El Departamento de Justicia de EE UU acusa a la policía de Louisville de pisotear los derechos civiles

La policía de Louisville es racista, hace un uso excesivo de la fuerza, permite que los perros muerdan a los sospechosos después de que estos se hayan rendido, lleva a cabo registros en virtud de órdenes judiciales defectuosas, abusa del patadón en la puerta y de los golpes para vencer resistencias y, en definitiva, viola constantemente la primera y la cuarta enmiendas de la Constitución, que protegen la libertad de expresión y los derechos de los ciudadanos ante la actuación de los agentes. La lista de acusaciones es más extensa y se incluye en un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos presentado en la capital de Kentucky (628.000 habitantes en el censo de 2021) por el Fiscal General del Estado, Merrick Garland, que sentenció este miércoles ante la prensa: “Esas conductas socavan su misión y tensan la relación con la comunidad a la que deben proteger y servir. Son inaceptables. Desgarradoras”.

El informe, 90 páginas en las que sucede un ejemplo de brutalidad policial tras otro ―palizas, discriminación racista y con enfermos mentales, abuso de herramientas como el estrangulamiento para reducir a los detenidos― se encargó hace dos años, como respuesta de la muerte a manos de los agentes en marzo de 2020 de la empleada negra de hospital Breonna Taylor, durante una chapucera operación policial antidrogas que acabó en tragedia en el apartamento en el que la joven, de 26 años, vivía. Taylor se convirtió en uno de los iconos de las protestas que prendieron ese año por todo el país bajo el paraguas del movimiento Black Lives Matter, tras la muerte por asfixia en Minneapolis, dos meses después, de George Floyd, bajo el peso de la rodilla de un uniformado blanco llamado Derek Chauvin.

Para redactar el documento, que concluye que “la policía de la ciudad ha practicado un estilo agresivo que despliega de forma selectiva, especialmente contra los negros, pero también contra otros colectivos vulnerables”, el Departamento de Justicia se entrevistó con centenares de agentes y víctimas de sus tropelías, y revisó las grabaciones de las cámaras corporales que los policías deben llevar durante el desempeño de su trabajo. En esas grabaciones, dice el informe, se ve a los agentes mofarse de personas con discapacidad, arrojar desde sus coches de patrulla bebidas a los transeúntes y emplear epítetos racistas como “monos”, “animales” o “niños” para referirse a ciudadanos negros

Garland se detuvo en esos tres insultos durante su comparecencia de este miércoles y entresacó una frase de las 90 páginas, que, dijo, resume los hallazgos que estas contienen. La pronunció un agente de alto rango parapetado tras el anonimato: “Breonna Taylor fue un síntoma de problemas que hemos tenido durante años [en las fuerzas de seguridad de Louisville]”.

En el caso del asesinato de Taylor, tuvo que intervenir el Departamento de Justicia para depurar responsabilidades. Su investigación sobre lo que sucedió aquella noche ha concluido que los tres agentes que participaron en el allanamiento de la casa tomaron rápidamente “medidas para ocultar sus fechorías”; entre otras, mentir al FBI. También, que “pidieron una orden de registro del apartamento a sabiendas de que no había un motivo para la búsqueda”. Los agentes fueron imputados en agosto pasado por violar los derechos civiles de la víctima

“En la mayoría de los incidentes problemáticos que investigamos, los supervisores revisaron la conducta en cuestión pero no consideraron que los agentes hubieran cometido ninguna falta”, se puede leer en el informe, en el que se cifra en 40 millones de dólares el dinero que el departamento de policía ha pagado em los últimos seis años para enterrar las acusaciones por mala conducta.

En el caso del asesinato de Taylor, tuvo que intervenir el Departamento de Justicia para depurar responsabilidades. Su investigación sobre lo que sucedió aquella noche ha concluido que los tres agentes que participaron en el allanamiento de la casa tomaron rápidamente “medidas para ocultar sus fechorías”; entre otras, mentir al FBI. También, que “pidieron una orden de registro del apartamento a sabiendas de que no había un motivo para la búsqueda”. Los agentes, que fueron exonerados por un Gran Jurado, fueron imputados en agosto pasado por el departamento que dirige Garland por violar los derechos civiles de la víctima.

A la presentación del informe acudió el alcalde de Louisville, Craig Greenberg, que prometió “corregir los errores del pasado” y pidió que sus conclusiones “no se politizaran”. “No se trata de política ni de ningún otro sitio. Estamos hablando de Louisville (...) Haremos progresos hacia la reforma, hasta que podamos asegurarnos que nuestras fuerzas de seguridad cumplen las normas”.

Con los últimos episodios de violencia policial, como la letal paliza que cinco policías negros dieron en enero al afroamericano Tyre Nichols en Memphis, aún frescos, el propósito de enmienda de Greenberg no parece que vaya a ser el último. El Departamento de Justicia tiene abiertas otras investigaciones parecidas en lugares como Minneapolis, Oklahoma City, Mount Vernon, Nueva York, Phoenix o Worcester (Massachussets).

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