casos de lesiones con resultado de muerte y de otros 1.307 de lesiones graves.

En un hecho histórico, el fiscal Pablo Espinoza presentó los cargos el lunes pasado, en una audiencia virtual que duró cinco horas, con traducción en quechua para algunas de las víctimas que participaban desde la ciudad de Cuzco, en el sur de Perú. Aunque las afectadas se cuentan por centenares de miles, la causa está basada en los testimonios de 1.300 personas que sufrieron lesiones graves a causa de la esterilización y de cinco que acabaron muriendo por las heridas.

Además de Fujimori, que no presenció la audiencia aunque sí lo hizo su abogado, están acusados los exministros de Salud Eduardo Yong, Marino Costa y Alejandro Aguinaga, además del exdirector de Salud Ulises Aguilar. “Todos ellos jugaron con la vida y la salud reproductiva de las personas”, dijo Espinoza. Costa recurrió al Tribunal Constitucional para evitar que el Ministerio Público continuara la investigación, pero los magistrados no le dieron la razón. Aguinaga es hoy candidato al Congreso por el partido fujimorista Fuerza Popular y desde hace casi dos décadas ejerce como médico de cabecera de Fujimori, que cumple una condena de 25 años de prisión por dos matanzas y dos secuestros desde 2009 y otros ocho por corrupción.

Esta es la fase final de una investigación que ha durado casi 25 años y que se enfrentó a múltiples obstáculos. En 2014, el entonces fiscal Marco Guzmán exculpó a Fujimori y sus exministros con el argumento de que “no hubo una política de esterilizaciones forzadas y por tanto, tampoco un crimen de lesa humanidad”, recuerda la abogada María Isabel Cedano, de la ONG Demus. Aquel año, Guzmán solo presentó cargos contra el personal sanitario de menor jerarquía por la muerte de Mamérita Mestanza, de 19 años, que falleció como consecuencia de una ligadura de trompas cuyo consentimiento firmó sin saber leer ni escribir y sin hablar español.

Hombres afectados

La acusación actual se apoya en un cambio de legislación de 1996, que trasladó la responsabilidad de las esterilizaciones a los mandos intermedios y al personal sanitario que las realizaba, y exculpó a los altos cargos. Según la fiscalía, esta maniobra legislativa prueba que existió la intención de los altos cargos de eludir su responsabilidad en el futuro. Destaca además que la mayoría de las víctimas de las esterilizaciones eran mujeres, aunque también afectó a unos 24.000 hombres, que no tenían el español como lengua materna y por tanto no recibían información adecuada sobre el procedimiento.

El fiscal Espinosa dijo que el programa de salud reproductiva, el paraguas bajo el cual se realizaron las esterilizaciones, tenía previsto que los afectados pudieran acceder a un servicio de asesoría y a un período de reflexión de 72 horas para que decidieran si aceptaban ligarse las trompas o hacerse la vasectomía como parte del “consentimiento informado”. Pero aseguró que también incluía una declaración de renuncia al período de reflexión para acelerar el procedimiento.

Según un informe de 1999 del Defensor del Pueblo, el 22% de las mujeres peruanas esterilizadas eran analfabetas. El organismo recibió la primera denuncia de esterilización forzada en 1997. En 2015, el Ministerio de Justicia abrió un registro de víctimas de estas prácticas, con el fin de facilitarles orientación legal, y hasta el año pasado unas 8.000 estaban registradas.

En febrero, el Gobierno aprobó una modificación a la ley del Plan Integral de Reparaciones para las víctimas del conflicto armado (1980-2000), e incluyó a quienes sufrieron “cualquier tipo de violencia sexual”.