Las mil maniobras de Alejandro Toledo para dilatar su extradición a Perú

Alejandro Toledo tiene una cita con la justicia peruana a la que se niega asistir desde el 2017. El hombre que gobernó Perú entre el 2001 y 2006 y simbolizó una burbuja de esperanza tras una década de Fujimorismo está acusado de haber recibido una coima de 35 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht, a cambio de verse favorecida con la adjudicación de la carretera Interoceánica. Desde que el Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva en su contra y el Gobierno ofreció una recompensa de 27.000 dólares para dar con su paradero, en febrero de 2017, el tiempo ha ido corriendo para el líder del extinto partido Perú Posible.

Mientras Toledo se ha empecinado en recalcar, desde California, que él no es un fugitivo y que no ha cometido ningún delito, su socio y amigo, el empresario peruano-israelí, Josef Maiman, confirmó que el expresidente cobró los sobornos de las constructoras brasileñas a través de sus empresas. El ingeniero brasileño Jorge Barata confesó que aportó 700.000 dólares a su campaña en las elecciones generales de 2011 y que le pagó coimas millonarias. Toledo fue detenido por encontrarse en estado de ebriedad en la vía pública; en julio de 2019 fue arrestado por mandato de extradición en Estados Unidos por riesgo de fuga y fue trasladado de la cárcel de Santa Rita hacia la correccional de Maguire del condado de San Mateo. En el 2020 salió en libertad bajo fianza, alegando el peligro de contraer el coronavirus, y pasó a tener arresto domiciliario. En el 2021, la Corte del Distrito Norte de California resolvió que sí existía la suficiente evidencia para que Toledo fuera extraditado a Perú.

En el 2022 su defensa interpuso un habeas corpus para paralizar el proceso, pero quedó sin efecto. El punto cumbre sucedió el 21 de febrero de 2023, cuando el Departamento de Estado de los Estados Unidos concedió la extradición de Toledo por colusión y lavado de activos. La medida fue celebrada por la ciudadanía y diversos actores políticos. Por fin se distinguían visos de justicia. Sin embargo, estos últimos dos meses han estado plagados de maniobras suyas para eludir el brazo de la ley. Entre ellas, trasladar su caso de California a la Corte de Columbia, aduciendo falta de garantías judiciales.

Sus alegatos se han basado en la convulsionada coyuntura política, su estado de salud y la discriminación racial. Su defensa ha esgrimido que “el Perú se encuentra en un estado violento, sedicioso y peligroso impulsado por prejuicios racistas contra indígenas peruanos como el doctor Toledo”, que “es un anciano con problemas de salud cuyo riesgo aumentará dramáticamente si está bajo custodia” y, además, que “merece el mismo debido proceso que un combatiente enemigo en tiempos de guerra”. Beryl A. Howell, la jueza principal de Columbia, rechazó sus argumentos, calificándolos de “engañosos” y que “no tenían otro propósito que el de una demora injustificable”.

Entonces, el juez Thomas S. Hixson, de la Corte del Distrito Norte de California, ordenó que Alejandro Toledo se entregara a las autoridades para ser recluido e iniciar así la ejecución de su extradición. El 7 de abril estaba destinado a ser una fecha histórica: Toledo debía presentarse a las 11 de la mañana (hora peruana) en las oficinas de Hixson, en San Francisco, para ponerse a derecho. Todo indicaba que era un auténtico milagro de Semana Santa. Pero en la víspera, el magistrado tuvo que dar un paso atrás y anular su orden. El motivo: el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de la Corte de Estados Unidos le otorgó a Toledo una suspensión momentánea de dos semanas para que pueda interponer un recurso de reconsideración a su petición de suspender la extradición. Otra vez se salía con la suya.

El pasado 7 de abril, hubo en compensación una escena inédita: Toledo saliendo del despacho de Hixson, junto a su esposa, la antropóloga belga de ascendencia judía Eliane Karp, siendo escoltados por un guardaespaldas que con movimientos excéntricos intentó taparlos inútilmente ante un cámara peruano, en su larga caminata hacia el estacionamiento. A lo único que atinó Toledo fue a exigir respeto y a enseñar una bolsa con medicinas.

No es el único proceso que afronta el exmandatario. El último miércoles inició el juicio oral contra él y Eliane Karp por el presunto delito de lavado de activos agravado por el caso Ecoteva. En el 2013 se descubrió una compra de inmuebles lujosos a nombre de la suegra de Toledo, Eva Fernenbug, mediante su empresa Ecoteva consulting Group. Según las pesquisas fiscales, las coimas obtenidas de las constructoras brasileñas fueron empleadas en Ecoteva. Ambos casos están estrechamente ligados. ¿Cuál es la coartada de Toledo? Que estas propiedades fueron adquiridas gracias a una millonaria indemnización que recibió Fernenbug por haber sido una víctima del holocausto nazi. Por Ecoteva, tanto Toledo como Eliane Karp enfrentan una prisión preventiva de 18 meses mientras que por la Interoceánica la Fiscalía ha solicitado 35 años de prisión para el expresidente.

“El Gobierno de Estados Unidos ya tomó la decisión política de extraditar al señor Toledo. Él ahora ha sacado una batería legal muy costosa que en su momento tendrá que aclarar de dónde está financiando su pool de abogados”, ha dicho el ministro de Justicia, José Tello, en un intento por calmar la ansiedad de la ciudadanía. De ser extraditado, Alejandro Toledo, que cumplirá 78 años en un par de semanas, podría ocupar el penal de Barbadillo, junto a Pedro Castillo y Alberto Fujimori, el emblema de la corrupción que juró combatir y que acabó imitando. Lo cierto es que todo indica que seguirá inclaudicable en sus manotazos de ahogado: su estrategia legal ha presentado un nuevo recurso para dilatar su retorno 21 días más.

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